Nuevos tiempos, nuevas leyes

No es nuevo que los cambios en los modelos de producción y gestión inciden antes en la sociedad civil que en otros agentes, y que son las necesidades las que empujan primero a decisores y posteriormente a legisladores a mover ficha y adecuarse a los tiempos.

Tenemos la oportunidad de repercutir ese impacto económico en un empoderamiento social, pero debemos estar bien preparados para ello.

En el imparable proceso de la digitalización, cada vez más ámbitos y sectores de la economía se están desempeñando a través de plataformas digitales. Ya nos hemos acostumbrado a pedir un taxi online, a consumir contenidos en streaming desde cualquier lugar, a hacer la compra o a pedir un plato de nuestro restaurante favorito a través del móvil.

Grandes avances tecnológicos siempre han supuesto cambios de paradigma. Estos cambios, que afectan al statu quo, requieren de un debate sosegado pero profundo de todos los agentes implicados en dicha transformación, con el objetivo de que se generen beneficios positivos que reviertan sobre el máximo número de personas.

Las nuevas tecnologías han hecho posible el desarrollo de nuevos modelos de servicio como en este caso son las plataformas, cuyo éxito radica en que aportan valor tanto a nivel individual como a la sociedad. Ya sea gracias a la aparición de nuevos servicios, la creación de nuevos negocios y puestos de trabajo o al efecto positivo que producen sobre la competencia. El impacto positivo que generan en la sociedad es lo que hace que los hayamos abrazado tan rápido y que han llegado para quedarse. Todo ello obliga a los operadores tradicionales a actualizarse para poder seguir siendo competitivos.

Pero, con las plataformas digitales ya inmersas en nuestro día a día, y aunque nuestro sector tenga claro el camino a seguir, apostando por la innovación tecnológica para transformar la sociedad, inevitablemente va apareciendo la necesidad de hacer una reflexión acerca del modelo hacia el que nos estamos encaminando.

Hasta ahora muchas de las nuevas plataformas han surgido y han crecido en un contexto legislativo basado en una realidad anterior, no digital. La velocidad de los cambios en los últimos años ha hecho que los reguladores no hayan podido mantenerse al día desarrollando nuevas normativas o adaptando las que se estaban quedando antiguas. Prueba de ello son las dudas que han surgido alrededor del modelo de colaboración de Deliveroo con los repartidores. Llevamos mucho tiempo defendiendo la necesidad de un cambio regulatorio, de manera que proteja la flexibilidad que los repartidores desean, pero también que les brinde más protección cuando eligen prestar servicios.

Sin embargo, tratar de encajar un nuevo modelo de trabajo, más flexible y bajo demanda, y que es una realidad en la que muchos quieren trabajar, en un marco laboral anterior a la digitalización debe llevarnos a un examen exhaustivo de la regulación actual, y a abrir un debate en el que analicemos cómo adaptarla a los nuevos tiempos. Aquellos que defienden situar esta nueva forma de trabajar bajo un marco regulatorio antiguo no representan los deseos de quienes eligen trabajar de esta nueva manera.

Los repartidores son claros: quieren flexibilidad y seguridad, no tener que estar obligados a elegir entre ambas.

La reciente presentación del libro El trabajo en plataformas digitales desarrollado por las principales figuras del ámbito jurídico laboral intenta arrojar algo de luz sobre el camino que debemos tomar, con diferentes propuestas y conclusiones que pueden servir como una hoja de ruta para adaptar el marco laboral a los nuevos tiempos.

De hecho, la discusión no debe ceñirse a si la relación es laboral o no, sino que hay que reflexionar sobre la necesaria adaptación de la normativa vigente a las nuevas realidades, ya sea en el ámbito del trabajo subordinado, del trabajo autónomo o mediante la creación de nuevas figuras de trabajo acordes con la realidad de las plataformas digitales.

En otros países de nuestro entorno, como en Francia, ha habido avances desde 2008, el último, la propuesta de chartre social o carta social para regular las condiciones de la relación de repartidores con plataformas.

El vacío legislativo en gran parte de los países de la UE, España entre ellos, sobre la regulación de una categoría definida como trabajadores de plataforma, unida a la diversidad de modelos de negocio y perfiles profesionales hace que sea necesario una revisión de la regulación que procure protección social, condiciones de trabajo dignas y derechos equiparables para cualquier persona que decida prestar servicios a través de plataformas digitales, con independencia de su estatus jurídico.

En Deliveroo, los repartidores nos han manifestado que quieren compaginar las libertades que conlleva su estatus de autónomos con mayores protecciones sociales, y, como compañía, queremos lo que quieren los repartidores. Estar del lado de los trabajadores es el punto de partida correcto cuando se piensa en nuevas políticas laborales.

Diana Morato es directora general de Deliveroo España.