Gobierno y comunidades acuerdan los principios de la asistencia a los descapacitados

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las comunidades autónomas han alcanzado esta tarde un acuerdo sobre los principios básicos que deberán regir el futuro Sistema Nacional de la Dependencia, que previsiblemente entrará en vigor el 1 de enero de 2007 para dar asistencia a 600.000 descapacitados en el plazo de dos años. Además, ambas partes han expresado su voluntad de diálogo para mejorar el anteproyecto antes de que vuelva al Consejo de Ministros.

Al término de la reunión, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, ha asegurado que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas han manifestado la voluntad de poner en marcha este sistema y coinciden en las garantías que la futura Ley deberá ofrecer a las personas que no se pueden valer por sí mismas. Asimismo, ha constado la "voluntad común" de todas las Comunidades de participar en el sistema y de cooperar financieramente y ha prometido incorporar las mejores propuestas por las autonomías "antes de presentar el proyecto de ley al Parlamento".

Donde no ha habido coincidencia plena ha sido en el capítulo de la financiación y en las competencias. El consejero vasco Javier Madrazo, por ejemplo, ha denunciado la "invasión de competencias" que, a su juicio, resulta del anteproyecto de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes.

Gasto a medias

El ministro ha explicado que los convenios entre el Gobierno y cada comunidad para sufragar el sistema, criticados por el PP, podrán ser plurianuales, y ha apuntado que no había habido ningún tipo de oposición a la cooperación financiera a partes iguales.

El consejero vasco ha sido el único que ha criticado directamente un aspecto de la ley, el relativo a los ámbitos competenciales, y ha advertido de que cualquier refuerzo a los servicios sociales será bienvenido, pero no una "invasión de competencias". En la misma línea, la consejera catalana Anna Simó, ha precisado que lo que construye la ley "no es un sistema nacional de atención a la dependencia, sino un subsistema dentro del sistema público de servicios sociales" y ha asegurado que Cataluña hará las "aportaciones jurídicas, políticas y técnicas necesarias para tener una buena ley".

Simó, quien ha calificado de avance histórico el lograr un nuevo derecho universal y subjetivo, ha considerado que los convenios plurianuales para la financiación son una "fórmula adecuada al sistema competencial existente" y ha destacado que es "la primera vez en décadas que desde el Estado se manejan unas cifras de colaboración interadministrativa" parecidas. No obstante, ha apostado por un reparto más equitativo de las cargas financieras entre el Estado y las Comunidades.

La consejera valenciana Alicia de Miguel ha coincidido con ese último punto al señalar que cerca del 72% de la financiación correrá a cargo de las comunidades y de los usuarios. Tanto ella como la consejera madrileña, Beatriz Elorriaga, han opinado que se trata de "una ley de mínimos" mejorable. Por su parte, la consejera de Trabajo y Política Social del gobierno murciano, Cristina Rubio, ha dicho que la Ley de Dependencia "no garantiza" las prestaciones básicas de las personas dependientes, por lo que ha insistido en que se "debe definir de una forma clara" cuáles son estos derechos.

Cuando la norma esté aprobada en el Parlamento, todos los españoles mayores de tres años que no puedan valerse por sí mismos (dependientes) tendrán derecho a recibir atención. Ésta será preferentemente pública, pero, de no existir, el Estado dará una prestación para acudir a la privada. Los cuidadores familiares tendrán una compensación económica por su trabajo si se dan de alta en la Seguridad Social. La familia es ahora la principal proveedora de atención. En España hay casi 1,5 millones de ciudadanos que necesitan atención para valerse en la vida cotidiana, según los cálculos del Ejecutivo. Otras fuentes dan cifras más altas.