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Caamaño defiende la posibilidad de decidir un aborto con 16 años

El ministro de Justicia recuerda que las jóvenes también pueden someterse libremente a una operación a corazón abierto.- Los obispos insisten en que se haga campaña contra la interrupción del embarazo aún a riesgo de soportar burlas y descalificaciones

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha salido en defensa de la nueva ley del Aborto al mantener que si una joven de 16 años "tiene derecho a casarse, tener hijos o a someterse a una operación a corazón abierto" también debería tener derecho a interrumpir un embarazo no deseado.

Caamaño ha dicho también que la modificación de la norma es "oportuna" porque se trata de dar "seguridad jurídica" a las mujeres y médicos, algo que ahora no tienen.

El ministro, a pesar de considerar "normal" el "gran debate social" creado en torno al desarrollo de esta ley, aseguró que la misma sigue el ejemplo de otros países del "entorno democrático". Y criticó que el líder del PP, Mariano Rajoy, recurra la nueva ley "sin conocer su contenido". La postura de los populares "no responde a una cuestión jurídica", ha dicho. "Rajoy ve muchas cosas inconstitucionales cuando está en la oposición y ninguna cuando está en el poder", ha añadido.

Por el contrario, la Iglesia sigue con su campaña en contra de la interrupción del embarazo, aunque lo que se plantea es una reforma de la ley actual. El cardenal Agustín García-Gasco exhorta en su carta de esta semana a defender la "vida humana naciente" a pesar de que ello "puede suponer para el cristiano descalificaciones, burlas e incomprensiones. Desde el arzobispado de Valencia, García-Gasco considera que si la democracia "no respeta los derechos fundamentales de los más débiles, se degrada hasta ser una simple tiranía de las mayoría".

La ex ministra de Asuntos Sociales y senadora Matilde Fernández ha asegurado hoy que las asociaciones provida son organizaciones "fundamentalistas" que "tienen derecho a volver a plantear el debate" sobre el aborto, aunque

"nosotras también tenemos derecho a decir que ese debate en la sociedad española se hizo hace 25 años".

En este sentido, ha recordado que "la mayoría de la sociedad, ya en 1985, estaba de acuerdo con que los sanitarios y las mujeres no fueran a prisión, ni fueran condenadas jurídicamente, por interrumpir un embarazo en unos

determinados supuestos e incluso en unos cortos plazos". Lo que ahora se pretende, con la modificación de la ley, es actualizar una norma rebasada o superada a lo largo del tiempo, que estaba empezando a presentar inseguridades jurídicas para mujeres que decidían interrumpir su embarazo y para sanitarios, algo que el legislador no deseaba en 1985 y ahora en el 2009 decide reforzar" con una ley de plazos.