La Fiscalía andaluza denuncia a dos diputados del PSOE por negarse a declarar en el Parlamento
El expresidente Manuel Chaves tampoco declaró ante la Cámara y se expone a la misma denuncia
La Fiscalía Superior de Andalucía ha denunciado a los diputados socialistas y exconsejeros Antonio Ramírez de Arellano y Javier Carnero ante el Tribunal Superior de esa comunidad (TSJA) por negarse a declarar en la comisión de investigación del Parlamento autonómico sobre una fundación pública, cuando fueron citados el pasado 8 de noviembre. Al igual que los dos diputados denunciados este viernes, el expresidente Manuel Chaves también se negó a comparecer ante los diputados que analizan las cuentas de la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe), cuyo exdirector gastó 31.969 euros en locales de alterne con una tarjeta de la Junta. Pero al no ser Chaves un cargo aforado, la decisión corresponde a la Fiscalía de Sevilla, que también debe decidir sobre el exconsejero socialista José Sánchez Maldonado, ausente asimismo ante la comisión de investigación.
Chaves y tres exconsejeros guardaron silencio ante la Cámara, y el expresidente afirmó que sus derechos se habían “violentado” al haber sido citado a 72 horas de las últimas elecciones generales y acusó a la comisión de “romper la neutralidad política” en plena campaña. Tras esta negativa a declarar de los excargos socialistas, la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet (Ciudadanos), denunció a Chaves, tres exconsejeros y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que tampoco acudió a su citación.
La comisión investiga las cuentas de la Faffe, fundación creada en 2003, bajo el mandato de Chaves, y disuelta en 2011, que acumula gastos por 55,6 millones sin justificar, según la Cámara de Cuentas andaluza. En paralelo, un juzgado investiga los gastos del exdirector en 12 fiestas en clubes de alterne, 31.969 euros que devolvió días después de su bolsillo, según su testimonio.
La Fiscalía Superior acusa a Ramírez de Arellano (portavoz de Hacienda del PSOE en el Parlamento y exconsejero de Economía y Hacienda) y Carnero (diputado y exconsejero de Empleo) de un delito contra las Instituciones del Estado, penado con una condena de seis meses a dos años de inhabilitación. “Pudieron haber cometido un presunto delito del artículo 502.1 del Código Penal al negarse a declarar y a responder a las preguntas que pudieran formularles los representantes de los grupos parlamentarios”, detalla la Fiscalía en un comunicado. Fuentes jurídicas cercanas al caso explican que no hay precedentes de causas judiciales abiertas contra cargos y excargos políticos que se negaran a declarar ante comisiones de investigación autonómicas, por lo que una hipotética sentencia, condenatoria o absolutoria, sentaría jurisprudencia.
La razón de fondo que explica la denuncia de la Fiscalía Superior andaluza es que tanto Chaves como los tres exconsejeros dieron argumentos de carácter político para negarse a declarar por la inminencia de las elecciones generales del 10 de noviembre. El también exconsejero Manuel Recio acudió a la comisión de investigación el 22 de noviembre, guardó silencio, pero lo razonó por el hecho de que un juez investigaba el caso y podía ser llamado a declarar al juzgado, y colisionar con su declaración ante la Cámara, tal y como establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo. De hecho, la Fiscalía no ha denunciado a Recio.
El ministerio público ha archivado la denuncia contra la ministra de Hacienda por considerar que “las autoridades de la Administración del Estado no tienen obligación de comparecer ante las comisiones de investigación creadas por los parlamentos autonómicos”, según un comunicado de este viernes. Respecto a Chaves y Sánchez Maldonado, ambos no aforados, la Fiscalía Superior se ha inhibido y ha enviado la denuncia a la Fiscalía de Sevilla, que debe remitirla a su vez al Juzgado de Instrucción 12, órgano que ya investiga la incomparecencia del expresidente tras una denuncia de Vox. En caso de resultar condenado, Chaves afrontaría una pena de multa, o de entre tres meses y un año de prisión por un delito de desobediencia.
Además de los cinco excargos citados, la comisión citó también a los expresidentes Susana Díaz y José Antonio Griñán, pero ambos eludieron acudir por no haber recibido la citación en su domicilio actual, según alegaron.
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