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La fiscal retira los cargos contra cuatro de los acusados por los disturbios tras rodear el Congreso

El ministerio público reduce considerablemente las penas solicitadas contra los otros ocho procesados

Un joven se enfrenta a los agentes durante los disturbios del 14 de diciembre de 2013.
Un joven se enfrenta a los agentes durante los disturbios del 14 de diciembre de 2013.

El alivio y la resignación, en mayor medida esta segunda, han irrumpido este lunes en el juicio que se celebra en Madrid por los disturbios del 14 de diciembre de 2013, cuando un grupo de manifestantes se enfrentó a la Policía tras una protesta convocada para rodear el Congreso. La Fiscalía, después de solicitar hasta seis años de cárcel contra los 12 procesados, ha decidido esta mañana retirar las acusaciones contra cuatro de ellos y reducir a la mitad el castigo máximo solicitado contra el resto. Ahora, según anunció el propio ministerio público, reclama tres años y un mes de cárcel para cinco de las personas que se sientan en el banquillo, y dos años y medio para las otras tres. Les atribuye delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones.

El juicio ha quedado hoy visto para sentencia tras dos sesiones en las que el debate ha versado sobre la veracidad del testimonio de los policías. Durante la primera jornada, el miércoles, los agentes señalaron directamente a los acusados y defendieron sus detenciones. Los abogados de los procesados han mantenido, en cambio, que los policías se equivocan al identificarlos, que sus clientes no participaron en los altercados, no les agredieron y no les lanzaron botellas de cristal. “La única prueba que se esgrime contra ellos son las declaraciones de los agentes. Y yo me atrevería a tildar de irreales todas y cada una de las declaraciones de los atestados. No hay ni una sola verdad”, ha subrayado uno de los letrados durante su exposición final.

Otra de las defensas ha solicitado al juez, incluso, iniciar acciones legales por mentir contra tres agentes que testificaron en el juicio contra sus dos clientes, Rocío R. y Javier O, contra los que la Fiscalía ha retirado este lunes la acusación de tres años de cárcel por supuestamente “obstaculizar la intervención policial” e “insultar gravemente a los agentes”. Tras visualizar este lunes un vídeo sobre su detención, el ministerio público ha dado marcha atrás. También ha sacado de la causa a Jaime M., al que se arrestó cuatro meses después de la protesta —“Yo ni siquiera fui a esa manifestación”, dijo la pasada semana— y a Guillermo U., para quien se solicitaban otros tres años de prisión por empujar y obstaculizar supuestamente la línea de antidisturbios, según explicó el agente que lo detuvo.

El relato de la fiscal contra los ocho acusados restantes ha quedado prácticamente sin cambios. El ministerio público los sitúa en el grupo de “violentos” que destrozó un coche de la Policía Municipal que quedó atrapado en el cruce de la calle de Atocha con la calle de San Sebastián; que lanzaron “una avalancha brutal de botellas de cristal y adoquines” contra los antidisturbios desplazados a la zona; y que dejaron 14 agentes lesionados. “La prueba de que participaron son las declaraciones de los agentes, que los han identificado”, apuntó la representante de la acusación pública, que incidió también en las contradicciones de los acusados: “Raúl R. reconoció en fase de instrucción haber ayudado a volcar el contenedor [de donde secaron las botellas de cristal]” y “Carlos P. manifestó que lanzó un envase” tras recibir supuestamente el impacto de una pelota de goma, pero “que no era de cristal”.

“Hay que poner en reserva las declaraciones de los agentes”, ha subrayado la letrada de un acusado, que ha lamentado que su cliente, que tenía 20 años cuando se le detuvo, “ha crecido con una imputación altísima sobre su cabeza”. La Fiscalía ha decidido reducir la petición de penas al apreciar la atenuante de dilaciones indebidas y de pago de responsabilidad civil. Los hechos se remontan a 2013. “Tenemos buenas sensaciones”, ha manifestado a la salida de la vista oral un abogado, Ertlanz Ibarrondo. Ahora, queda esperar a la resolución del magistrado del Juzgado de lo Penal número 11 de Madrid, que ha dejado este lunes la causa vista para sentencia. Esta se espera para después de Navidad.

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