El Defensor del Pueblo acusa a Educación de "incomprensible opacidad" sobre Bolonia

El cambio del ministro responsable de las universidades realizado por Zapatero el mes pasado por la mala gestión de la información sobre la reforma universitaria de Bolonia parece estar justificado. El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, llama la atención al Ejecutivo en su informe de 2008 sobre este problema, de que ha recibido la mayoría de las quejas relacionadas con el ámbito universitario. Múgica hace una dura crítica en su informe afirmando "es lamentable que las medidas y los planes de adaptación se hayan llevado hasta el momento de una manera al menos silenciosa". Y añade que tratándose de un proyecto de transformación histórica de la universidad y de las titulaciones universitarias de nuestro país, con los efectos sociales, culturales y económicos que esto implica, "no es comprensible que las distintas administraciones educativas responsables hayan mantenido una conducta, hasta cierto punto, de opacidad, sin abrir dicho proyecto al debate general".

Múgica recrimina además al Gobierno que no haya puesto "a disposición de los actores directamente implicados y de toda la sociedad los elementos de información imprescindibles y con una antelación suficiente". La prueba de que todo esto es cierto, recuerda el Defensor es que las autoridades "han reconocido públicamente que es necesaria, ahora, una campaña de información sobre este proceso de adaptación al espacio europeo de educación superior". Ese reconocimiento sucedió hace un par de meses y después de que los rectores más afectados por las protestas hicieran un llamamiento al Ejecutivo a atender el problema suscitado. La consecuencia fue el cambio de responsable de la política universitaria, que ha vuelto a depender del Ministerio de Educación, en vez de del de Ciencia y con el ex presidente de los rectores, Ángel Gabilondo, al frente del mismo.

El Defensor reconoce que por "neutralidad política" no corresponde a su institución "pronunciarse ni interferir" en las decisiones sobre la inserción de España en el proceso de Bolonia, pero añade que, aún así, cabe decir que la evidente inquietud expresada por sectores académicos y profesionales "hace como exigible dotar al proceso de adopción de decisiones de la máxima participación y transparencia y realizar un esfuerzo informativo y explicativo adicional al de la mera publicidad de las decisiones, acuerdos y normas aprobados". Hace Múgica además un llamamiento al consenso para asegurar la estabilidad futura de estos cambios.

Muchas de las quejas presentadas al Defensor ponían de manifiesto su temor frente a la eventual pérdida, a causa de la reforma, de los efectos académicos y profesionales de algunos títulos, entre los que los reclamantes mencionaban diversas ingenierías, y en especial las actuales ingenierías informáticas. Múgica explica también en su informe que éste es el tema relacionado con las cuestiones universitarias que más quejas ha provocado: "La puesta en marcha de esta nueva ordenación de enseñanzas y títulos universitarios oficiales, así como la necesaria adecuación de las condiciones para la homologación y convalidación de éstos, y para la implantación en los sistemas de admisión de alumnos en la universidad de los nuevos criterios que el proceso de cambio requiere, constituyen algunos de los asuntos que de forma más visible han calado en los sectores estudiantiles de ámbito universitario, quedando reflejada esta circunstancia en la tipología de quejas mayoritariamente recibidas durante 2008 en materia universitaria". Y posteriormente recuerda las protestas universitarias ha provocado esta reforma en España.

"La nueva ordenación de enseñanzas implica la desaparición del actual catálogo de títulos universitarios, y confiere a cada una de las universidades españolas la potestad de proponer nuevos títulos siempre que satisfagan determinadas condiciones. Esta atribución de competencias a las universidades provocó en los últimos meses de 2008 una importante movilización de los estudiantes universitarios que se extendió incluso a los de secundaria, ante el temor de alumnos y titulados de que se produjera la desaparición de algunas titulaciones o perdieran su actual validez oficial", expone el defensor, que recuerda además la "alarma" creada por estas protestas, que llegaron a "alterar gravemente durante semanas el normal desarrollo de la actividad académica de algunas universidades españolas".