Una menor permanece 29 días en la sala de rechazados de Barajas

Una joven nigeriana lleva 29 días en la sala para inmigrantes rechazados del aeropuerto de Barajas. Aterrizó el 1 de abril procedente de Rumanía, a donde había llegado desde Nigeria, y aún no ha salido de la terminal, según ha adelantado la Cadena Ser esta mañana. La joven saldrá libre hoy y podrá circular por España durante 30 días. En ese plazo tendrá que denunciar a la red de trata de mujeres que, según la menor, la ha obligado a venir a España y a la que debía 50.000 euros, informa F. J. Barroso.

Llegó con un pasaporte español que no era suyo y se iniciaron los trámites para expulsarla inmediatamente. El abogado de oficio consiguió evitar la expulsión, después de que un forense de guardia de la Fiscalía determinara la edad de la joven. Según la versión de la chica, nació en 1995 por lo que tendría 15 o 16 años. Se le practicaron pruebas óseas y del bello en axila y pubis para concretar si es cierto. Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) se determinó que la muchacha tenia "18 años con un error de más/menos dos años".

El día tres de abril solicitó asilo con ayuda de la CEAR. Esta agencia, ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugiado) y el Defensor del Pueblo pidieron que se le concediera protección de la joven y la Delegación de Gobierno la admitió como víctima de trata. En la decisión ha mediado también el Ministerio de Igualdad. Su caso no tiene precedentes porque nadie había permanecido tanto tiempo en la sala de asilo del aeropuerto.

Un 'periodo de reflexión'

La historia que ha conducido a la joven nigeriana a trabajar para una mafia de mujeres en España comienza con la muerte de su madre. Así lo cuenta ella en una entrevista con una experta en estas redes que ha preparado un informe basada en la conversación. Según el informe, al quedarse huérfana se va a vivir con su tía. Es expulsada de esa casa cuando se queda embarazada del hombre que convive con ellas como consecuencia de abusos sexuales. Queda en la indigencia y un hombre le ofrece ayuda. A cambio le pide que trabaje para él en España y antes de irse la someten a un ritual vudú y le informan de que ha contraído una deuda de 55.000 euros con la mafia.

Según el mismo informe el hombre la lleva al aeropuerto de Lagos y desde allí viaja con ella a Rumania donde es encerrada y violada repetidas veces por ese hombre. Después la lleva al aeropuerto y ya viaja sola hasta Madrid donde el hombre le dice que "mi gente estará esperándote en el aeropuerto". La chica reconoce en la entrevista, a la experta en trata contratada como asesora externa del Defensor del Pueblo, que en Rumania escuchó por primera vez hablar de términos como "la madame o la mami" y comenzó a sospechar que iba a ser obligada a prostituirse. En el informe de la experta se deja claro que "esa niña" no está capacitada para comprar un pasaporte español, pagar unos billetes de avión y llegar hasta Madrid por sí sola. Se concluye que hay zonas de África donde la trata es "endémica y Nigeria es el caso más clamoroso".

A la joven se le ha concedido ahora el denominado periodo de reflexión para que denuncie a la red de explotación de mujeres, ya que si no lo hace será expulsada del territorio español. Mientras tanto, la menor permanecerá en un centro de los servicios sociales. Su salida de la sala de los inmigrantes rechazados es el resultado de un periplo administrativo y judicial en el que han participado la Oficina de Atención al Refugiado, la Fiscalía General del Estado, la Audiencia Nacional, la Comisaría de General de Extranjería y Fronteras, el Defensor del Pueblo y otras instituciones y organismos que han debatido si la joven merecía la protección por ser víctima de trata y si tenía menos de 18 años.

La Comisaría aseguró a la Delegación de Gobierno que no existía "indicio alguno" de que la chica hubiese sido explotada sexualmente, pero la Subdelegación de Gobierno atiende al Defensor del Pueblo y a CEAR para que se le realice una entrevista en profundidad. La Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedad documental (UCRIF) se encarga de hacerlo y elabora un informe dando la razón a las organizaciones sociales y confirma los indicios de que la menor es víctima de una red de trata.