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Los partidos facilitan que las centrales nucleares puedan operar más de 40 años

El PSOE rectifica su postura antinuclear.- El Congreso avala la propuesta con los votos de PSOE, PP, CiU y PNV y el rechazo de las minorías de la izquierda parlamentaria

Un acuerdo entre PSOE, PP, CiU y PNV en el Senado abrió la posibilidad a una prórroga de las centrales nucleares más allá de los 40 años, el plazo que fijó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como límite de vida de las centrales. Pero dicha posibilidad ya se ha concretado, ya que el texto remitido por el Senado ha sido ratificado esta noche por el Congreso, de forma que se elimina de la Ley de Economía Sostenible (LES) la mención a esos 40 años y supone un paso más en el lento pero firme viraje nuclear del Ejecutivo.

La enmienda ha prosperado en el Congreso, igual que ocurrió en la Cámara Alta, con los votos de PSOE, PP, CiU y PNV y el rechazo de las minorías de la izquierda parlamentaria. Su texto cambia el apartado c) del punto tercero del artículo

79 de la LES que inicialmente indicaba que el Gobierno "mantendría" el calendario de operación de las centrales "considerando el plazo de 40 años para el que fueron diseñadas".

La vida de las centrales nucleares no está fijada en ninguna norma. La prueba es que la de Garoña, en Burgos, funcionará como mínimo hasta los 42 años. Pero cuando el Gobierno decidió que cerrara en 2013, Zapatero insistió en que las centrales debían tener un límite de 40 años y que debía establecerse por ley. Por eso, la Ley de Economía Sostenible fijó mantener el "calendario de operación de las centrales del parque nuclear existente, considerando el plazo de cuarenta años para el que fueron diseñadas y teniendo en cuenta el desarrollo de nuevas tecnologías, la seguridad del suministro eléctrico, los costes de generación eléctrica y las emisiones de gases de efecto invernadero". No obstante, introdujo medidas adicionales para las prórrogas a partir de esa fecha e incluía fórmulas para "los casos de renovación extraordinaria de las concesiones por encima del plazo de 40 años, derivadas del desarrollo de nuevas tecnologías y de la necesidad de garantizar el mantenimiento del suministro". Así, el plazo de 40 años quedaba escrito aunque no suponía una barrera infranqueable.

Esta redacción, que el PSOE introdujo en el primer trámite de la ley en la Cámara Baja, desaparece en el texto final, que plantea que el Ejecutivo "determinará" el nivel de participación de la energía nuclear en el sistema así como"el calendario de operación de las centrales existentes" y "las renovaciones que, solicitadas por los titulares de las centrales, en el marco de la legislación vigente en su caso, correspondan".

El objetivo de CiU y PNV es que esta prórroga se conceda siempre y cuando el Consejo de Seguridad Nuclear dé el visto bueno y establezca los adecuados controles y requisitos técnicos en materia de seguridad y protección radiológica a cumplir por las instalaciones correspondientes.

El Ministerio de Industria siempre quiso prorrogar la vida de Garoña más allá de los 40 años, pero fue la orden de Moncloa la que le llevó a cumplir el compromiso electoral del PSOE a medias y por eso fijó su cierre en 2013, cuando la central tendrá 42 años.

En el diálogo con los sindicatos en el marco del pacto social, fuentes de Moncloa ya apuntaron que el Gobierno estaba dispuesto a revisar la decisión sobre Garoña, aunque posteriormente el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó que aquello había sido una "polémica disparatada". Finalmente, el acuerdo incluyó que en unos meses los agentes sociales y el Gobierno pactarían una cesta energética a largo plazo, lo que previsiblemente incluirá la existencia de un parque nuclear más allá de 2021, cuando las grandes centrales empiezan a cumplir 40 años. Zapatero ya anunció que el Gobierno sería flexible en el tema nuclear. Y la enmienda lo demuestra.

El PNV afirma que la enmienda no afecta a Garoña, pero CiU, el impulsor del texto, sostiene que la norma sí cambia la situación de la central burgales. El portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, se ha movido en un difícil equilibrio para justificar el cambio de postura de los socialistas: "La enmienda dice lo que dice. Ni una cosa ni la contraria".