El PP aprueba en solitario una ley para reforzar la autoridad docente

"Falta un diagnóstico claro sobre el clima escolar en las aulas valencianas", ha denunciado la portavoz socialista de Educación en las Cortes, Ana Noguera, durante la tramitación de la segunda norma del PP en materia educativa en las dos últimas legislaturas, la Ley de Autoridad del Profesorado. Al igual que la Ley del Consejo Escolar, esta última los populares la han aprobado en solitario hoy en las Cortes valencianas. El PSPV-PSOE se ha abstenido y Esquerra Unida y Compromís han votado en contra. El consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, ha estado ausente del debate de la ley que presentaba su departamento.

Durante el debate, Noguera ha criticado la redacción del proyecto legal porque, a su juicio, "no sirve para nada". La diputada socialista ha recordado que el proyecto de ley "exime de toda responsabilidad a la Administración" en el caso de la agresión de un padre o un alumno hacia un profesor, y reduce los conflictos escolares únicamente a las "relaciones alumno y profesor". Además, no amplía la falta por agresión, ya que esto requeriría de una modificación del Código Penal en el Congreso de los Diputados, y tampoco da cobertura legal a los docentes de la privada, puesto que no tienen la consideración de funcionarios.

Noguera, que ha defendido la abstención porque su formación sí está a favor de un pacto de Estado que otorgue mayor protección social y jurídica al profesorado, ha puesto el énfasis en la "falta de un diagnóstico serio" sobre el actual clima escolar en las aulas valencianas, como paso previo a la elaboración y redacción de la ley.

Según la diputada, la Consejería de Educación ha remitido "a última hora" un informe de tres páginas firmado por la secretaria del Pleno del Observatorio para la Convivencia Escolar, Carmen Godoy, en el que se avala la ley con los mismos argumentos que figuran en el preámbulo del anteproyecto. "No aporta datos, ni ningún diagnóstico que justifiquen la tramitación de esta ley", ha señalado Noguera a este periódico. Tampoco lo firman expertos en la materia.

Noguera insiste en que, según los últimos datos del Observatorio para la Convivencia Escolar, de las 1.446 incidencias incluidas en 2009 en el Registro Central de la consejería, solo 90 han sido consideradas "graves" por envolver más de un tipo de violencia (física y psicológica) hacia un alumno. "Esto significa que solo un 0,03% de los centros escolares de la Comunidad Valenciana registran problemas de convivencia", reconoció ya el consejero Alejandro Font de Mora durante la presentación del informe.

En paralelo, a los escasos episodios de violencia entre alumnos, según cifras oficiales, la consejería atiende anualmente a un promedio de 20 profesores, que requieren de defensa jurídica por haber sido agredidos verbal o físicamente. Se trata, pues, de una frecuencia de agresiones muy escasa entre los 53.000 docentes que hay este curso.

La oposición ha considerado la norma "papel mojado", y para el diputado de Comprimís Josep Pañella es, además, "inútil" e "innecesaria". Por su parte, la portavoz de EU, Marga Sanz, ha incidido en que supone un "galimatías" que a su juicio "no aporta reconocimiento de autoridad al profesorado ni mejora la convivencia".

La diputada del PP Rosa María Barrieras, ha defendido la nueva ley y ha asegurado que responde a una "demanda social". Según datos del Defensor del Pueblo esgrimidos por Barreiras, en el 45% de institutos españoles se insulta al profesorado.