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Un juez desestima un recurso contra el traductor de inglés en Ciudadanía

Un profesor llevó al Gobierno de Camps a los tribunales por entender que violaba la libertad de cátedra

Un juzgado de lo contencioso-administro de Valencia ha desestimado el recurso interpuesto por un docente contra la orden del Gobierno valenciano de introducir un profesor traductor en el aula para impartir Educación para la Ciudadanía en inglés. El recurso se basaba en que la intervención del traductor atentaba contra la libertad de cátedra del docente titular de la asignatura. El juzgado rechaza que la traducción simultánea ideada por el Ejecutivo de Francisco Camps invada la "libertad individual" del profesor.

La sentencia, que trae fecha de 23 de junio pero ha sido dada a conocer hoy, es independiente de los recursos interpuestos ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano por sindicatos de enseñanza, que ya lograron una paralización cautelar de parte de la normativa de la Generalitat. En concreto, de la posibilidad de que los alumnos aprobaran la asignatura sin necesidad de asistir a clase y con la única obligación de elaborar un trabajo sobre uno de los apartados del temario, cuya elección la Consejería de Educación dejaba en manos de los propios chavales y de sus familias.

El profesor que interpuso el recurso rechazado está adscrito a un instituto de la comarca de La Ribera, cercana a Valencia, y consultó a los servicios jurídicos de los sindicatos CC OO y STEPV antes de entablarlo. Ambas organizaciones le manifestaron que no creían que la vía elegida (la defensa de la libertad de cátedra) fuera viable, porque la orden de la Generalitat subrayaba que el profesor titular mantenía el control sobre el contenido que debía impartirse en clase y sobre la evaluación.

Los recursos de los sindicatos de enseñanza contra la orden del consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, de dar Ciudadanía en inglés se han centrado en que tal decisión viola la autonomía organizativa del centro, y en que va en contra de normas de rango superior, especialmente, aunque no sólo, de la Ley Orgánica de Educación (LOE).

El juzgado número siete de lo contencioso-administrativo de Valencia desestima el recurso del profesor (un rechazo que también pedía el fiscal) pero deja por escrito la siguiente reflexión: "No puede sino compartirse el malestar y/o preocupación del recurrente en la práctica de esta metodología que le es impuesta, y que, como destaca el Ministerio Fiscal, puede distorsionar las posibilidades reales de aprendizaje del alumnado, generándose posibles conflictos entre ambos profesores como consecuencia de la necesidad de coordinación".