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Los farmacéuticos de Castilla-La Mancha amenazan con cobrar a los pacientes si la Junta no soluciona su deuda

"Ninguna ley puede obligarnos a arruinarnos", afirma la presidenta del Colegio regional

El conflicto entre los farmacéuticos de Castilla-La Mancha y la Junta se enquista. Tras el éxito del cierre patronal de ayer, seguido por más del 90% de las oficinas convocadas y que no tuvieron que hacer guardia, la federación de empresarios de farmacia de la región (FEFCAM) está a la espera del próximo movimiento de la Consejería de Salud, que dirige José Ignacio Echániz. "Las asambleas siguen abiertas. Hay que ver las próximas medidas", ha dicho hoy la presidenta de la FEFCAM, Dolores Espinosa. La farmacéutica cree que la respuesta de que "no hay dinero" que dio ayer Echániz en su comparecencia ante los medios por la tarde no es de recibo, y ha apuntado nuevas medidas de presión. Estas pueden pasar por repetir el cierre (se ha barajado hacerlo semanal), por hacerlos más prolongados o, en último caso, por cobrar a los pacientes los medicamentos y que luego sean ellos los que vayan al Servicio de Salud autonómico (SESCAM) a que les reembolse el importe. "Las recetas han dejado de tener valor como medio de pago", ha manifestado Espinosa. Porque lo que va a pasar, aseguran, es que ante la falta de liquidez los proveedores no van a servir a las farmacias y va a haber desabastecimiento.

Los farmacéuticos están especialmente molestos con la amenaza de la Junta, que ayer repitió Echániz, de multarlos por el cierre. "Bastante sanción es que no nos paguen", ha dicho Espinosa. La federación estatal FEFE cuenta con la asesoría de un abogado que cree que esas medidas no se sostienen. "A lo que están obligados es a dar continuidad en el servicio, y eso se hizo con las guardias [hubo 221 oficinas abiertas por este motivo de las más de mil convocadas al cierre]", ha indicado el letrado Juan de la Cruz.

Arropada por el presidente nacional de la patronal, Fernando Redondo, y los presidentes regionales de otras comunidades con problemas para el cobro, como Murcia y Baleares, Espinosa se ha quejado en una rueda de prensa en Madrid de esa amenaza. "Ninguna ley puede obligarnos a arruinarnos". Aun así, si las sanciones llegan, aparte de recurrirlas, con ironía ha apuntado otra solución: "Que lo descuenten de lo que nos pagan". Algo difícil teniendo en cuenta que la Junta les debe más de 125 millones y la deuda va en aumento a razón de unos 50 millones por mes.

Espinosa también ha retado a Echániz a que les comunique la "solución imaginativa" que este dijo que tenía para la financiación. Esta mañana, la noticia de que la Junta había llegado a un acuerdo con una entidad financiera para hacer frente a los proveedores pareció calmar los ánimos porque parecía la solución a la crisis, pero un portavoz de la Junta desmentía después que este fuera el acuerdo del que se ha hablado estos días para la farmacia.

De la Cruz, por su parte, ha citado otra posible solución: que el Estado central avale las deudas de las autonomías "como ha hecho con el sector bancario", ya que se trata de una prestación -la del servicio nacional de salud- que afecta a todos. Además, "si una comunidad deja de ofrecer medicamentos, los ciudadanos se irán con su receta a la limítrofe".