El juez que retiró los móviles a los periodistas de Palma: “Era mi deber investigar el delito”

“Ponderé la situación y pensé que era mi deber investigar el delito, que era grave, y debía sucumbir el derecho al secreto profesional en este extremo” ha defendido el juez Miquel Florit, que se sienta este jueves en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de varios delitos en el decomiso de los teléfonos móviles de dos periodistas que informaban de un caso judicial. El juez requisó en diciembre de 2018 los teléfonos móviles de los periodistas Kiko Mestre, de Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press, así como parte del material informático que guardaban en la redacción. El objetivo era investigar la identidad de los autores de la filtración a la prensa de un informe económico aportado a la macrocausa que investigaba los negocios del empresario del ocio nocturno Bartolomé a Cursach, una caso que Florit asumió tras la recusación del anterior juez Manuel Penalva.

Florit se jubiló anticipada y voluntariamente el 31 de enero, tras aprobarlo la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial. En este juicio se enfrenta a una petición por parte de las acusaciones particulares de 42 años de inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el derecho al ejercicio del secreto profesional, el derecho a la intimidad e interceptación ilegal de las comunicaciones.

Durante el juicio, Florit se ha negado a responder a las preguntas de las acusaciones particulares, ha explicado que se publicaron en prensa los detalles de un informe elaborado por el grupo de blanqueo de la Policía Nacional, en el que se daban detalles sobre presuntos delitos de fraude de las empresas de Cursach o se apuntaba a la existencia de un topo que beneficiaba al magnate en Hacienda, que ni siquiera había sido proveído por el juzgado. “El informe fue la gota que colmó el vaso, porque las partes ya habían enviado escritos previamente en los que denunciaban otras filtraciones de informaciones secretas”, ha dicho el juez, que decidió abrir una causa para investigar varios supuestos de revelación de secretos que ha calificado como un delito “gravísimo”.

El magistrado ha admitido que “en cierto sentido” sí tenía intención de averiguar quiénes eran los que facilitaban información a los periodistas “porque quería descubrir al autor de la filtración”. “Antes de acordar el registro valoré que podían quedar al descubierto fuentes de los periodistas y estimé que no comprometía el derecho al secreto profesional de los informadores”, ha defendido. A preguntas de la fiscalía ha explicado que, en un momento determinado tras el decomiso de los terminales, la policía hizo informe en el que constaba que un testigo protegido del caso Cursach había llamado al grupo de blanqueo de capitales de la Policía Nacional en nombre de uno de los periodistas comunicando que toda la información del teléfono había sido eliminada.

“Según me afirmaba la policía, una vez intervenidos los teléfonos podría rastrearse a través de una máquina israelí los archivos pdf recibidos por los periodistas desde los teléfonos de los policías. Al decirme que habían borrado esos archivos ponderé otra vez que, en este caso, sería preciso una búsqueda más exhaustiva que podría vulnerar el derecho al secreto profesional de los periodistas y por eso lo dejé sin efecto,” ha justificado para defender el auto dictado unos días después mediante el que anuló la decisión de intervenir los teléfonos, que según ha insistido “no se tocaron”. Florit ha subrayado que ya se había identificado a los policías que filtraban la información y con anterioridad al decomiso de los teléfonos de los periodistas se habían intervenido sus terminales.

Los periodistas cuyos teléfonos fueron requisados, Kiko Mestre y Blanca Pou, han insistido en que los agentes de policía que acudieron a llevarse sus terminales apelaron en todo momento una orden judicial y no les permitieron consultar con los servicios jurídicos. “El hecho de que hayamos presentado esta querella demuestra la disconformidad con esta decisión. Pero ¿cuál era la alternativa a no cumplir? ¿ser acusado de un delito de desobediencia, tirarme al suelo?” ha señalado Mestre a preguntas de la fiscalía, tras insistir en que era “evidente” que estaba “incómodo y disconforme” con la decisión.

Mestre ha explicado que el caso le ha ocasionado un daño “tremendo” y le ha afectado a nivel profesional, con 30 años en el oficio a sus espaldas, y también personal. “Me ha marcado de por vida, se han terminado mis fuentes, no puedo hablar con según quien, la gente me ha dejado de llamar, gente que era amiga ha dejado de serlo. Lo entiendo en cierta forma, porque me enfrento al corporativismo profesional” a lo que ha añadido que está “en tratamiento” y tomando medicación para sobrellevarlo.

Por su parte, Pou ha narrado que dos policías de paisano acudieron meses antes del decomiso, a mediados de agosto, a la sede de la agencia Europa Press en Palma para interesarse por determinadas informaciones publicadas sobre el caso Cursach y la fuente de las mismas. “Fue todo en tono informal” ha relatado la periodista, a la que unos días antes del decomiso del teléfono los mismos agentes le comunicaron que tendría que ir a comisaría a ratificar lo declarado en agosto. Sin embargo, la citación nunca se produjo y se presentaron directamente en la sede del medio para exigir el teléfono, donde le esgrimieron la orden judicial.

“La secretaria judicial me dijo que se estaba investigando un delito y que mi secreto profesional pasaba a un segundo plano” en un episodio en el que la periodista también pidió contactar con los servicios jurídicos, para lo que no le dieron permiso. En la misma oficina, uno de los agentes le pidió las claves del teléfono bajo la amenaza de conseguirla él mismo en caso de negarse. “Yo no sé qué miró el policía, navegaba en el menú y había llegado a la caja fuerte del teléfono” ha subrayado.

Aval de la fiscalía

El fiscal delegado anticorrupción en Baleares, Juan Carrau, que avaló en un informe la decisión de Florit, ha calificado la filtración del informe económico de “grave”, término que dice, la Audiencia Provincial corrigió después como “muy grave” en autos de marzo de 2019 al tratarse de delitos de revelación de secretos de particulares. “Yo no llevaba el caso Cursach directamente, pero al poco de iniciarse esta investigación se vio que en esa causa se habían prolongado las difusiones de documentación secreta y nunca se había actuado en persecución de ellos” ha subrayado. Carrau ha argumentado que se había puesto cerco a los posibles autores de las filtraciones y tras hablar con la Policía Nacional se consideró “menos invasivo, más simple y más lógico” pedir los listados del origen de la información, radicada en los dos periodistas, para después aplicar “un sistema de búsqueda selectiva” en el que introducir los teléfonos de los funcionarios que podrían haber cometido el delito. “Me pareció razonable” ha recalcado.

Sin embargo, nunca se llegó a investigar el contenido de los terminales porque, a pesar de que el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón también era partidario de continuar, el juez Florit le comunicó que pensaba devolver los terminales telefónicos “porque estaba muy presionado” y porque con toda la información previa “pensaba que ya no era tan necesario o eficaz”. Sobre esas presiones, Carrau no ha podido dar más detalles, pero ha recordado que en prensa ya había sido publicado que se habían querellado contra él. “No entro a discutir si está muy presionado o poco presionado, lo que cuenta es la resolución judicial. La motivación que a mí me explica es que en los informes policiales está claro que son dos personas y que cree que no es necesario o eficaz continuar”.

En el trámite de cuestiones previas, la Abogacía del Estado que participa como responsable civil subsidiaria por la reclamación de 30.000 euros indemnización por daños morales de uno de los periodistas, ha alegado indefensión y vulneración de las garantías procesales porque considera que no hay un informe sobre los daños provocados por el decomiso del teléfono. “Es un juicio ordinario, normal, de cuatro delitos del Código Penal. No es un juicio al periodismo, a la libertad de prensa, no es un juicio al secreto profesional reconocido y amparado en la Constitución”, ha subrayado la representante del Estado Dolores Ripoll, quien ha cuestionado los daños morales o profesionales sufridos por el periodista. La Abogacía del Estado ha aportado copias de dos noticias sobre la concesión de dos premios al periodista de Diario de Mallorca “para el hipotético caso de que se nos esté alegando algún tipo de depresión”.

Además de los 42 años de inhabilitación, las acusaciones particulares —ejercidas por la empresa editora de Diario de Mallorca, las agencias de noticias EFE y Europa Press, la Asociación de Medios de Información, así como los dos informadores directamente afectados— reclaman también multas de hasta 43.000 euros y una indemnización por daños morales para Kiko Mestre de 30.000 euros. La fiscalía, que apoyó la actuación del juez, no ejerce de acusación en el proceso.