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Bruselas promete mano dura con la migración irregular a cambio de un reparto de los refugiados

El organismo espera plasmar su oferta en un gran pacto que ponga fin al actual sistema, aprobado en 1990

Agentes de la guardia civil expulsan por la valla de Melilla a un inmigrante en 2014.
Agentes de la guardia civil expulsan por la valla de Melilla a un inmigrante en 2014.

Blindaje de fronteras y devoluciones expeditivas de los emigrantes irregulares a cambio de un sistema obligatorio de reparto de aspirantes al asilo entre los Estados miembros. Esa es la fórmula de la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen para desatascar la política común de migración y asilo, empantanada desde hace cinco años.

El organismo espera plasmar esa doble oferta en una suerte de gran acuerdo. Un pacto que ponga fin a los interminables debates sobre la reforma de un sistema europeo de asilo que fue aprobado en Dublín en 1990 y saltó por los aires con la llegada de más de 1,3 millones de refugiados en 2015.

El gran pacto está siendo armado por el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas, y la comisaria europea de Interior, Ylva Johannsson. Ambos han visitado esta semana Madrid, en el marco de una gira que busca pulsar de primera mano el margen de maniobra de cada país para llegar a un consenso que supere el peligroso punto muerto actual.

Los contactos de la nueva Comisión con las capitales han mostrado hasta ahora una creciente voluntad de fraguar un compromiso, aunque su plasmación por escrito y, sobre todo, su aplicación práctica está todavía lejos de ser un asunto resuelto.

Bruselas confía en que la promesa de mano dura despeje las reticencias de países como Austria, Hungría o Polonia a una política compartida. Y que las garantías sobre el drástico control de las llegadas irregulares a territorio comunitario faciliten la aprobación de un mecanismo obligatorio de reparto de unos refugiados que, en tiempos normales, no suelen ser más de 500 al año por cada millón de habitantes de la UE.

Los mimbres del acuerdo pasan en primer lugar por visualizar la seguridad. Por primera vez en su historia, la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) dispondrá de un cuerpo propio de vigilancia. El próximo mes concluirá el proceso de selección de los primeros 700 guardias (puestos para los que se han presentado 7.500 candidaturas), y tras un período de formación podrán ser desplegados desde el próximo 1 de enero tanto en la frontera exterior de la zona Schengen como en países terceros con los que existan los oportunos acuerdos.

La Comisión cree que el reforzamiento de la vigilancia reducirá el número de cruces irregulares fronterizos. En todo caso, las entradas irregulares ya se han reducido drásticamente y en 2019, según Frontex, se situaron en el nivel más bajo desde 2013.

El siguiente objetivo comunitario es mejorar la política de expulsión de los emigrantes llegados irregularmente y que no puedan acogerse a la protección concedida a las personas con derecho a asilo. Bruselas recuerda que cada año los Estados ordenan la salida de medio millón de personas, pero solo llegan a ejecutarse unas 170.000 de esas órdenes. En Francia las expulsiones apenas llegan al 15% y en España, al 20%. Se espera que los acuerdos de readmisión con países terceros (Bruselas ya ha suscrito 17) y el reforzamiento de Frontex, que lleva años colaborando con las devoluciones, aumenten la ratio de expulsiones efectivas.

El plan se completa, entre otras cosas, con las cuotas de reparto o mecanismos de solidaridad. La idea ya fue propuesta por la Comisión presidida por Jean-Claude Juncker. Pero se lanzó de manera apresurada en plena crisis migratoria de 2015 y provocó el rechazo virulento en países como Polonia o Hungría. La Comisión llegó a plantear multas de hasta 250.000 euros por cada refugiado que se negaran a acoger, una amenaza que enconó aún más los ánimos e hizo descarrilar el plan.

Bruselas sopesa ahora una solidaridad obligatoria pero de geometría variable. Y Berlín ha sugerido, por ejemplo, que dentro de la cuota de refugiados se descuente el número de personas devueltas, un factor que favorecería claramente a Polonia. En 2018, por ejemplo, Varsovia ordenó la salida de 29.370 personas y ejecutó 25.700 órdenes de expulsión, casi tantas como España y Francia juntas.

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