PP y Vox se unen para vetar la renovación del Poder Judicial

PP y Vox se han aliado para exigir al PSOE una serie de condiciones para negociar la renovación de los cargos constitucionales pendientes a sabiendas de que serán rechazadas. El acuerdo entre los dos partidos propiciará que el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional se queden como están, con mayorías conservadoras. Pablo Casado y Santiago Abascal aseguran que se abren a dialogar solo si Pedro Sánchez renuncia a Dolores Delgado como fiscal general del Estado y se cambia el modelo de elección de algunos de los cargos.

La renovación del máximo órgano del Poder Judicial está encallada desde hace 14 meses y parece encaminada a un atasco sin salida. PP y Vox intentan estos días la complicada combinación de presentarse como partidos constitucionales que no deberían oponerse al desbloqueo de esos cargos institucionales y, al mismo tiempo, compiten por aparecer como los guardianes más firmes de la independencia de los poderes del Estado ante los intentos de “injerencia” que achacan al PSOE y sus aliados en el Gobierno.

Por esa razón, Casado y Abascal por un lado manifiestan en público que se abren a negociar sobre esas renovaciones del Poder Judicial, de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y hasta del Defensor del Pueblo, y, por otra parte, requieren al PSOE condiciones que este partido no se va a plantear.

Pablo Casado compaginó el lunes, en una entrevista en Antena 3, esos dos planos: “Tendemos la mano al PSOE si quiere despolitizar la elección de la Fiscalía General del Estado y del Consejo General del Poder Judicial y, sobre todo, si quiere apoyar la separación de poderes y la independencia judicial”. A continuación, apostilló sus recelos a esos contactos: “Mientras Sánchez negocia la investidura con [Oriol] Junqueras, pretende negociar con nosotros el Poder Judicial para que lo pongan en la calle”, dijo el líder del PP, y enmarcó esos intentos del presidente en su afán por llevar a cabo una “instrumentalización del poder como no se ha visto nunca”.

Cuando se pregunta a Casado por las condiciones que pondría para hablar con Sánchez, primero se queja de que el presidente no le llama y luego enumera sus exigencias: impulsar la elección de los vocales del Poder Judicial entre los jueces y que la Fiscalía General del Estado “no debe ser ocupada por un político”, en alusión a la exministra de Justicia Dolores Delgado. El PP ha tramitado ya una proposición de ley para impedir esos trasvases durante cuatro años.

La postura del presidente popular fue refrendada con algunos matices por el nuevo portavoz y secretario de Justicia del PP, el consejero madrileño Enrique López, en Onda Madrid: "Hay que sentarse y hablar de un modelo de justicia pensando en los ciudadanos y no en urgencias políticas. Lo primero que tiene que hacer Sánchez debería ser llamar al líder de la oposición para hablar. Algo que no hizo en el periodo previo a las elecciones". López entiende que esa estrategia del líder socialista y el último año y medio en funciones han impedido la renovación del Poder Judicial y sostiene que ahora es ese partido el que patrocina el nuevo bloqueo: “Llevamos una semana que se nos acusa de bloquear cuando no se ha iniciado un mínimo de diálogo. Mal comenzamos. Hay que sentarse y hablar. Hay que pensar en los ciudadanos porque la justicia no está para satisfacer hipotecas políticas sino para solventar conflictos ciudadanos”.

El líder de Vox, Santiago Abascal, rectificó el lunes totalmente las posiciones a favor de participar en el proceso de negociación con el PSOE, incluso si el PP se negaba, que avanzaron la semana pasada su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y la viceportavoz, Macarena Olona. Abascal interpretó que ambos no habían reflexionado lo suficiente sobre el tema y apuntó que nunca negociarán con el PSOE si el PP no participa. Escenario que no se contempla si no se aceptan antes sus exigencias.