La investidura, a la espera de la Abogacía

Solo el PSOE tiene prisa, mucha prisa. El resto de los actores imprescindibles para que fructifique la investidura a la presidencia del Gobierno del socialista Pedro Sánchez pide calma y no ir a toda velocidad para que esta se produzca a comienzos de 2020. A partir del 7 enero, tras la fiesta de Reyes, podría encauzarse, según señalan el PNV y también los dirigentes de ERC. El Gobierno sostenido por el PSOE reconoce que no puede ni debe tratar de marcar el calendario a la Abogacía del Estado, dada la complejidad del dictamen que tiene que elaborar.

Este órgano decidirá el momento en el que lo hará público, una vez redondeadas sus tesis y sus respuestas a la sentencia sobre Oriol Junqueras del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin ese dictamen, en puridad, ERC no dará el paso para sostener la investidura de Pedro Sánchez. Entre hoy, jueves, y el día 2 de enero, como máximo, hay tiempo para que la Abogacía emita su criterio, sobre el que hay una intensa discusión jurídica entre los técnicos, señalan fuentes conocedoras de los trabajos de este órgano dependiente del Ministerio de Justicia.

En este caso no es un tópico o una justificación señalar que los tiempos de la política no son los mismos que los de la justicia. En el caso de la Abogacía del Estado no se trata de un órgano judicial, pero sí técnico, con unos profesionales que, a pesar de su dependencia del Gobierno, hacen valer su autonomía en los criterios jurídicos, explican fuentes gubernamentales. La interpretación de ERC de esta sentencia europea, según la cual su líder, Oriol Junqueras, debe quedar en libertad no es exactamente como la traducen fuentes gubernamentales.

No hay duda de que la Abogacía mantuvo el pasado junio una posición respecto a la libertad de Junqueras tras ser elegido eurodiputado similar a la que ahora ha manifestado el tribunal europeo. Por tanto, no tiene que desdecirse. Lo complicado es tratar de plasmar las consecuencias prácticas de esa sentencia, que son las que ERC quiere ver escritas.

El Tribunal Supremo debe recibir el texto antes del 2 de enero. Todos los plazos anteriores en los que el Gobierno consideró factible tener el documento han sido superados.  Por eso ahora se prefiere dejar trabajar a la Abogacía y que sus técnicos decidan cuando están en condiciones de entregarlo. No eran esos los planes del Ejecutivo en funciones respecto a las fechas,  pero nada pueden hacer para acelerarlos, reconocen fuentes socialistas.

Entre las opciones que se abren está la de permitir a Junqueras que salga en libertad y recoger su acta de eurodiputado, aunque no está claro si sería ante la Junta Electoral Central en Madrid, como ha hecho el resto de los eurodiputados salvo Carles Puigdemont y Toni Comín, expresidente y exconsejero del Gobierno catalán huidos, que también fueron electos, o ya en el propio Parlamento Europeo en Bruselas.

El ritmo de la Abogacía lo marcará ella misma, aunque el Gobierno sabe que, sin su informe, ERC no facilitará con su abstención que Sánchez sea presidente, porque considera que no es posible dejar la situación de Junqueras al margen de la negociación. Aunque cada vez es más lejana la posibilidad de que la formación de Gobierno pueda llevarse a cabo en lo que queda de semana, la Cámara ha habilitado de forma preventiva los días 28, 29 y 30 de diciembre como jornadas hábiles, ante la posibilidad de que en esas fechas pueda celebrarse el debate de investidura. 

“Nos preocupan los contenidos, no las fechas”, señala la portavoz de ERC, Marta Vilalta. Entre esos contenidos está el informe de la Abogacía, aunque asegura Vilalta que además quedan otros flecos, informa Efe. Y así se refiere a la mesa de negociación entre Gobiernos. “¿Por qué no se puede esperar hasta enero, a partir del día 7?”, se pregunta el portavoz en el Congreso del PNV, Aitor Esteban. La necesidad de que haya Gobierno en Madrid la defiende con ahínco la dirección peneuvista, pero no tanto como para que haya que formarlo en estos días festivos.