Madrid y Valencia superan el 50% de las quejas al Defensor del Pueblo sobre Dependencia

Las personas que padecen algún tipo de dependencia están viéndose en severos aprietos en las Comunidades de Madrid y de Valencia. Ellas dos acumulan más de la mitad de las quejas que ha recibido el Defensor del Pueblo en 2008. Quejas de ciudadanos a nivel individual. Reclaman que se les reconozcan los derechos establecidos en la Ley de Dependencia desde 2006 y algunos piden ayuda porque nadie en la administración regional les informa sobre cómo va la tramitación de la solicitud que presentaron hace meses.

La normativa que estas dos comunidades han desarrollado para tramitar las solicitudes de los ciudadanos alarga los trámites y deja en algunos casos a la gente en una completa indefensión. En Madrid algunos se han agrupado y han buscado la asistencia de abogados, que han denunciado esta normativa regional. El Tribunal Superior de Justicia de la comunidad ha admitido a trámite su queja. En Valencia también se han organizado los ciudadanos, que han contado con la colaboración del Colegio de Abogados, que ha destinado un turno de oficio sólo para atender y cursar las reclamaciones de los ciudadanos. Les asesoran gratuitamente y les hacen los recursos previos a la vía judicial. Así que, una ley prevista para ofrecer ayuda a los más necesitados se ha convertido en algunas comunidades en un descalabro para muchos usuarios.

En la Comunidad Valenciana se reconoce que han dejado en suspenso los trámites de algunos ciudadanos cuando percibían que su grado de dependencia era moderado o leve y por tanto, no estaban obligados a conceder la ayuda en 2008. Y se dejaba el caso apartado sin comunicar nada al ciudadano. El Defensor recuerda la "obligación" que tiene la Administración de dictar resolución expresa sobre las solicitudes que formulen las personas sin que puedan aplicar el silencio administrativo para resolver ese expediente o dejar de hacerlo. Y recuerda las posibilidades que tiene esta ley si se gestiona de forma eficaz para proporcionar toda una cantera de nuevos puestos de trabajo.

Problemas hay en todas las comunidades, aunque algunas presenten una gestión de la ley manifiestamente mejorable. El Defensor detecta las carencias que desde el inicio presentó el programa informático que puso en marcha el Gobierno, llamado por sus siglas, el SISAAD, que costó 22 millones de euros y pretende ser tan capaz como el que maneja los datos de Hacienda o el de la Seguridad Social. Pero los sistemas con los que ya operaban las comunidades eran a veces incompatibles con éste. Los problemas los recoge el Defensor, quien habla de "duplicación de tareas" y de "numerosos errores".

El Informe destaca "el significativo número de interesados que han fallecido a lo largo del proceso" de solicitud y recepción de ayudas. Por si eso fuera poco, prácticamente cada comunidad actúa de una forma distinta cuando esto ocurre: unas pagan a los herederos (siempre que se trate de una prestación económica lo que correspondía al solicitante) con efecto retroactivo, otras no, como La Rioja, donde entienden que cuando el beneficiario ha fallecido "no existe un derecho consolidado, sino una expectativa de derecho". Y entre las que pagan, no todas lo hacen desde el mismo momento: algunas reembolsan desde que se cursó la solicitud, otras desde que se prescribió la ayuda. Hay meses de diferencia entre todo eso.

El Informe recoge también dificultades cuando el solicitante se traslada de una comunidad a otra en pleno proceso de reconocimiento de su grado de dependencia. Estos casos son comunes entre los ancianos que tienen hijos viviendo en distintos sitios de España, los llamados abuelos golondrina. El Defensor recomienda que se "exporten" las prestaciones que recibe el cuidador familiar que en cada periodo atienda al dependiente.

Las comunidades también encuentran dificultades para recabar datos económicos de los posibles usuarios de la Dependencia y establecer así la aportación que ha de hacer el ciudadano al servicio que reciba (el copago). La Administración se enreda con datos que posee ella misma.

La mayoría de las comunidades lamentan, según recoge el Informe del Defensor, la escasa y poco estable financiación que recibe esta ley y que las obliga a aportar mucho más dinero del que se preveía.