El Gobierno aprueba un decreto que regula las instalaciones susceptibles de propagar la legionela

Según la norma, los propietarios de las instalaciones serán los responsables de realizar el mantenimiento periódico que garantice su funcionamiento y el control de calidad del agua.

Las instalaciones que con más frecuencia han sido identificadas como fuentes de infección son los sistemas de distribución de agua sanitaria, caliente o fría, las torres de refrigeración, los condensadores evaporativos y las bañeras de hidromasaje.

Además, los titulares de las instalaciones deberán disponer de un registro de mantenimiento, donde deberán anotarse la fecha de las tareas de revisión, limpieza y desinfección general, protocolo utilizado, productos usados, dosis y tiempo de actuación; fecha y resultados de los diferentes análisis del agua y firma del técnico responsable de las tareas realizadas. Además, dicho registro estará siempre a disposición de las autoridades sanitarias responsables de la inspección.

Medidas preventivas

Se establecen las medidas preventivas, que estarán basadas en la aplicación de dos principios fundamentales: primero, la eliminación o reducción de zonas sucias, mediante un buen diseño y el mantenimiento de las instalaciones y, segundo, evitando las condiciones que favorecen la supervivencia y multiplicación de Legionella, mediante el control de la temperatura del agua y la desinfección continua de la misma.

Igualmente, el Decreto establece las pautas para la inspección sanitaria, así como las actuaciones a realizar ante la detección de casos de legionelosis, bien por un caso único o bien por la aparición de brotes. En este sentido, se hace especial hincapié en la vigilancia epidemiológica y la toma de muestras, tanto de los pacientes, como de las torres posiblemente implicadas, a fin de poder determinar el origen del brote.

Infracciones

Según el Real Decreto, las infracciones tendrán carácter de infracciones administrativas y se graduarán como leves (simples irregularidades), graves (no corregir las deficiencias observadas, omisión de datos o la reincidencia de infracciones leves) y muy graves (si la infracción se realiza de forma consciente y deliberada y se produce un daño grave a la salud pública).

Con esta normativa se pretende asegurar un alto nivel de protección para la población, garantizando que las instalaciones no se conviertan en focos transmisores de la enfermedad.