El Congreso aprueba los ‘superpoderes’ para la Secretaría de Seguridad de Harfuch

Sin abstenciones ni votos en contra y con un avasallador consenso por parte de las diputadas y diputados del Congreso mexicano, se ha aprobado la tarde de este jueves el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución en materia de Seguridad. Esta reforma, que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado el pasado 1 de noviembre y que fue rápidamente aprobada por la cámara Alta, amplía las competencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), liderada por Omar García Harfuch. La dependencia será la encargada de dirigir y coordinar la estrategia nacional de Seguridad pública y el Sistema Nacional de Inteligencia.

La llamada Supersecretaría que dirigirá García Harfuch tiene, desde ahora, amplias atribuciones como la investigación de los delitos que compartirá con el Ministerio Público y la Guardia Nacional. También tendrá autorización para coordinar a los tres niveles de Gobierno en el país y con ello el poder de fiscalizar los recursos federales que van destinados a los Estados.

La sesión de este jueves estuvo marcada por participaciones de diputadas y diputados de todos los partidos que avalaron en amplia mayoría la reforma, que calificaron como “necesaria” y “urgente”. Solo algunos representantes de Movimiento Ciudadano (MC) se mostraron críticos al final de la discusión al señalar que no se tenía claro la forma en la que estas modificaciones serán ejecutadas. El diputado de MC, Gildardo Gabino, declaró una vez finalizada la votación: “He solicitado la palabra para que quede asentado, que vamos a favor para que no tengan ningún pretexto. Pero la Seguridad Pública es una política de Estado, pero ustedes se han negado a escuchar y a dialogar cómo van a implementar esto que acabamos de aprobar si la SSPC carece que elementos, de fuerza. Lo único que hacen evidente es que carecen de una estrategia de Seguridad Pública”.

La votación de este jueves ha quedado con 441 votos a favor, ninguna abstención y ninguno en contra. Ya el pasado 11 de noviembre, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos del Senado había hecho lo propio, al aprobar, también de forma unánime, la iniciativa enviada por la presidenta Sheinbaum. Con esta serie de decisiones en materia de Seguridad, la mandataria se aleja de la estrategia de Andrés Manuel López Obrador de “abrazos no balazos”, y rectifica su intención de dotar a uno de sus más cercanos colaboradores —Harfuch— de un poder que pocos funcionarios en el país sustentarán en lo que resta de la Administración.

Para los primeros días de 2025, la SSPC deberá concluir además de su propia reforma interna, la creación de tres nuevas subsecretarías —la creación de una y la recuperación de dos, en realidad—, entre las que destaca la Subsecretaría de Investigación e Inteligencia Policial, a cargo de Héctor Elizalde, antiguo colaborador de García Harfuch, que ya le acompañó en sus años a cargo de la Seguridad de la capital y que, de hecho, fue quien le reemplazó temporalmente al frente de la policía de la ciudad, tras el atentado de junio de 2020, a manos de sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las modificaciones y adiciones al artículo 21 —que estipula que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia— han sido recibidas de forma positiva por casi la totalidad del espectro político del país. El consenso en la necesidad de combatir los altos índices de inseguridad y de violencia en México es indiscutible. Las críticas y suspicacias llegan cuando se trata de explicar de qué forma, con qué recursos y quiénes se encargarán de ejecutarla una vez implementada en todo el territorio. El proyecto de reforma estará ya en proceso legislativo en los congresos de todos los Estados.

Esta decisión llega en medio de una crisis de violencia que atraviesa México de norte a sur. Con los recientes ataques de grupos armados de la delincuencia en Querétaro o en el Estado de México; los asesinatos indiscriminados en Guanajuato; la guerra abierta entre dos facciones del narcotráfico en Sinaloa, o la violencia desbordada e incontrolable en Guerrero o Michoacán, solo por mencionar algunos ejemplos que ya empañan los primeros días del Gobierno de Sheinbaum.