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La inhabilitación de Torra aboca a elecciones o a eternizar el ‘procés’

Los sectores más radicales intensifican la presión sobre ERC y Torrent. Republicanos y PSC no quieren romper el diálogo si el ‘president’ es inhabilitado

El presidente de la Generalitat, Quim Torra. En vídeo, el Parlament no le quita el escaño a Torra de momento.Foto: atlas | Vídeo: EFE | ATLAS
Francesc Valls

Unidad del independentismo, diálogo entre los Gobiernos central y catalán, elecciones anticipadas en Cataluña, eternización o fin del procés… son muchos los interrogantes que deja en el alero la inhabilitación como diputado del presidente de la Generalitat, Quim Torra. La decisión del Tribunal Supremo de apoyar la orden de la Junta Electoral Central (JEC) y dar un plazo de 48 horas para que el Parlament retire el acta a Torra ha vuelto a dejar a Esquerra Republicana —a través del presidente del Parlament, Roger Torrent— en el ojo del huracán político, pues en sus manos está tomar la decisión o, en caso contrario, incurrir en un delito de desobediencia.

Este fin de semana las fuerzas independentistas —ERC, JuntsxCat y la CUP— tratarán de tomar una decisión conjunta. En Esquerra hay quienes aseguran que Torrent está dispuesto a inmolarse política y judicialmente, mientras que otros más escépticos advierten: “Yo por Cataluña lo daría todo, pero por poner o quitar una pancarta, no”, tal como decía un cargo de Esquerra.

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En el terreno de los precedentes, el pasado 4 de enero el independentismo voto en bloque en el Parlament a favor de ratificar simbólicamente a Torra, después de que la JEC decidiera por siete votos contra seis dejarle sin acta. Ahora Torrent ni siquiera ha vuelto a solicitar un dictamen de los letrados de la Cámara, ignorando que el auto del Supremo ha abonado la tesis de la JEC. Sigue pues el juego del chicken game entre JuntsxCat y ERC, en el que los corredores, viendo el obstáculo de frente, se resisten a dar el volantazo para evitar la colisión.

En el horizonte inmediato se abren diversos escenarios: la inhabilitación supondría que durante un par de meses —hasta que el Supremo se pronuncie de manera definitiva—, Torra seguiría siendo presidente. Pero si el actual presidente de la Generalitat mantuviera el acta de diputado se abriría un nuevo temporal judicial: quedarían impugnadas todas las votaciones de la Cámara catalana y Torrent sería con toda probabilidad investigado por desobediencia. “Al presidente del Parlament ya le tienen el ojo puesto los jueces por anteriores votaciones sobre la autodeterminación y la monarquía”, aseguran fuentes del PSC. La presión a la que está sometida ERC por parte del independentismo hiperventilado es muy intensa. En las redes sociales quienes advierten a Torrent de traición son lluvia constante. “Espero que la gran mayoría de diputados del Parlament no tenga ninguna duda en ratificar como diputado y presidente a Torra. No ceder soberanía a la Junta Electoral”, escribía Marina Geli, ex dirigente del PSC, pasada ahora con armas y bagajes al sector ortodoxo del independentismo. “Pero la pinza judicial no solo afecta a ERC, sino también al PSOE”, apuntan desde Esquerra. Hay dirigentes de ERC que sostienen que las últimas decisiones de la JEC y del Supremo forma parte de una operación “contra la alianza PNV-PSOE-ERC-Podemos como alternativa al trifachito en España; nosotros no somos los únicos perjudicados por las decisiones judiciales, ahora también lo es el PSOE”.

Desde el PSC no esconden su contrariedad por el auto del Supremo contra Torra, “otro obstáculo que no facilita el diálogo”. Pero suceda lo que suceda con la inhabilitación de Torra el lunes en el Parlament, tanto socialistas como republicanos hacen votos porque las negociaciones no se rompan. La decisión del presidente del Parlament contará con el beneplácito de la dirección del partido y a buen seguro el asunto habrá sido tema de conversación este fin de semana entre Carmen Calvo y Pere Aragonés, vicepresidentes de los gobiernos central y catalán respectivamente.

Por el lado del Gobierno central, tampoco faltan las presiones. Pero éstas no son de los aliados —como en el caso de ERC— sino de la oposición. El líder del PP, Pablo Casado, siguiendo el guion de la portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado que si el próximo martes Pedro Sánchez “se ve con el usurpador estará incurriendo en un delito de desobediencia”. Así las cosas, la tensión entre los extremos supone una serie amenaza para la estabilidad del Ejecutivo. Por un lado el PP, Vox y Cs, por el otro JuntsxCat, están tirando de la cuerda intentando hacer tambalear al Gobierno de Pedro Sánchez. Para los dos extremos sería ideal que continuará el culebrón procesista, esa política de gestos que tanto satisface a Carles Puigdemont y que le sirve a Casado, porque reduce a términos medievales de maniqueo dominium mundi, de Welfen y Hohestaufen, vulgarmente conocidos como güelfos y gibelinos. Además, eso permite que los contendientes más enfrentados sobre el papel se miren en el espejo de la pureza y hallen la imagen que desean ver reflejada de ellos mismos.

Desde el punto de vista político, “habría una jugada magistral consistente en que si Torrent cede ante la inhabilitación, Torra convocase elecciones, algo que pilla a contrapié político a Esquerra, mientras espera la sentencia definitiva del Supremo”, apuntan fuentes de JuntsxCat. “Los neoconvergentes no soportan la idea de ver a Aragonés como presidente en funciones de la Generalitat”, afirman desde ERC. Lo difícil será seguir manteniendo el equilibrio, tanto si el lunes se extiende el certificado de defunción del procés como si no.

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