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Bruselas respalda la sentencia a favor de las devoluciones en caliente

La comisaria europea de Interior defiende el derecho de solicitar asilo, pero considera que ese derecho "no se puede ofrecer en cada metro de la línea fronteriza"

Un grupo de inmigrantes se enfrenta intenta sortear la valla de Melilla.
Un grupo de inmigrantes se enfrenta intenta sortear la valla de Melilla. EL PAÍS

Ni estupor ni sorpresa, sino respaldo. La Comisión Europea considera lógica y compatible con la legislación comunitaria actual la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a favor de España en el caso de la devolución inmediata de dos inmigrantes subsaharianos que saltaron la valla de Melilla en 2014.

Ylva Johansson (Suecia, 56 años), comisaria europea de Interior y encargada de negociar la futura política europea de asilo y migración, asegura en declaraciones a EL PAÍS que "siempre debe concederse el derecho de solicitar asilo". Pero considera que ese derecho "no se puede ofrecer en cada metro de la línea fronteriza" y que los Estados deben tener la potestad de señalar los puntos donde se puede tramitar la solicitud.

El inesperado giro del Tribunal de Estrasburgo, que en una sentencia anterior había rechazado la devolución en caliente, y el alineamiento de la Comisión denota el progresivo endurecimiento de la política migratoria de la UE. El club se vio sacudido en 2015 por una crisis migratoria que removió los cimientos de la Unión, resquebrajó la zona Schengen (los controles fronterizos internos continúan entre varios socios de la UE) y estuvo a punto de derribar a un líder tan poderoso como la canciller alemana Angela Merkel. En 2015 más de 1,2 millones de personas pidieron asilo en la UE, el doble que el año anterior. Alemania registró 5.400 peticiones por cada millón de habitantes; Austria, 9.900; y Hungría, 17.700. El flujo se cerró tras un acuerdo de la UE con Turquía para que retuviera el éxodo procedente de la guerra de Siria a cambio de 6.000 millones de euros.

Johansson, precisamente, tiene entre las tareas de su mandato restañar las heridas dejada por aquella crisis y recuperar la confianza entre los Estados enfrentados, con la Alemania de Merkel y la Hungría de Viktor Orban como símbolos de los respectivos bandos. Tras una Comisión presidida por Jean-Claude Juncker, claramente alineada con las tesis de apertura defendidas por Merkel, la actual presidenta, Ursula von der Leyen, ha tendido puentes hacia Hungría y Polonia en busca de un consenso que todavía parece difícil.

La táctica, de momento, pasa por ofrecer a Budapest y Varsovia la promesa de unas fronteras exteriores blindadas y el compromiso de que los inmigrantes irregulares serán devueltos a sus países de origen de manera expeditiva siempre que sea posible. La sentencia de este jueves parece abrir el camino incluso para unas devoluciones en caliente que hasta ahora se interpretaban como contrarias al derecho comunitario.

"No, no estoy en shock por la sentencia", señala Johansson durante un encuentro en su despacho en la sede de la Comisión Europea, donde ocupa el puesto de comisaria desde el pasado 1 de diciembre. Johansson pide tiempo para estudiar el veredicto y extraer todas las conclusiones. Pero a falta del análisis detallado de su departamento, la antigua ministra sueca de Salud ve desproporcionadas las interpretaciones de algunos juristas y analistas, que apuntan al choque entre la sentencia y el derecho de asilo.

Johansson subraya una y otra vez que "es importante destacar que siempre debe concederse el derecho de asilo". Pero añade de inmediato que "los Estados miembros no pueden facilitar esa posibilidad en todos los sitios". La comisaria recuerda que "algunos Estados miembros tienen una frontera larguísima y no se puede ofrecer la posibilidad de pedir asilo en cada metro de la misma línea fronteriza".

La comisaria defiende el derecho de los Estados a designar "el punto fronterizo donde hay que ir para solicitar asilo", aunque precisa que esa situación debe gestionarse "respetando los derechos fundamentales". Johansson cree, por ejemplo, que "no se puede decir al potencial refugiado que se vaya a 2.000 kilómetros a presentar la solicitud".

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