PRISA y Godó denuncian manipulaciones sobre el proyecto de ley de televisión digital terrestre

El Grupo Godó y el Grupo PRISA, dos de los principales editores de medios de comunicación españoles, han emitido esta tarde un comunicado para "mostrar su preocupación ante las tergiversaciones puestas de manifiesto por algunas empresas españolas e italianas que operan en dicho sector en nuestro país". Éste es el comunicado íntegro:

Independientemente de las opiniones editoriales que se puedan tener sobre el contenido de la Ley de medidas urgentes para el impulso de la Televisión Digital Terrestre, es obvio que un mayor número de operadores de televisión supondrá un beneficio para los ciudadanos en general y para el sector de la comunicación en particular. Al margen de quienes sean esos nuevos operadores, se verán potenciados el pluralismo informativo y la competencia empresarial, lo mismo que los anunciantes, productores de cine y programas audiovisuales, y otros agentes de la industria.

En cuanto a las normas de dicha ley referidas a los límites, a la propiedad de frecuencias radiofónicas, el Grupo Godó y el Grupo PRISA, propietarios respectivamente de Antena 3 Radio y la Cadena Ser, quieren poner de relieve que de ninguna forma esa medida pude responder a asuntos pendientes en relación con la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de junio de 2000, que declaraba anulable el acuerdo del Gobierno sobre las modalidades de la concentración entre Antena 3 Radio y la Ser. La sentencia se ha cumplido "en sus propios términos", como exigía el Tribunal.

La modificación de la disposición adicional sexta de la LOT, que propone el Proyecto de Ley antes mencionado, responde a la demanda unánime del sector, expresada en el documento elevado a la Administración por la Asociación Española de Radiodifusión Comercial con fecha 15 de marzo de 2002, y reiterada, a propósito de la sentencia antes mencionada, siendo presidente de la AERC el actual presidente de Onda Cero. En dicha ocasión, la Asociación manifestó la urgencia de una actualización normativa acorde con la evolución del sector de la radio; urgía al Gobierno y a los distintos grupos parlamentarios a que liberaran "a las empresas radiofónicas de las trabas administrativas que dificultan su desarrollo" y reiteraba "su sentir unánime de que el pluralismo en la actividad radiofónica privada, que está suficientemente garantizado en España en su conjunto (...), quede encomendado a las normas generales de la competencia, sin otras limitaciones de carácter especial".

Los editores de La Vanguardia y EL PAÍS manifiestan su sorpresa ante las manipulaciones informativas realizadas por algunos colegas a este respecto, tendentes a confundir a la opinión pública acerca del alcance real del citado Proyecto de Ley y de sus consecuencias para la industria de la comunicación y las libertades de expresión y de información.

Lamentan también la utilización partidista de las empresas del sector por parte de algunos grupos parlamentarios y rechazan los intentos de convertir la defensa de intereses económicos particulares -por legítimos que sean- en elementos de disensión política y empresarial.