La Comunidad de Madrid asume la tutela de la menor forzada a prostituirse en Badajoz

La Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ha asumido con carácter de urgencia la tutela de la menor madrileña que fue obligada a prostituirse durante dos meses en Arroyo de San Serván (Badajoz) por el que, al parecer, era su novio, un joven rumano de 22 años con antecedentes delictivos. El Gobierno regional está prestando a la chica, que hace unos días cumplió 15 años, atención social y sanitaria en un hospital público madrileño, donde se encuentra en observación hasta que médicos y psicólogos evalúen su situación, según una portavoz de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Después, será trasladada a una residencia infantil.

La policía buscaba a la adolescente para que la Comunidad de Madrid pudiera hacerse cargo de ella ante su "grave situación" familiar. La medida de la tutela urgente fue adoptada el pasado 10 de diciembre y notificada ayer a los padres de la chica. Esta mañana, la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Elena Hidalgo, contaba que el padre de la joven acudió ayer al Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) para indicar que su hija se encontraba con él, su madre y una hermana, y que se negaba a que la Administración autonómica se hiciera cargo de ella. Según la citada portavoz, una vez localizada la menor, aunque el padre se sigue oponiendo a la tutela de la Comunidad, está "colaborando" con los representantes autonómicos, "porque está viendo que lo que le están ofreciendo es positivo para la niña".

La Comunidad de Madrid ha puesto estos hechos en conocimiento de la Fiscalía. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha precisado que "será el fiscal de menores o el juez de menores y el grupo de policía dedicado a los menores quienes tendrán al final que decidir quién tiene la tutela".

Ayer, Aguirre manifestó que los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid se dirigieron el pasado 7 de diciembre a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales para solicitar la tutela de la menor. El 10 de diciembre, la Comisión de Tutela decidió que "era recomendable asumir cuanto antes" la responsabilidad legal sobre la chica, según Aguirre, que informó de que personal de la Consejería había acudido en tres ocasiones al domicilio de la joven sin que hubiesen podido localizarla ni dar con su paradero ni con el de sus padres (ambos funcionarios del Estado y divorciados hace unos meses).

Fuentes del Gobierno regional han señalado que la decisión de hacerse cargo de la tutela fue adoptada a la vista de un "informe muy duro" de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, que desde abril de 2009 estaban siguiendo el caso. Detectaron "comportamientos anómalos por parte de la niña y problemas con los padres", de lo que se derivaba una convivencia imposible.

La desaparición de la joven de su casa del barrio de Prosperidad, en el noroeste de la capital, fue denunciada por su madre el pasado 3 de octubre. Era la 14ª denuncia que la madre de la adolescente cursaba por idéntico motivo en el último año. Finalmente, se encontraba retenida en el número 71 de la calle de la Sierra de Arroyo de San Serván.

El 4 de diciembre, un policía local liberó a la menor y requirió ayuda al cuartel de la Guardia Civil. Especialistas de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Badajoz se hicieron cargo de las pesquisas y procedieron a la detención de 12 personas, siete de ellas de nacionalidad rumana por la retención ilícita de la chica y cinco vecinos del municipio pacense -con edades comprendidas entre los 40 y los 70 años- por mantener relaciones sexuales con ella a cambio de dinero, entre ellos un jornalero de 55 años que se suicidó el pasado 21 de diciembre tras quedar en libertad provisional. Los proxenetas cobraban entre 30 y 40 euros por cada servicio sexual, según fuentes de la Guardia Civil.

Durante los dos meses en Arroyo de San Serván, un pueblo de poco más de 4.000 vecinos próximo a Mérida, la joven vivió en la citada vivienda de la calle de la Sierra y en una chabola cercana a un vertedero. Tras su liberación, la menor fue llevada a un hospital para hacerle un examen médico. Posteriormente fue entregada a sus padres.