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Aragón se suma a Andalucía y aprueba una ley de muerte digna

La norma sale adelante con el único rechazo del Partido Popular.- Reconoce el derecho del paciente terminal a rechazar un tratamiento y no regula la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios

El último pleno de la legislatura de las Cortes de Aragón sirvió ayer para aprobar la ley de muerte digna con un amplio consenso y el único rechazo del PP, que la considera una "trampa" hacia la eutanasia. Aragón es la segunda comunidad tras Andalucía que regula esta cuestión. Ambas autonomías se han adelantado al Gobierno central, que elabora un proyecto de ley sobre muerte digna cuya tramitación parlamentaria está previsto que se inicie en los próximos meses.

La norma, una iniciativa legislativa de IU, recibió el respaldo de PSOE, CHA, PAR e IU. Desarrolla el Estatuto de Autonomía, reformado en 2007, y regula el ejercicio de los derechos de la persona durante el proceso de su muerte y los deberes del personal sanitario, así como las garantías que las instituciones sanitarias estarán obligadas a proporcionar.

La ley reconoce, en el ámbito aragonés, el derecho al consentimiento informado, es decir, que cada ciudadano que afronte el proceso de su muerte en un centro sanitario, sea público o privado, tiene derecho a ser informado sobre su pronóstico, así como de los tratamientos e intervenciones que se le puedan aplicar y, en función de su voluntad, podrá autorizarlos o rechazarlos.

Los profesionales sanitarios estarán obligados a informar a los enfermos y deberán respetar su voluntad, independientemente de que, éticamente, la voluntad del paciente o de su representante (si el afectado no es dueño de sí mismo), coincida o no con la del profesional. No se regula el derecho a la objeción de conciencia.

La ley actualiza la normativa sobre el registro de últimas voluntades, de carácter autonómico y público. Lo custodia el Gobierno de Aragón y los profesionales sanitarios podrán acceder al mismo desde cualquier centro sanitario público o privado de la comunidad como herramienta para garantizar el respeto a la voluntad del paciente. La norma protege, asimismo, las últimas voluntades de los menores emancipados, que en el caso de Aragón, por mor del Derecho Civil Foral, pueden serlo a partir de los 14 años.

La nueva ley dispone la creación de comités de ética en cada uno de los ocho sectores sanitarios en que se divide Aragón. Tales comités valorarán los casos más complicados. También se crea un Comité de Bioética para analizar los casos desde un punto de vista ético y en función de los avances médicos.

Los pacientes tienen derecho a recibir tratamiento para el dolor, incluyendo la sedación paliativa y cuidados paliativos integrales, estos últimos incluso en el domicilio de su elección. Los enfermos terminales podrán utilizar habitaciones individuales. Los profesionales sanitarios evitarán la "obstinación terapéutica", también conocida como encarnizamiento terapéutico.

Una "trampa" hacia la eutanasia

El diputado Adolfo Barrena (IU), impulsor de esta iniciativa legislativa, señaló ayer que "la muerte digna forma parte de la vida digna" y, respecto a la objeción de conciencia, apuntó que está reconocida en la Constitución y que quienes quieran formar parte de los servicios públicos deberían ejercitarla antes.

Ricardo Canals (PP) manifestó que el verdadero objetivo de IU era dar "dos pasos" adelante hacia la eutanasia y que la ley es una "trampa" hacia esa práctica ilegal en España, porque hay artículos que crearán conflicto. Criticó que la norma salga adelante sin aludir a la objeción de conciencia, porque habría dado seguridad a los profesionales y, sobre todo, a los pacientes. La actuación de médicos y enfermeras queda en "tela de juicio", surgirán conflictos éticos y muchas de sus acciones acabarán en los tribunles, advirtió Canals.

Javier Alonso, del PSOE, destacó que esta ley no es nada beligerante y supone un avance en el derecho de las personas a morir con dignidad y evitar sufrimientos innecesarios, con garantías para los pacientes, las familias y los profesionales de la sanidad.

Una norma estatal

En marzo de 2010, el Parlamento andaluz aprobó la que se convirtió en la primera ley de España que ordenaba los derechos de los pacientes terminales y las obligaciones de los profesionales que les atienden, y que es similar a la aprobada ayer por Aragón. En noviembre pasado, el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba anunció que el Gobierno regulará por ley el derecho a la muerte digna de los enfermos terminales, y dijo que estaba previsto que el texto estuviera listo para marzo de 2011.

La nueva ley, que se denominará de Cuidados Paliativos y Muerte Digna, permitirá a cualquier ciudadano "tener el derecho a morir dignamente, que es tanto como decir morir sin dolor cuando la ciencia médica permite que así sea", según declaró Rubalcaba. El vicepresidente precisó que se trata de garantizar los derechos de los familiares, los enfermos y los médicos. "Cuando alguien está terminal, no tiene solución y lo que le espera por delante es un calvario; hoy la medicina tiene herramientas para que el paciente acabe su vida sin dolor y dignamente", recalcó.