El Comité de Derechos Humanos de la ONU admite la denuncia de Baltasar Garzón contra su inhabilitación

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha admitido la demanda del exjuez Baltasar Garzón contra España, en la que el antiguo magistrado de la Audiencia Nacional denuncia vulneración de derechos y falta de parcialidad en el proceso judicial por el que fue inhabilitado durante 11 años en 2012. El organismo, según ha adelantado EL PAÍS, autoriza que se pidan al Estado español "explicaciones" para "aclarar el asunto" en un plazo de seis meses a contar a partir del pasado 3 de febrero y que una vez recibidas, sean remitidas a Garzón para que plantee alegaciones si así lo desea.

En su demanda ante el comité, presentada en enero de 2016, Garzón denuncia que, tras ocupar durante 22 años el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, fue "víctima de una persecución y represalias" por sus investigaciones sobre los crímenes del franquismo y el caso Gürtel. Los tres procesos abiertos contra él por prevaricación en ambas investigaciones  —además de la causa por la financiación por parte del Banco Santander de unos cursos en la Universidad de Nueva York—, fueron, según el jurista "arbitrarios y abusivos\ violaron su derecho a "un tribunal independiente e imparcial". Garzón recuerda en su escrito que las tres causas contra él se tramitaron "en escaso tiempo" y asegura que se hicieron con el objetivo de "obstaculizar" sus investigaciones en el caso del franquismo y de "importantes dirigentes del PP", así como para "dificultar" el ejercicio de su derecho a la defensa. De los tres procesos abiertos, Garzón fue absuelto en el del franquismo y los cursos de la Universidad de Nueva York, pero inhabilitado durante 11 años por las escuchas a los abogados del caso Gürtel, solicitadas en su momento por la policía y dos fiscales anticorrupción y prorrogadas por otro juez sin que ninguno de ellos tuviera reproche penal. 

El exjuez de la Audiencia Nacional argumenta en su demanda que el Tribunal Supremo debería haber impedido en la fase previa a la celebración al juicio que los casos contra él por su investigación del franquismo y el caso Gürtel pasaran a trámite al "no estar justificadas las circunstancias excepcionales bajo las cuales los jueces pueden ser procesados bajo el derecho español y por tratarse de querellas políticas". La "arbitrariedad" de las investigaciones contra él, añade, "resulta evidente" asimismo en el caso Santander, que el instructor decidió admitir a trámite pese a que el Supremo había desestimado una querella anterior por los mismos hechos y a pesar de que el presunto delito de prevaricación había prescrito. Garzón sostiene que los tribunales que le juzgaron carecían de imparcialidad, recuerda cómo Luciano Varela, instructor principal de la causa contra él por su investigación de los crímenes del franquismo, asistió a los demandantes —Manos Limpias, cuyo líder, Miguel Bernard, afronta ahora una posible pena de casi 25 años de cárcel acusado de formar parte de una trama de extorsión— en la modificación de sus escritos de acusación, y cómo el propio Varela formó parte, a la vez, de la sala que le juzgó por el caso Gürtel. 

El Estado español ya alegó en 2018 ante el comité que no apreciaba "indicios de estrategia persecutoria" y pidió cerrar el caso. El Comité de Derechos Humanos considera, no obstante, que la demanda de Garzón cumple los requisitos de admisibilidad y pedirá más explicaciones a España.