España congela sus aportaciones al Fondo Mundial contra el Sida

España se apunta a la vía que abrió Alemania. La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, ha anunciado que va a congelar los 120 millones que todavía se debían al Fondo Mundial contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria de lo prometido para el año pasado. Según lo que registra la web del organismo, hasta 2010 se habían comprometido 764 millones de dólares (no sirve hacer el cambio a euros porque se trata de cantidades que van desde 2003), y se han entregado 652 millones. Con esta cifra, España es el octavo donante mundial al fondo, al nivel de la Fundación Bill y Melinda gates.

La causa de este recelo ante una de las ONG que más ha apoyado el Gobierno de Zapatero, que elevó la aportación española de 100 a 130 millones anuales en 2005- es el escándalo del año pasado que afectó a los fondos repartidos a cuatro países (Mauritania, Zambia, Malí y Yibuti). Rodríguez ha explicado que en Mauritania un 67 por ciento del dinero invertido por el Fondo "se ve que ha sido malgastado", que en Zambia "35 millones de dólares no se justificaron" o que en Malí "cuatro o seis millones de euros destinados a retrovirales parece ser que se han justificado con facturas falsas".

La secretaria ha garantizado que el Gobierno se mantiene en permanente contacto con los responsables del fondo con vistas a recuperar el dinero malversado. "Estamos muy preocupados y muy implicados no sólo en la financiación de este fondo sino también en su funcionamiento", ha indicado.

Pero detrás de esta preocupación por el uso de los fondos, no se esconde que ahorrar viene muy bien en momentos de crisis, como se vio en el recorte anunciado en diciembre de las aportaciones en casi el 50%, o que, al contrario que la mayoría de los países, España no anunciara nuevas aportaciones en la última reunión de donantes del fondo, que se celebró en septiembre.

Precisamente, el 4 de febrero el Fondo anunció nuevas medidas de control. Además, sus representantes recalcan que fueron ellos quienes detectaron los fraudes y quienes suspendieron inmediatamente la ayuda con los países implicados y exigieron la devolución del dinero. Esto, además, es una práctica habitual del organismo (por ejemplo, suspendió la ayuda con Filipinas en 2008 por sospechas en este sentido y la reanudó en 2009).