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Absolución o penas mínimas para los doce acusados por los disturbios de ‘Rodea el Congreso’

La Fiscalía llegó a pedir condenas de hasta seis años de cárcel para los procesados

Un joven se enfrenta a los agentes durante los disturbios del 14 de diciembre de 2013.
Un joven se enfrenta a los agentes durante los disturbios del 14 de diciembre de 2013.

La causa que sentó a 12 personas en el banquillo por los disturbios sucedidos el 14 de diciembre de 2013 en Madrid, cuando un grupo de manifestantes se enfrentó a la Policía después de una concentración convocada para rodear el Congreso, se ha saldado con penas mínimas para la mitad de los acusados y con la absolución del resto. Tras más de seis años de proceso, el juez ha dictado finalmente sentencia y ha rechazado las pretensiones más duras de la fiscalía, que llegó a pedir en el caso hasta seis años de cárcel para los arrestados.

Aunque la sentencia resalta la “gravedad” de los altercados ocurridos aquel día —“que atentaron, sin duda alguna, contra la paz pública”— y no duda de que 14 agentes antidisturbios resultaron heridos durante los enfrentamientos contra los concentrados en el centro de la capital, el juez ha decidido absolver a los 12 acusados del delito principal de atentado a la autoridad en concurso con otro delito de lesiones, por el que la Fiscalía pedía las penas más altas. Según subraya la resolución del magistrado Ricardo Rodríguez, titular del juzgado de lo Penal número 11 de Madrid, durante la vista oral no quedó acreditado que los procesados participasen directamente en las agresiones.

“Fueron varias decenas, cuando no más de un centenar, los manifestantes que empezaron a tirar botellas y otros objetos a las distintas unidades de agentes allí desplegadas”, destaca el magistrado en su fallo, donde añade que tampoco se puede responsabilizar a los procesados de las lesiones causadas por otros porque no se probó en el juicio que existiera un “acuerdo expreso” o un “mutuo concierto” del grupo de concentrados para “ejecutar las acciones” de forma conjunta. Una tesis que, de haberse aceptado, sí hubiera abierto la puerta a entender que todos aceptaron “implícitamente lo que cada uno vaya a hacer” y, por tanto, se les podría haber condenado por ello.

Aun así, el juez ha aceptado algunas de las pretensiones del ministerio público y ha acordado dictar penas mínimas para seis de los detenidos tras el Rodea al Congreso de diciembre de 2013, convocado en protesta contra la ley mordaza. El fallo condena a cinco meses de cárcel a Bárbara López por un delito de atentado a la autoridad por darle una patada a un agente. Y, por su parte, sentencia también a Daniel Moreno, Álvaro Jiménez, Roberto García, Raúl Ruiz y Carlos Perales por un delito de desórdenes públicos, ya que participaron en el lanzamiento de botellas y golpearon un coche policial (por el que, a su vez, se impone a uno de ellos una multa de 1.500 euros por otro delito de daños).

El magistrado, eso sí, valora como atenuante los más de seis años que ha tardado en resolverse este procedimiento. “Al estar paralizado, por causa no imputable a los acusados, más de dos años y medio”, destaca la resolución del juzgado.

Satisfacción por el fallo

Según la defensa, los procesados se encuentran “moderadamente contentos” con el fallo del juez conocido este miércoles, visto las condenas iniciales que pedía la Fiscalía. “Eran una barbaridad”, subraya Ertlanz Ibarrondo, uno de los abogados de los detenidos. De hecho, durante la vista oral, los acusados ya mostraron su alivio cuando el ministerio público decidió retirar los cargos contra cuatro de ellos por falta de pruebas y reducir considerablemente las penas solicitadas contra los otros ocho —pasó a pedir para estos, como máximo, tres años y un mes de prisión—.

Desde un principio, los abogados defensores centraron su estrategia en tratar de evidenciar los fallos en los arrestos de los antidisturbios. Nunca negaron que los agentes sufrieran agresiones y resultaran heridos, sino que mantuvieron que los policías se equivocaron al identificar a sus clientes como los autores de las mismas.

Desmontada parte de la versión policial

En el juicio, los antidisturbios mantuvieron un duro relato contra los acusados, que quedó desmontado en parte con las grabaciones vistas en el juicio. La Fiscalía, de hecho, tuvo que retirar la acusación contra Rocío R. y Javier V., para los que pedía tres años de cárcel por supuestamente “obstaculizar la intervención policial” e “insultar gravemente a los agentes”. En su fallo, el juez resalta que en los vídeos “no se aprecia que hayan hecho nada” y que, en cambio, la policía “los acorrala contra la pared en una operación que parece absolutamente desproporcionada”.

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