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Algunas de las leyes que cambiará el ‘blockchain’

El auge de esta tecnología tiene implicaciones regulatorias que llegan lentamente a círculos legislativos nacionales e internacionales

En EL PAÍS Retina, hemos hablado mucho sobre la tecnología blockchain y sobre cómo pueden cambiar conceptos actualmente tan sólidos como confianza y autoridad. Si nos atenemos al ámbito financiero, la existencia de un sistema que permite saltarse intermediarios a la hora de efectuar todo tipo de transacciones supone, hasta cierto punto, una amenaza para bancos e incluso gobiernos, que afrontan el reto de adaptarse a una sociedad cada vez más abierta y transparente.

Pero el auge de esta tecnología conlleva implicaciones regulatorias que llegan lentamente a todo tipo de círculos legislativos, tanto nacionales como internacionales. Las iniciativas más tempranas ponen de manifiesto que utilizar blockchain significa aceptar cambios que pueden marcar la diferencia en los tribunales.

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En EE UU, los organismos reguladores responsables de la prevención de delitos financieros han introducido medidas para incluir los bitcoins dentro de sus competencias. Hace dos años crearon NYDFS BitLicense, el primer marco regulador para las firmas de transacciones de divisas virtuales. Este protocolo pretende atacar el lavado de dinero aumentando las normativas de ciberseguridad para proteger las cuentas de los usuarios y defenderse ante actividades ilícitas.

Recientemente, el estado de Virginia Occidental ha actualizado sus estatutos contra el blanqueo de capitales, especificando una definición para las criptodivisas, a las que reconoce como “instrumento monetario”.

La descentralización que supone el blockchain va un paso más allá cuando la divisa se diseña exclusivamente para el medio virtual. Al fin y al cabo, un sistema distribuido establecido en capas permite a los usuarios construir por sí mismos bienes y servicios. Un modelo de estas características que simplifique algunas capas de intermediación está abierto a la inclusión de diferentes tipos de productos financieros. Es difícil pensar que un entorno con semejante potencial vaya a pasar desapercibido ante organismos reguladores de todo el mundo.

Varios países temen que esta criptodivisa afecte al valor de su moneda nacional y, por este motivo, han tomado medidas. Algunos, como Rusia, China o Suecia, han legislado para reducir su uso como medio de pago. India también ha optado por esta solución: su política bancaria no permite intercambiar bitcoins por rupias y, aunque no son ilegales, en los bancos están vetados. Otros son más radicales, como Bolivia, Islandia, Tailandia y Bangladesh. En este último, cualquier transacción con criptomonedas es considerado un delito punible.

Ecuador es un caso curioso, ya que prohibió el uso de bitcoin hace tres años para implantar su propio sistema de dinero electrónico. Obligó a los bancos a operar con la nueva divisa, habilitó su uso en el transporte público y permitió pagar impuestos con ella, pero su uso, cada vez más extendido, aún queda lejos de ser mayoritario.

En contraposición, el estado de Nevada (EE UU) ha apoyado por unanimidad una propuesta que impide a las autoridades locales incluir cualquier tipo de tasa o impuesto en las transacciones con moneda digital.

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El blockchain permite un registro con trazabilidad, es decir, podemos ver el estado de nuestra cuenta y el histórico de transacciones que hemos realizado desde que comenzamos a utilizarlo. Esto supone un problema legal: vulnera las leyes de privacidad. En 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicó una sentencia en favor de la protección de datos. Este acontecimiento, clave para el llamado derecho al olvido, favorecía que un ciudadano pudiera solicitar a Google el borrado de datos personales que indexara el buscador y la compañía tendría la obligación de hacerlo. El desafío de blockchain ante este tipo de regulaciones es importante, ya que esta tecnología no permite la eliminación de datos; solo su actualización en nuevos bloques.Para poder cumplir con este tipo de normativas, las cadenas de bloques deben tener la capacidad de bloquear los datos y así evitar que queden disponibles, al igual que Google tiene la capacidad de desindexar sus contenidos.

Como lo oyes: la cadena de bloques favorece que se pueda ejercer un mejor control sobre las armas. Asociándoles un código conectado con una dirección de blockchain, podría registrarse información sobre el número de serie, modelo, calibre, datos del fabricante y todas las manos por las que ha pasado. Si lo combinamos con internet de las cosas, obtenemos pistolas que solo pueden ser disparadas por personas autorizadas y generan un registro cada vez que se utilizan, evitan disparos accidentales y pueden ser localizadas si se pierden.

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La plataforma Blocksafe ofrece la posibilidad de implantar este sistema de armas inteligentes, un tema que la administración de Obama veía con buenos ojos. En los últimos meses, las autoridades de Arizona han desestimado un proyecto de ley que pretendía prohibir el uso de blockchain para rastrear armas de fuego, pero parece que todavía queda mucho trabajo por hacer.

Más información
‘Blockchain’, la tecnología que está cambiando las transacciones
¿Para qué sirve la cadena de bloques?

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