Álvarez lamenta que la Generalitat criminalice a quienes reciben la renta mínima

El secretario general de la UGT de Cataluña, Josep Maria Álvarez, ha criticado que "desde la Generalitat se criminalice a las personas que necesitan apoyo social con demagogia y tintes de racismo". "Cuando se habla de inmigrantes que reciben la Renta Mínima de Inserción (RMI) en un contexto donde también se están refiriendo al fraude, estamos ante una manera poco digna de hacer política", ha deplorado Álvarez.

El secretario general de UGT en Cataluña ha contestado así a la manera como el gobierno de la Generalitat de Cataluña ha defendido el cambio de sistema de cobro de la RMI, la última ayuda social que reciben las personas necesitadas en Cataluña para que no caigan en la exclusión social, y que ha dejado sin esta ayuda a un alto porcentaje de las 34.000 personas que la cobraban hasta ahora.

En declaraciones a Catalunya Radio, también ha acusado al Govern de "dar alas" a Plataforma per Catalunya (PxC) a la vez que ha puesto en duda la fiabilidad de los datos presentados por el conseller de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena, sobre los preceptores de esta ayuda, como que la mayoría de los 9.000 marroquíes laperciban de forma fraudulenta.

Álvarez lamenta que el nuevo marco legal que se dibuja en la Ley de Presupuestos "cambiase la universalidad de la percepción de la RMI, también conocida como PiRMI, limitándola a la partida presupuestaria, que cuando se agota, se agota". "Si la Generalitat quiere quitar a alguien la prestación por no hacer un curso o rechazar ofertas de trabajo ya podía hacerlo antes. Lo que no tiene sentido es culpabilizar a las personas que perciben esta ayuda de la mala gestión de la administración", ha sentenciado Álvarez sobre el que está siendo uno de los temas políticos más candentes de este verano en Cataluña.

Para el responsable de la UGT en Cataluña, este es un ejemplo más de que los recortes que está aplicando la Generalitat "los pagan siempre, las rentas más bajas", y en este sentido ha lamentado que se esté "en un punto en que se recortan los servicios sociales por parte de una administración que luego se permite el lujo de bajar los impuestos a las familias con más recursos". Esta línea de actuación política va a llevar a una confrontación con la Generalitat "que será muy dura y de larga duración", ha dicho, y ha añadido a este respecto que "se equivocan si piensan que esto se va a terminar con algunas manifestaciones en la plaza de Sant Jaume".

En su opinión, "la política de recortes de la Generalitat se basa en dos ideas muy simples que no tienen por qué ser verdad: la demonización de todo lo público y que los recortes son la solución a todo". En este sentido, ha lamentado que "la Generalitat no haya impulsado ninguna idea o plan de lucha contra el fraude fiscal que en Cataluña supone entre 15.000 y 16.000 millones de euros, el 40% de la deuda de la administración catalana, y en cambio se ponga todo el esfuerzo en descubrir si hay abusos en el PiRMI". Álvarez se muestra partidario de "la racionalización en el gasto, que sí que hubiera conseguido ahorros; pero no en los recortes sistemáticos que en este momento están básicamente centrados en el sector Salud, en especial en los concertados, y en reducir personal, lo que está hundiendo la calidad atención médica de manera dramática".

Incompetencia del Govern

Por otro lado, la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, ha asegurado que la gestión de los cambios en el pago de la Renta Mínima de Inserción (RMI) confirma "la especial incapacidad, falta de profesionalidad

e incompetencia" del Govern que preside Artur Mas. "Se demuestra una vez más que éste no es el gobierno de los mejores, sino el de los mediocres, que han sido incapaces de pagar a quien le corresponde perjudicando a los más necesitados", ha reafirmado en declaracones a los medios antes visitar las fiestas del barrio de Gràcia (Barcelona).

La popular ha exigido al Govern "que pague la renta mínima a los más desfavorecidos" y ha reclamado a Mas que deje de sufragar a las empresas públicas deficitarias y otros gastos que considera superfluos, y pase

a priorizar las políticas sociales y la educación.