El Constitucional instará por segunda vez a la Fiscalía a que actúe contra Torrent

El pleno del Tribunal Constitucional volverá a aprobar hoy el envío a la Fiscalía General del Estado de una segunda resolución para que determine si emprende acciones penales contra Roger Torrent y otros tres miembros de la Mesa del Parlamento catalán, según fuentes judiciales. Lo hará tras la previsible anulación de dos acuerdos de la Mesa del Parlamento. El primero, del 29 de octubre pasado, admitió a trámite una moción presentada por la CUP en la que “se expresa la voluntad de ejercer en forma concreta el derecho de autodeterminación”. El segundo, del 5 de noviembre, rechazaba las solicitudes de reconsideración de aquella resolución.

El 8 de noviembre, dos días antes de las elecciones, tras endurecer el PSOE al cierre de la campaña electoral sus posiciones hacia los partidos independentistas, el Consejo de Ministros impugnó los dos acuerdos por incumplimiento de dos sentencias del Constitucional. Y en esa impugnación citaba dos providencias, de 10 y de 16 de octubre, que suspendieron resoluciones que insistían en el derecho de autodeterminación de Cataluña. El tribunal instaba en ellas a la Mesa a paralizar las iniciativas al ignorar la suspensión acordada por dichas providencias y eludir las mencionadas sentencias.

El pleno del Parlamento de Cataluña aprobó esa moción el 12 de noviembre, pese a las advertencias del Constitucional. Aunque el pleno estaba citado para las tres de la tarde, el presidente Torrent la anticipó a las nueve de la mañana para sortear que el Constitucional, citado para celebrar su pleno esa misma mañana, suspendiera la tramitación de la moción, según había solicitado el Gobierno. El tribunal no pudo frenar la moción de la CUP hasta unos minutos después de que 61 parlamentarios de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la propia CUP votaran a favor.

Los socialistas catalanes y el PP no tomaron parte en la votación, los diputados de En Comú Podem se abstuvieron y los de Ciudadanos abandonaron la sesión en señal de protesta. La iniciativa ni siquiera se publicó en el boletín oficial del Parlament.

Esa será la segunda resolución que el Constitucional envía a la Fiscalía para que esta pueda exigir la responsabilidad penal al presidente del Parlament por desoír las resoluciones del tribunal. El ponente será el magistrado Andrés Ollero. El primer envío a la Fiscalía se produjo el 28 de enero en relación con el incidente de nulidad de la decisión de la Mesa del Parlament (el 22 de octubre de 2019) de admitir a trámite la propuesta de resolución “de respuesta a la sentencia del Supremo sobre los hechos del 1 de octubre”.

El Constitucional envió a la Fiscalía las actuaciones por si procedía exigir responsabilidad penal a Torrent, al vicepresidente Josep Costa y al secretario, Eusebi Campdepadrós. A los tres citados se les añadirá Adriana Delgado, entonces secretaria cuarta de la Mesa y actual alcaldesa de Sant Vicenç de Castellet. El envío de las actuaciones para estudio de acciones penales —una querella por desobediencia, por ejemplo— requerirá un análisis de la secretaría técnica de la Fiscalía. Es previsible, según fuentes judiciales consultadas, que no se adopte ninguna decisión hasta que tome posesión la nueva fiscal general del Estado, Dolores Delgado.