El gasto en burdeles que ensombrece la campaña de Díaz
El ‘caso Faffe’ es más que pago con dinero público en prostíbulos, la fundación funcionaba como un entramado de contrataciones irregulares y agencia de colocación del PSOE
Desde que Susana Díaz fijara la fecha de las elecciones andaluzas, además de las posturas maximalistas de los partidos sobre los pactos, la corrupción, y más concretamente, el gasto en prostíbulos con dinero público de un exdirectivo de la Junta se ha convertido en una constante. Las menciones a los desembolsos en juergas en clubs de alterne de los líderes de la oposición, tanto regionales como nacionales, son un esbozo del “duro invierno judicial”, como dijo el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, que le espera al PSOE en 2019 con la resolución del caso ERE y las revelaciones que se vayan deslizando sobre escándalo de la Faffe. Ninguna de estas causas puede achacarse directamente a los gobiernos de Díaz, pero la oposición los presenta como un ejemplo de la impunidad en torno al PSOE a lo largo de 40 años.
Los gastos desmesurados y reiterados en prostíbulos es el reclamo más llamativo, por el poso de inmoralidad que rezuma, del que ya se conoce como caso Faffe, las siglas de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, pero las irregularidades van mucho más allá. La entidad, creada en 2003 para formar a desempleados de Andalucía -la comunidad con más paro de España- sirvió hasta su disolución en 2011 como un “sistema paralelo” de la consejería de Empleo del que se valía para eludir la normativa de contratación y beneficiar, supuestamente, a empresas afines, según un informe redactado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).
La Faffe también se empleó como una “agencia de colocación del PSOE Andaluz”, según la descripción de la UCO, que sirvió para emplear a dos centenares de familiares y conocidos del partido socialista y de sindicatos. La Guardia Civil sostiene que el 60% las contrataciones se hizo sin la publicidad debida. Una auditoría encargada por la propia Junta de Andalucía reconoce irregularidades en 8.844 contratos entre 2009 y 2011. Entre los contratados se encuentra el hermano de su director general Fernando Villén, nombrado director de Administraciones Públicas, su mujer, una cuñada y un sobrino. La Faffe también servía supuestamente para pagar favores políticos. En nómina figuraban el edil tránsfuga del PP de Camas, Eduardo Cabeza, que entró en la entidad un mes y medio después de apoyar la moción de censura que presentó el PSOE en esa localidad, o el exalcalde de Lebrija, Antonio Torres, que jamás pisó las instalaciones de la fundación.
Durante los ocho años en los que estuvo en funcionamiento, la entidad pasó de 120 a 1.700 empleados, que se integraron en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) cuando fue disuelta, manejó fondos y subvenciones públicas, la mayor parte provenientes de la Unión Europea, llegando a tramitar 252 millones de euros. La Fiscalía Superior de Andalucía ha apreciado dudas en esa administración, al hijo de un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que en 2014 detectó un agujero de 50 millones en subvenciones nominativas para la formación profesional para el empleo recibidas en vísperas de su desaparición, dinero que no se ha justificado. El ministerio público ha abierto unas diligencias en las que halló indicios de delito en la gestión de fondos de formación. Anticorrupción, por su parte cifra en casi 9,5 millones el gasto en “adjudicaciones indiciariamente irregulares”.
El caso recayó en 2014 en manos de la juez Mercedes Alaya en el marco de la macrocausa de los cursos de formación. Su sustituta, María Núñez Bolaños, decidió abrir una pieza separada solo de la Faffe. Es el 8 de mayo de este año, cuando el PP desvela el uso de tarjetas de representación de la entidad por parte del que era entonces su director, Fernando Villén, en el que se cargaron durante seis horas, entre el día 22 y el 23 de marzo de 2010, 14.737 euros, en 15 pagos, en el club Don Ángelo, un conocido bar de alterne de Sevilla. Dos días después, una persona devolvía en metálico ese importe para evitar que quedara rastro en la contabilidad de la fundación.
Villén ha reconocido en sede judicial que pagó “por error” esa juerga en el Don Ángelo y otras 12 en ese y cuatro burdeles de las provincias de Sevilla, Córdoba y Cádiz entre los años 2004 y 2010 en los que en total desembolsó 31.969 euros. Sostuvo ante la juez que esos gastos eran “indecorosos”, pero aseguró que devolvió a la caja de la Faffe hasta el último céntimo. La UCO en su investigación ha encontrado “serias dudas” sobre “la veracidad de los asientos contables” en los que se justifican los reembolsos y sostiene en su atestado que le “genera lógicas dudas” que las devoluciones se hubieran llegado a realizar “mediante un ingreso dinerario a favor de la Faffe”. Además de los 32.000 euros en burdeles, se han detectado cargos a las tarjetas de Villén por importe de 22.555 euros en restaurantes y 1.805,36 en hoteles. El exdirectivo aseguró que utilizaba las Visas con motivo de la “actividad comercial” que desarrollaba para la fundación.
El escándalo de la Faffe es mucho más que tarjetas opacas con las que se paga en puticlubs. Detrás subyace un entramado de contratación irregular y desvío de fondos públicos en el que el enchufismo y la endogamia en una práctica habitual. El despacho de abogados que lleva la defensa de los principales implicados ha explicado a este diario que ninguno de estos hechos “es constitutivo de derecho penal, a lo sumo se trataría de infracciones administrativas, pero, en ningún caso suponen un acto de corrupción abyecto”.
Airear la corrupción
El máximo responsable de la Fundación, Fernando Villén, fue secretario de Empleo del PSOE-A cuando Manuel Chaves era su secretario general y fue colocado al frente de la fundación por el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, también imputado en el caso ERE. Una combinación perfecta con la que toda la oposición, PP, Podemos, pero también Ciudadanos, su sostén en la legislatura, pretende cercar al PSOE en estas elecciones. Todos han esgrimido la corrupción como el verdadero motivo por el que la presidenta de la Junta finiquitó la legislatura y con ella la comisión de investigación sobre la Faffe que se constituyó en el Parlamento en septiembre. No hay un solo día en que no se apele -tanto en Andalucía como desde Madrid- a los gastos en prostíbulos. Villén, que se dio de baja como afiliado socialista cuando comenzó el escándalo, está sin empleo y recibe una ayuda pública de 400 euros para mayores de 55 años, considera que está siendo objeto de un “linchamiento político cuyo objetivo no es él sino el PSOE”, según reconoció a este diario.
El Gobierno andaluz trata de desvincularse de las irregularidades que rodean a la Faffe aludiendo a que, como en el caso de los ERE, ocurrieron hace 10 o 15 años, cuando Susana Díaz no era presidenta. Desde la oposición se acusa al ejecutivo de ocultar información al Parlamento y a los investigadores y de retrasar la entrega de documentos. “Y todo esto es consecuencia de los 40 años de poder del PSOE en Andalucía, se ha creído que las instituciones, que Andalucía es suyo”, dice Loles López, secretaria general del PP-A.
La Junta está personada en la causa. La Consejería de Empleo ha remitido al juzgado más de tres millones de registros contables correspondientes al período de 2003 a 2011, las comunicaciones mantenidas a través de cuentas concretas de correo electrónico de la entidad; se ha entregado a la UCO acceso completo y sin restricciones a los programas de contabilidad usados por la entidad y las 13 cajas fuertes que tenía la entidad repartidas por toda la comunidad y que ahora están siendo investigadas por la Guardia Civil. “Estoy acostumbrada a la guerra sucia”, repite la presidenta cuando se le pregunta sobre la corrupción. Díaz insiste en que el caso de la Faffe es solo ruido político, pero aún es precampaña y ya se está tornando ensordecedor.
El juicio de los ERE será protagonista antes del 2-D
La sombra del caso ERE que ha sobrevolado toda la legislatura de Susana Díaz, se cernirá sobre la campaña electoral de las autonómicas. No solo porque el 15 de noviembre, un día antes del arranque oficial de la campaña, haya sido llamado el expresidente andaluz Manuel Chaves a declarar en el Senado ante la comisión de investigación de la financiación de partidos políticos, ni porque el 22 deba comparecer en el mismo lugar su sucesor, José Antonio Griñán.
La vista oral de la causa podría tener lugar entre finales de noviembre y principios de diciembre, dada la celeridad que los magistrados que enjuician el caso están dando a la fase de prueba pericial, que comenzó el 11 de septiembre y que podría concluir este mismo fin de semana —se han habilitado sesiones los viernes para agilizar el proceso— o a comienzos de la siguiente.
Después, comenzaría la fase de prueba documental que podría extenderse unos siete días. Si se cumplen estos plazos, para la semana del 29 de octubre se abriría el período en el que la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones populares —PP y Manos Limpias— y las defensas de los 22 antiguos altos cargos, incluidos los expresidentes de la Junta, deben exponer sus conclusiones definitivas, según los cálculos de varios de los letrados implicados en el proceso consultados por este diario.
En esta fase se desvelará, entre otras cosas, si la Fiscalía y las acusaciones mantienen las peticiones de 10 años de inhabilitación para Chaves y seis años de cárcel y 30 de inhabilitación para Griñán. Este es un momento decisivo, no solo porque van a volver a exponerse las tesis de todas las partes, sino porque es obligatorio que los acusados estén presentes en el tribunal para escuchar los cargos. La foto de todos los imputados en el banquillo, muchos no solo altos cargos de la Junta sino también de otros Gobiernos socialistas, volvería a repetirse en plena precampaña.
Las intervenciones de los fiscales delegados de Anticorrupción apuntaron que necesitarían varias sesiones para completar su informe, por lo que, podrían finalizar su intervención a comienzos del mes de noviembre. También se estima, según las mismas fuentes consultadas, que la acusación ejercida por el PP prolongará varios días la exposición de sus conclusiones finales, dada la trascendencia política de la que quieren dotar a sus alegatos. Alguna de estas intervenciones podría coincidir ya con el arranque de la campaña, el 16 de noviembre. Lo que sí es seguro es que los turnos de las defensas —son 18 abogados— tendrán lugar durante las dos semanas de mítines y caravanas electorales. Cada letrado necesitaría al menos una sesión, con lo que sus testimonios podrían prolongar más allá del 2 de diciembre, el día de las elecciones. El juicio de los ERE comenzó el 13 de diciembre de 2017 y la fase de conclusiones definitivas estaba programada, en principio, para noviembre. Las dilaciones hacían prever que todo el proceso se demoraría. Lo que no se había previsto era una convocatoria electoral. Los jueces quieren recuperar el tiempo perdido. El visto para sentencia no se produciría, en todo caso, hasta pasado el 2 de diciembre.
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