Caso #3: Cambridge Analytica, la gran fuga de datos

Lo que más le cuesta al vendedor es recuperar la confianza perdida. Si una empresa pequeña engaña a un cliente, se arma un pequeño revuelo. ¿Pero qué pasa cuando una megacompañía que genera alrededor de 55.800 millones de dólares anuales (48.0400 millones de euros) defrauda a 50 millones de usuarios? En Facebook, los clientes son los usuarios, el intercambio son sus datos y el producto es la plataforma, que promete cuidar esos datos y no compartirlos con nadie más. Pero, cuando los clientes de Facebook descubrieron que la compañía omitió decirles que sus datos iban a ser vendidos a otras empresas, que además se beneficiaron de ellos y los manipularon política, social y comercialmente, estalló el escándalo.

Marzo de 2018. La trama rusa comienza a esfumarse del ojo público y el presidente Vladímir Putin resulta reelegido en las presidenciales rusas. Facebook empezaba a sacudirse el escándalo cuando una empresa llamada Cambridge Analytica, pero con sede en Estados Unidos, comenzaba a acaparar los titulares. A mediados del mes, The New York Times y The Observer revelan que en 2014 la compañía se hizo con una base de datos de Facebook para supuesto uso académico pero la explotó sin permiso para elaborar estrategias electorales. Entre ellas, prestó sus servicios a la candidatura del republicano Donald Trump, que el 8 noviembre ganó la presidencia frente a la demócrata Hillary Clinton.

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¿Qué sucedió? Un psicólogo de origen ruso, Aleksandr Kogan, obtuvo permiso de Facebook para pedir datos a sus usuarios con una aplicación pensada para estudios de su disciplina. Kogan, financiado con 800.000 dólares por Cambridge Analytica, consiguió que participasen unas 270.000 personas con perfiles en la red social y recabó datos como identidades, localizaciones y gustos. A su vez, la aplicación le permitió, de manera derivada, llegar a la información de los amigos de aquellos, multiplicando hasta 50 millones de usuarios el alcance de su acopio. Kogan compartió los datos con la empresa. El resto es historia.

La investigación periodística reveló otro dato: Cambridge Analytica había sido creada en 2013 con la financiación del multimillonario estadounidense Robert Mercer, republicano y uno de los principales pulmones económicos de la campaña de Trump. Para finales del mes, las acciones de la red social se desploman casi un 7% y las autoridades de Estados Unidos y Europa, como la Comisión Federal de Comercio, estadounidense y el Parlamento Europeo, comenzaron a hacerle preguntas y a hablar de sanciones.

Para abril, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, fue citado ante el Senado en el Capitolio, en lo que sería una comparecencia de más de cinco horas y que comenzaría con la mítica frase de Zuckerberg: "Es mi error y lo siento".

Algunas de las preguntas más difíciles provinieron de la senadora Kamala Harris, ahora compañera de fórmula con Joe Biden en el ticket demócrata para las elecciones de noviembre de 2020. Zuckerberg no admitió que Facebook hubiera decidido explícitamente retener esa información de los consumidores, pero sí admitió que la compañía había cometido un error al no informar a los usuarios. Cambridge Analytica cerró sus puertas un mes después y defendió su inocencia: "A pesar de la firme confianza de Cambridge Analytica en que sus empleados han actuado de manera ética y legal —denigrada por actividades que no solo son legales, sino ampliamente aceptadas como un componente estándar de la publicidad online— el asedio de la cobertura mediática ha alejado a todos los clientes y proveedores de la compañía y como resultado, se ha determinado que ya no es viable continuar operando el negocio".

A finales de mayo, Zuckerberg llegó a la Eurocámara para pedir también perdón en un momento en que se iniciaba una relación tensa con Europa y sus agencias de protección de datos. Dos meses después Reino Unido le hacía llegar una multa de 500.000 libras (565.000 euros) por violar la ley de protección de datos del país con relación a Cambridge Analytica. Y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos le imponía otra muchísimo mayor: 5.000 millones de dólares (4.436 millones de euros).

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