Los fiscales propondrán a Delgado querellarse contra el presidente del Parlament

La Fiscalía considera que procede presentar una querella por el presunto delito de desobediencia contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, y así se le expondrá a la nueva fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en cuanto tome posesión de su cargo. La procedencia de la acción penal contra Torrent y otros dos miembros de la Mesa de la Cámara catalana resulta, a juicio del ministerio público, del examen de la documentación recibida por los fiscales y analizada desde el pasado 29 de enero por los órganos técnicos de la institución.

El Tribunal Constitucional acordó ese día dirigirse a la Fiscalía para que actuase en vía penal, si lo estimaba pertinente, contra Torrent (ERC) y los miembros de la Mesa del Parlament Josep Costa y Eusebi Campdepadrós (ambos de Junts per Catalunya) por haber admitido a trámite, “para su sustanciación en el pleno”, una propuesta de resolución a favor del derecho de autodeterminación. El Constitucional subrayó que todos ellos estaban advertidos por resoluciones anteriores sobre su deber de impedir este tipo de acuerdos, que el propio tribunal había anulado. En 2015, fueron declaradas inconstitucionales otras dos declaraciones del Parlament que abogaban por el derecho a la autodeterminación.

El tribunal de garantías dirigió este martes un nuevo emplazamiento a la Fiscalía en términos similares al de enero último. Esta vez por el acuerdo de la Mesa del pasado 29 de octubre, en el que se admitió una moción de la CUP que expresaba la voluntad del Parlament de “ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación”. En este caso, entre los posibles destinatarios de la acción penal figura Adriana Delgado, de ERC.

La Fiscalía no va a actuar de momento contra Torrent, a la espera de que la fiscal general saliente, María José Segarra, deje el puesto a Delgado. La propuesta sobre la querella tiene carácter técnico, y no analiza cuestiones de oportunidad. Los fiscales han pedido al Constitucional que amplíe la documentación enviada sobre el caso. El objetivo es acreditar con toda precisión la existencia de las advertencias previas, su fecha y contenido.

Estas gestiones darán tiempo a que Delgado se incorpore a la jefatura de la Fiscalía y empiece a ejercer sus funciones. Hay dudas entre los fiscales sobre la oportunidad de que la nueva fiscal general se abstenga de tomar decisiones en determinados asuntos relacionados con el procés y sus consecuencias, dadas sus responsabilidades anteriores, como ministra de Justicia. El artículo 351 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé que jueces y fiscales que se reincorporen a la carrera “deberán abstenerse, y en su caso podrán ser recusados, de intervenir en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones políticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público”. Este precepto fue incluido en una reforma legal de diciembre de 2018.

Cuando acceda al cargo, la nueva fiscal general podrá nombrar su propio equipo de confianza. Los integrantes de la secretaría técnica, verdadero estado mayor de la Fiscalía, se encuentran en funciones, tras el cese de Segarra. También podrá decidir si continúa o no el teniente fiscal del Tribunal Supremo, número dos de la carrera, cuyo mandato por cinco años concluyó a finales de 2019. Junto a estos cargos hay varios puestos en la Fiscalía del Tribunal Supremo, uno de ellos con categoría de fiscal de Sala, el de mayor rango, que corresponde a la Penal.

Una posible querella como las que suscitado el Constitucional no tendría por qué ir firmada por la fiscal general. En todo caso, si finalmente el ministerio público decide actuar contra el presidente del Parlament la decisión la debería impulsar la Fiscalía General del Estado de acuerdo con la de Cataluña, que sería la encargada de presentarla.