Multas de 4.200 euros a un restaurante y dos voluntarias por un reparto de comida solidaria en el confinamiento

A Javier Márquez, propietario de la Lusitana Tasca, un restaurante de comida luso-extremeña enclavado en el barrio valenciano de El Cabanyal, la declaración del estado de alarma le pilló con las neveras repletas de género ante las inminentes fiestas de Fallas. En un santiamén, de acuerdo con otras asociaciones vecinales y sociales, el 17 de marzo se puso a cocinar y, con la ayuda de dos voluntarias, cocinaron y repartieron ese día 84 raciones de comida entre las familias más vulnerables del distrito. Pero llegó la Policía Local de Valencia y los multó porque no cumplían con la normativa: 600 euros a cada una de las voluntarias y 3.001 euros al restaurante.

“No lo entendemos ninguno. Lo hicimos de manera no lucrativa”, explica el restaurador, que ha puesto en manos de abogados el recurso a las sanciones. En un vídeo, Márquez explica que tras la prohibición de abrir el establecimiento al público, una vez se decretó el estado de alarma por el coronavirus, decidieron cocinar para personas que lo necesitaban. “No había gente dentro del local, íbamos protegidos con EPI y las voluntarias portaban mascarillas y guantes”, recuerda este extremeño afincado en Valencia desde 2015.

Dispensaron la comida a las familias en intervalos de 10 minutos para evitar aglomeraciones, cuenta Márquez. Pero el Policía Local que se personó en el establecimiento les aseguró, de malos modos, que iba a cerrarle el establecimiento tras observar a personas en la puerta recogiendo comida. “A una voluntaria, que protestó por su actuación, le dijo incluso que dejase de hacerse la buena samaritana”, añade el cocinero.

El Ayuntamiento de Valencia los ha sancionado con una infracción grave, concretamente por hallarse en funcionamiento cuando estaba prohibido, según el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma. Los afectados se niegan a pagar esas multas, que suman 4.200 euros, porque, en su opinión, “no se tiene en cuenta el carácter solidario y no lucrativo de la actividad y porque no se relatan de forma objetiva los hechos ocurridos”.

La imposición de las multas y su cuantía han sorprendido incluso al alcalde de Valencia, Joan Ribó, quien tras conocer la historia ha asegurado que se revisarán. El alcalde ha afirmado en una red social que “no tiene ningún sentido multar a quien reparte solidaridad” y ha añadido: “Parece que la sanción se produjo en los primeros días de confinamiento, cuando las indicaciones de las autoridades sanitarias estaban definiéndose”.