El PSOE denuncia una maniobra de la derecha para el boicot de la investidura

El PSOE vincula la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de destituir como diputado autonómico a Quim Torra, lo que implica su cese como president de Cataluña, con una última maniobra de la derecha para “boicotear” la investidura de Pedro Sánchez. “Tenemos serias dudas de que la JEC sea competente para adoptar estos acuerdos como así han defendido 6 de sus 13 miembros. Esperamos que el Tribunal Supremo responda cuanto antes”, expresó Adriana Lastra.

Tras recordar que la Junta Electoral Central no es un órgano jurisdiccional y poner en duda que tenga capacidad para cesar al presidente de la Generalitat, la vicesecretaria general del PSOE añadió: “Sobre los últimos días, empieza a ser preocupante la posición de la derecha y ultraderecha, que están empeñadas en boicotear la investidura de Sánchez. Se dicen muy españoles pero van en contra de la voluntad de los españoles. La democracia se va a abrir paso, mañana empieza una investidura y nuevo ciclo en este país”

La víspera de la sesión inaugural del debate de investidura, un proceso que el presidente en funciones solo estaba dispuesto a afrontar si tenía los apoyos necesarios cerrados tras los procesos fallidos de 2016 y el pasado julio, se convirtió este viernes en una jornada de vértigo. Varios imprevistos dieron a la investidura un suspense que disparó la incertidumbre de los socialistas. La resolución de la JEC provocó la reacción airada de ERC, cuya abstención es vital para Sánchez. La convocatoria urgente este sábado de la ejecutiva de ERC para “analizar las decisiones de la JEC, coordinar la respuesta y valorar las consecuencias en el calendario político inmediato” cogió desprevenidos a los socialistas, que habían dedicado la jornada a ratificar el programa con Unidas Podemos, los acuerdos con los socios de investidura y amarrar el voto de Nueva Canarias, Compromís, Teruel Existe y BNG.

“La JEC no es un órgano jurisdiccional, no es un tribunal. Esperamos que el máximo órgano, el Supremo, responda cuanto antes a esta cuestión”, afirmó Lastra tras la firma del pacto con los nacionalistas gallegos. La decisión de la JEC había sido solicitada por PP, Vox y Ciudadanos. La vicesecretaria general del PSOE incidió en los esfuerzos de estos partidos para imposibilitar la investidura. Pese a las turbulencias con que Sánchez afronta el proceso, la número dos del PSOE se mostró segura de que el próximo martes habrá presidente: “La democracia se va a abrir paso, mañana [por hoy] empieza un nuevo ciclo en este país”.

A medida que se acercaba la investidura, los problemas se acumularon para Sánchez. En contra de lo que pretendía, afrontará el proceso sin haberse asegurado el apoyo de Esquerra a los Presupuestos de 2020. Una condición que tanto en Ferraz como en La Moncloa consideraban fundamental, conscientes del desgaste por las negociaciones con los independentistas. La ambigüedad del acuerdo con ERC reforzó esa impresión en el socialismo. De ahí que una mezcla de sorpresa y preocupación empezase a correr como la pólvora por el PSOE cuando José Luis Ábalos, secretario de Organización y ministro de Fomento en funciones, reconoció que el pacto se circunscribía tan solo al éxito de la investidura. La condición imprescindible había dejado de serlo.

“Se trata de un acuerdo para procurar la investidura y que la legislatura camine. No es un pacto de Gobierno, es para desbloquear la situación actual y que se supere el bloqueo intencionado de otras fuerzas”, asintió Ábalos. El número tres del PSOE vinculó el apoyo de ERC a las cuentas a la continuidad del proceso de diálogo. “El proceso para solucionar el conflicto político deber ir acompañado de un Gobierno (…) Es evidente que el proceso de diálogo quedaría debilitado por inestabilidad del Gobierno”, afirmó Ábalos.

De acuerdo con esa lógica, el Gobierno de coalición con Unidas Podemos comenzaría la legislatura con cierta tregua en el Congreso más atomizado de la democracia. Si la investidura prospera, la legislatura se negociará día a día en el Parlamento. “Somos rehenes de los 350 diputados del Congreso”, rechazó Ábalos que el Ejecutivo vaya a a quedar a expensas del partido de Oriol Junqueras. “Somos rehenes de las mayorías del Parlamento, que nos tiene que aprobar los Presupuestos y cualquier medida que llevemos. Nos va a tocar mucha negociación política: los grupos minoritarios adquieren mucha relevancia en el Parlamento más plural y con mayor representación que nunca”, abundó.

A la espera de que Sánchez dé explicaciones de los pactos alcanzados, sobre todo de la fórmula acordada con ERC para Cataluña, Ábalos fue el encargado de negar que se hubieran abierto a un referéndum de autodeterminación. El secretario de Organización rechazó que la consulta a la “ciudadanía de Cataluña” de los acuerdos a los que se pueda llegar en la mesa bilateral entre el Gobierno y la Generalitat permita una consulta sobre la relación de Cataluña con el resto de España. “Una consulta no es un referéndum de autodeterminación. No apoyamos una consulta por la independencia”, zanjó. El PSOE defiende un modelo federal como solución a la crisis territorial y un nuevo estatuto de autonomía para Cataluña.

Ábalos dedicó su comparecencia a reiterar el “escrupuloso respeto de la legalidad vigente y nuestro ordenamiento constitucional” en el pacto con Esquerra. El acuerdo habla del “respeto a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático”. “Esta expresión es mucho más inclusiva y obviamente la Constitución preside el conjunto de normas. Incorpora a la Carta Magna y todo el conjunto del sistema jurídico”, observó. Ábalos enfatizó que los acuerdos que se suscriban se enmarcarán en la legalidad vigente “en ese momento”. Esto es, respetando la Constitución, que sí podría verse sometida a cambios. “Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas a validación a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”, recoge el pacto. Ábalos se afanó en recalcar que en modo alguno se pone en duda la “soberanía nacional” ni se esconde una reforma territorial. “Los Estatutos de autonomía no los votan todos los españoles, una reforma de la Constitución sí. No planteamos nada que quede por fuera de los preceptos legales”, apostilló.