Cierre de campaña en Andalucía con el dueño de un club de alterne en el Parlamento

El PP empezó la campaña de las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre con una foto de su candidato frente a la fachada del club de alterne Don Angelo, en Sevilla, y ha cerrado las del próximo domingo con el dueño de ese local “erótico”, como se publicitaba, declarando en una sala de comisiones del Parlamento de Andalucía. El dueño se llama José Ruiz García, tenía problemas de audición, unas veces sí y otras, no. No sabía nada, ni conocía a nadie. Todos los portavoces de los grupos, salvo el del PSOE, le agradecieron de manera reiterada su presencia en la Cámara. El día anterior, en esa misma sala y en ese mismo asiento, al expresidente de la Junta Manuel Chaves le cortaron el micrófono.

En ese puticlub gastó, en consumos no especificados, un total de 14.737 euros el que fuera director de la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe) y exmiembro de la ejecutiva del PSOE andaluz, Fernando Villén, entre el 22 y el 23 de marzo de 2010. Los pagó con una tarjeta institucional de la Junta de Andalucía. Se cargaron durante seis horas y en 15 pagos. Ese mismo día, el expresidente José Antonio Griñán había destituido al consejero de Empleo Antonio Fernández. Dos días después alguien acudió al Don Angelo y pagó en metálico esa cantidad.

No fue la única vez. Según un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se desde la Faffe se usaron ocho tarjetas de crédito institucionales para pagar gastos por un importe de 31.969 euros en 12 fiestas en prostíbulos de las provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba.

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El dueño del club ha comparecido este viernes acompañado de un asesor. A preguntas de los portavoces, dijo que no conocía a Villén, que su local no era un sitio donde se ofrecían servicios sexuales, que el gasto de 15.000 euros en una noche era “normal”. No supo cuantificar cuánto costaba una copa o un reservado. Ni cuántas personas acompañaron a Villén esa noche.

—¿Se consumían drogas?, le preguntó la portavoz de Vox, Ángela Mulas, la única que le inquirió directamente si en el Don Angelo se prestaban servicios sexuales.

—No le voy a contestar, dijo Ruiz.

Este exigió para comparecer en la comisión de investigación que su interrogatorio no fuera retransmitido por televisión. Y que los fotógrafos no pudieran tomar imágenes suyas. La mesa de la comisión se lo permitió.

Ruiz no aportó nada nuevo que no se supiera. A Villén lo conocía de “verlo en el ABC y la televisión”. Él era el dueño, pero no atendía el local. Esa tarea lo hacían dos encargados y una encargada “amiga” de Villén, una mujer llamada Juana M. Esta fue la que tramitó la anulación del pago con la tarjeta de la Junta y recibió el dinero en metálico que entregó dos días después el chófer de Villén. “La encargada me dijo: ‘oye Pepe, que esto se ha resuelto”. En la declaración ante la UCO, según fuentes conocedoras de la misma, afirmó que había sido él el que había hecho ese trámite.

Todos los portavoces le agradecieron al dueño del club su presencia en la Cámara. “Muchas gracias por comparecer en su casa, la casa del Parlamento”, dijo la portavoz de Ciudadanos, Teresa Pardo, quien subrayó: “No voy a ir en contra de su actividad mercantil”. El portavoz de Adelante Andalucía, Nacho Molina, afirmó: “Gracias por comparecer. Tiene que sentirse cómodo entre nosotros”. Mulas, de Vox: “Usted da ejemplo a nuestros políticos y los altos cargos que no querían intervenir”. También hubo agradecimientos por parte de la popular Ana Vanesa García: “Gracias. Los responsables de la Junta han salido corriendo”. El socialista Rodríguez Sánchez Haro no le hizo preguntas y mostró su repulsa ante la explotación sexual.

Previamente, pasaron ante la comisión tres ex altos cargos socialistas, quienes siguieron la estrategia marcada por el PSOE de acogerse a su derecho a no declarar por entender que las citaciones, a 48 horas del 10-N, solo persiguen perjudicar al PSOE ante la próxima cita electoral. Los exconsejeros Javier Carnero, Antonio Ramírez de Arellano (ambos diputados) y José Sánchez Maldonado se negaron a responder a las preguntas de los grupos parlamentarios y han abandonado la comisión, como el día anterior hizo el expresidente de la Junta, Manuel Chaves. “No voy a ser partícipe de transformar el Parlamento de Andalucía en un instrumento que influya de manera importante en el resultado electoral del domingo”, dijo Sánchez Maldonado. Este fue consejero de Empleo durante dos años (2015-2017) y fue quien encargó una auditoría interna de la Faffe durante su mandato.

La decisión de los consejeros de no declarar ha abierto un debate político y también jurídico. El Partido Popular va a pedir al presidente de la comisión, Enrique Moreno (Ciudadanos), que encargue un informe a los letrados por si es viable adoptar medidas contra los políticos socialistas por no responder ante la comisión. También planea presentar una iniciativa parlamentaria para “reprobar” a quienes, según el portavoz popular, José Antonio Nieto, han “despreciado” al Parlamento.

Fuentes jurídicas aseguraron que las respuestas que han dado en la comisión los exconsejeros socialistas para no declarar son políticas, pero no jurídicas. “Esos no son argumentos para una persona ajena a un proceso penal”, añadieron estas fuentes. Estos medios consideran que el PSOE debió recurrir ante la Junta Electoral las comparecencias de los políticos durante la campaña. Fuentes del PSOE admitieron que sopesaron esa salida, pero la descartaron porque estaban convencidos de que iban a perder el recurso. “La Junta Electoral no puede entrar en un acto del Parlamento porque el poder judicial no puede controlar al legislativo”, explicaron.

Distintos son los casos de Manuel Chaves y del también expresidente de la Junta José Antonio Griñán. Ambos están a la espera de la sentencia judicial del caso de los ERE. El exletrado del Parlamento andaluz y exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Plácido Fernández-Viagas Bartolomé, ha escrito en su blog que las pretendidas comparecencias de los expresidentes no solo constituyen un “fraude constitucional”, sino también “un atentado a los derechos fundamentales de ambas personas, pues, en la práctica y sin motivo razonable que lo justifique, se les somete a una causa general que conduce a un trato inhumano y degradante rechazado expresamente por el artículo 15 de la Constitución Española”.

Las fuentes jurídicas consultadas destacan la “anomalía” que supone respecto a otros países europeos que en España se puedan abrir comisiones de investigación en paralelo a los procedimientos judiciales abiertos sobre el mismo hecho. Así, muchos documentos que se han solicitado por parte de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo han sido denegados por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla que investiga la Faffe al considerar que la documentación solicitada tiene “carácter reservado”.

La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, requirió el pasado 10 de junio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil documentación del caso. La UCO se la denegó “dado que la cesión de un documento procesal penal solo puede ser realizada por el juez instructor del procedimiento”.