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El tribunal superior andaluz exculpa a dos exconsejeros que se negaron a declarar ante el Parlamento

La Fiscalía denunció a los diputados socialistas por guardar silencio en una comisión parlamentaria

El diputado del PSOE y exconsejero Antonio Ramírez de Arellano, en el Parlamento andaluz.
El diputado del PSOE y exconsejero Antonio Ramírez de Arellano, en el Parlamento andaluz.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha archivado la denuncia de la Fiscalía contra los diputados socialistas y exconsejeros Javier Carnero y Antonio Ramírez de Arellano por no declarar ante la comisión del Parlamento autonómico que investiga las cuentas de una fundación de la Junta. La Fiscalía Superior andaluza consideró que incurrieron en un delito contra las Instituciones del Estado al comparecer pero guardar silencio el pasado 8 de noviembre ante la Cámara, pero ahora los jueces han archivado la denuncia del ministerio público. "No existe norma alguna que imponga al compareciente el deber de declarar o castigue específicamente su incumplimiento", reza el auto (resolución motivada) del TSJA. Es decir, la ley no concreta ningún delito por comparecer ante un Parlamento y no contestar las preguntas de los diputados, interpretan los jueces.

La decisión de los magistrados aboca al archivo la denuncia que la Fiscalía de Sevilla preveía interponer contra el expresidente Manuel Chaves por también guardar silencio ante la comisión, en este caso ante el Juzgado de Instrucción 12 de Sevilla y por un delito de desobediencia, al no ser Chaves aforado. La decisión del TSJA sienta un precedente jurídico clave para las comisiones de investigación —cuya existencia futura pone en jaque— en todo el país y especialmente en Andalucía, donde los próximos comparecientes tienen un argumento decisivo para guardar silencio a partir de ahora cuando sean llamados a declarar, subrayan fuentes jurídicas.

El alto tribunal andaluz argumenta que ambos diputados denunciados "comparecieron al llamamiento que se les hizo por la comisión de investigación, esto es, no dejaron de comparecer como exige el tipo penal". Es decir, los jueces consideran que los parlamentarios comparecieron y no incumplieron la ley al guardar silencio, y solo "se acogieron a su derecho a no seguir declarando", reza el auto de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, cuyo ponente ha sido el magistrado Juan Ruiz-Rico.

“A diferencia de lo que ocurre con el deber de comparecer (artículo 502.1 del Código Penal) o con el deber de veracidad (artículo 502.3 del Código Penal), no existe norma alguna que imponga al compareciente el deber de declarar o castigue específicamente su incumplimiento”, puntualizan los magistrados. Y remachan: “No puede entenderse que la no comparecencia pueda equipararse, a efectos de tipificación penal o interpretación del artículo 502.1 del Código Penal, a la negativa a declarar”. El auto admite recurso ante el propio TSJA, pero una portavoz de la Fiscalía Superior no ha aclarado si lo presentará.

El precedente más claro, aunque sin pronunciamiento de los tribunales, ocurrió hace un año cuando la Fiscalía Superior de Madrid respaldó el derecho a no declarar de una compareciente ante la comisión del Senado por supuesta financiación ilegal del partido socialista valenciano PSPV. El ministerio público aclaró que debe primar el derecho constitucional a guardar silencio ante el posible delito de desobediencia al no contestar a las preguntas de los diputados de una Cámara.

Cuando los dos diputados denunciados como Chaves y otros tres exconsejeros se negaron a declarar, el expresidente andaluz justificó su silencio por el hecho de que sus derechos se habían “violentado”, al ser citado a 72 horas de las últimas elecciones generales. Chaves acusó a la comisión de “romper la neutralidad política” en plena campaña. Tras el silencio generalizado, la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet (Ciudadanos), denunció a los cuatro excargos y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que tampoco acudió a la Cámara pero cuya ausencia no entendió delictiva la Fiscalía.

La comisión parlamentaria investiga las cuentas de la Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo (Faffe), creada en 2003, bajo el mandato de Chaves, y disuelta en 2011, que acumula gastos por 55,6 millones sin justificar, según la Cámara de Cuentas andaluza. En paralelo, un juzgado investiga los gastos del exdirector en 12 fiestas en clubes de alterne, 31.969 euros que devolvió días después de su bolsillo, según su testimonio ante el juez.

La comisión parlamentaria continúa sus trabajos y están pendientes de comparecer los expresidentes Susana Díaz y José Antonio Griñán, que eludieron acudir el pasado noviembre por no haber recibido la citación en su domicilio actual, según alegaron.

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