¿Qué hace que un gobierno sea propenso a intervenir Internet?

Un gobierno con un bajo índice de democracia tiene más probabilidades de intervenir Internet. Un presidente con muchos años en el poder tiene más tendencia a ceder a la tentación de bloquear la red. En un país con escasa penetración de Internet es más posible que se produzcan interrupciones. Un país en periodo electoral es más proclive a los apagones digitales. Los estados con operadores de Internet y telefonía poco transparentes tiene más riesgo de sufrir interferencias en la red.

Son algunas de las tendencias de la relación entre democracia y cortes de Internet en el continente africano que ha detectado CIPESA (Collaboration on International ICT Policy in East and Southern Africa) una prestigiosa organización de defensa de los derechos digitales, una organización de defensa de los derechos digitales. Una de las conclusiones más claras del análisis es que “cuantas menos credenciales democráticas posee un gobierno, mayor es la probabilidad de que ordene interrupciones de Internet”, asegura Juliet N. Nanfuka, una de las investigadoras ugandesas. 

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Solo en las primeras semanas de este año, al menos, cinco países africanos bloquearon el acceso a Internet a sus ciudadanos. Todos ellos estaban viviendo crisis sociales. Ante una cierta ambigüedad, CIPESA quiso estudiar de una vez por todas la relación entre los cortes en la red y algunos indicadores de calidad democrática, buscando factores de riesgo y una posible predicción de apagones digitales futuros.

“En los últimos años”, advierte Nanfuka, “hemos sido testigos del aumento continuo de las interrupciones de la red en varios estados africanos. En las primeras tres semanas de 2019, se registraron interrupciones en cinco países (Chad, República Democrática del Congo, Gabón, Sudán y Zimbabu e) debido a elecciones, protestas contra las políticas del gobierno y lo que parecía un intento de golpe de estado. En 2019 y en 2020, había muchos países que tenían citas con las urnas, así que nos parecía necesario producir un informe que siguiera las tendencias que han influido en las interrupciones de la red en el pasado, incluso durante los períodos electorales, para intentar establecer cuáles son los factores de riesgo y avanzar posibles interrupciones de Internet o intromisiones en la libertad de la red en África”.

Para ello, los investigadores han manejado cinco variables: el Índice de Democracia que publica el Economist Intelligence Unit (EIU); los años que un presidente lleva en el poder; el impacto económico de un bloqueo de la red; los posibles escenarios críticos, en base a las citas electorales próximas; y la transparencia (u opacidad) de las empresas que prestan los servicios de Internet y telefonía en cada país. “Pretendíamos que la investigación proporcionase las evidencias necesarias para que los actores ya sea la sociedad civil, los medios de comunicación, los legisladores, los académicos o los usuarios de Internet, tomen decisiones informadas que consideren oportuno”. Ofrecer una plataforma para directamente afectados, así como aquellos involucrados en la defensa de los derechos digitales.

Algunos los resultados que muestra el informe son inapelables como, por ejemplo, el hecho de que de los 22 países africanos en los que se registraron interrupciones de Internet en los últimos cinco años, el 77% son autoritarios, según el Índice de Democracia de la EIU, mientras que el 23% están en la clasificación de regímenes híbridos, que significa que son países en los que se aprecian algunos elementos de democracia y fuertes dosis de autoritarismo. Sin embargo, ningún país africano de los clasificados como democracias imperfectas o como una democracia plena, ha ordenado interrupción de Internet en el mismo periodo.

Otra de las observaciones especialmente ilustrativas es la relación entre el apego por el poder y la tendencia al control de Internet. El informe establece un simbólico muro de la vergüenza con los catorce presidentes africanos que en enero de 2019 llevaban más de 13 años en el poder. Once de ellos han ordenado en los últimos años bloqueos de Internet durante procesos electorales o en momento de protestas sociales en las calles. De hecho, los seis presidentes más veteranos del continente, con mandatos que van de los 29 años del chadiano Idriss Deby, hasta los 39, del ecuatoguineano Teodoro Obiang Nguema, habían recurrido a estas medidas de restricción de la red. En este top 6, se encontraba también el presidente sudanés Omar al Bashir, que bloqueó Internet, durante las manifestaciones que acabaron costándole el poder. Quizá ese caso ejemplifique los motivos por los que los gobernantes intentan silenciar la protesta digital.

Las interrupciones de Internet, aunque sean de corta duración, afectan a muchas facetas de las economías nacionales". 

Para Nanfuka estas dos variables suponen “un indicativo de las medidas que un estado tomaría en momentos de protesta o de elecciones y de la probabilidad de experimentar un bloqueo de Internet”. Y a pesar de ello señala una salvedad: “Hay países que están clasificados como autoritarios por el Índice de Democracia pero que nunca han ordenado un apagón. Es probable que en esos países, el estado autoritario sea tan brutal o dominante que la organización y las protestas de la sociedad civil o de la oposición, tanto en línea y como en las calles, sean imposibles. En otros países, como Yibuti, Eritrea o Ruanda, las medidas de control de Internet de alto nivel que se han puesto en marcha hacen innecesario ordenar interrupciones”.

Otros lastres

Más allá de estas variables, el informe pone de manifiesto el lastre que suponen los bloqueos de Internet para las economías de los países afectados. “Las interrupciones de Internet, aunque sean de corta duración, afectan a muchas facetas de las economías nacionales y su efecto tiende a persistir mucho más allá del período de la interrupción, porque socavan la confianza de los inversores, aumentan el riesgo reputacional y son perjudiciales para las inversiones extranjeras directas”, señala el informe. Solo a modo de estimación, el estudio considera un bloqueo de cinco días en Etiopía, Chad, la RD Congo, Camerún y Mali costaría 65,6 millones de dólares a sus economías. La mención a estos países se debe a que consideran que hay un riesgo potencial, por haber ordenado bloqueos previamente y por tener previstas citas con las urnas.

La investigación vincula, además la querencia por los apagones digitales con la tasa de penetración de Internet, en unos términos que pueden sorprender. “Los países en los que se ha bloqueado el acceso a Internet tienen algunas de las tasas más bajas de penetración de Internet y los precios de datos más altos”, apunta el estudio de CIPESA. Al menos 14 de los países en los que se han detectado interrupciones en los últimos cinco años están por debajo de la media de penetración de Internet del continente, que en el momento de la investigación se situaba en el 24,4%, es decir, poco menos de uno de cada cuatro ciudadanos africanos tenían acceso a la red.

“El sentido común podría sugerir que los países con poca penetración de Internet serían los últimos en interrumpir el acceso, porque podrían considerar que la población en línea es demasiado pequeña para amenazar el orden público, la seguridad nacional o el poder del régimen. Sin embargo, parece que los gobiernos africanos con deficiencias de democracia, reconocen y temen el poder de Internet para fortalecer la organización de los ciudadanos y empoderar a la gente común”, señala el informe de CIPESA.

En ese sentido, la investigadora ugandesa de CIPESA recuerda cómo las experiencia previas han evidenciado la diferencia entre los argumentos oficiales y la realidad. “A menudo, el Estado pone excusas vagas para justificar una interrupción de Internet, incluidas la protección de la 'seguridad nacional' y el mantenimiento del 'orden público'.

Sin embargo, a juzgar por los casos africanos registrados en los últimos años, los bloqueos de la red no han sido una respuesta necesaria ni proporcionada a las situaciones para las que han sido empleados. Lejos de fomentar la estabilidad, como los gobiernos esperan cuando ordenan apagones durante las protestas, elecciones o períodos de examen, de hecho, socavan numerosos derechos, incluido el del acceso a la información, la participación ciudadana en línea, la libertad de expresión o la actividad económica”, señala Nanfuka.

Amenaza

La investigadora, además, recuerda que la libertad en Internet está amenazada desde diferentes ámbitos. “Se extiende más allá de las interrupciones de la red”, advierte Nankufa, “que es solo una de las formas en que se obstaculizan los derechos digitales. Por ejemplo, actualmente, la región de África Oriental está experimentando un aumento en las restricciones del espacio cívico, que se han manifestado principalmente a través de la aprobación de leyes regresivas”.

De esta manera, además de los apagones digitales, algunos gobiernos se han dotado de una legislación que sustentada en la lucha contra los delitos informáticos, apuntala la censura y el control y que se complementa con medidas concretas, como las tasas al uso de Internet, o las concesiones a las operadoras de telefonía condicionadas al establecimiento de sistemas de vigilancia y a la transferencia de datos a esos mismos gobiernos.

El informe de CIPESA se enmarca en una estrategia de la sociedad civil para preservar los derechos en Internet y para luchar contra la deriva vigilancia y censura. Juliet N. Nankufa recuerda que cada acción de esta estrategia tiene su papel: “A medida que las interrupciones de la red ha evolucionado, se ha hecho más necesario documentarlas con el objetivo de recomendar el desarrollo de políticas opuestas, la recopilación de datos y la recogida de pruebas para caminos como el litigio estratégico.

La combinación de estrategias muestra los perjuicios de las interrupciones desde el punto de vista económico, de la libertad de prensa, de los derechos humanos y de los derechos digitales. Se dirigen a la comunidad internacional, a las compañías de telecomunicaciones, a los gobiernos y a otros actores involucrados. Y los datos recogidos pueden servir a los medios de comunicación, a la sociedad civil, a los académicos e, incluso, a los encargados de diseñar las políticas públicas”.