La ola de violencia eleva la presión sobre Rocha Moya antes de su próximo informe en Sinaloa

Sinaloa sigue bajo ataque. Un nuevo repunte ha dejado al menos 24 asesinatos en los últimos tres días, en plena guerra entre Ismael El Mayo Zambada y Los Chapitos. El martes fueron siete homicidios. El miércoles hubo 14 víctimas mortales, en una de las jornadas más letales desde el inicio del conflicto, el pasado 9 de septiembre. El jueves se han registrado otros tres decesos de manera preliminar, a la espera de los datos oficiales. Y este viernes está previsto que el Gobierno de Rubén Rocha Moya presente su tercer informe, ampliamente cuestionado por la crisis de inseguridad que azota al Estado. El gobernador llega a la mitad de su sexenio atravesado por más de dos meses de violencia ininterrumpida y con tres solicitudes de grupos civiles para que sea sometido a un referendo de revocación de mandato. Las autoridades electorales han desechado los recursos, al argumentar que la ley se aprobó después de que tomó posesión y no puede aplicarse de forma retroactiva. Sin embargo, Rocha ha doblado la apuesta y ha insistido en que está dispuesto a pedir un nuevo voto de confianza a la ciudadanía.

“El pueblo debe tener el derecho irrestricto de evaluar a sus gobernantes”, señaló Rocha en una carta al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES). El gobernador aseguró que “no tendría inconveniente alguno” a que su continuidad se decida en las urnas, a pesar de que el IEES rechazó las solicitudes por unanimidad. Hace dos semanas, el político de Morena se ofreció, incluso, a ayudar a sus detractores a conseguir las firmas necesarias, un 10% de la lista nominal de electores, para la consulta. El mecanismo está previsto para arrancar, precisamente, tres meses después de cumplir el tercer año de mandato. “Se pusieron del lado de quien provocó esta ola de violencia, carece de liderazgo para poner orden y no le interesa promover una estrategia integral para el regreso de la ley”, reclamó el colectivo Ciudadanos Unidos por Sinaloa, uno de los promotores del plebiscito.

La narcoviolencia está en el centro de los reclamos. Después de romper la barrera de los 350 asesinatos, las últimas batallas por el control del Cartel de Sinaloa han dejado imágenes como los tres cadáveres abandonados en el panteón de la comunidad de El Carrizalejo o los siete cuerpos desmembrados a un costado de la autopista entre Mazatlán y Culiacán. Esta misma semana se canceló la Feria Ganadera tras la aparición de una manta con amenazas contra Rocha, aunque se negó que ese haya sido el motivo, y se produjo el homicidio de un líder del sector después del anuncio. La Marina informó de la detención de siete personas y la incautación de armamento en el municipio de La Concordia, en los límites serranos con Durango, donde arrecia también la guerra. Hubo un enfrentamiento entre soldados y “civiles armados” en El Dorado y tres personas “levantadas” en Mazatlán. Canadá y Estados Unidos emitieron alertas de viaje para que sus ciudadanos no visiten el Estado.

Rocha delegó la entrega del informe al Congreso a su secretario de Gobierno, Feliciano Castro. El gobernador tiene en agenda un nuevo viaje a Ciudad de México para encontrarse con el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales. “Voy a platicar con él de temas generales y de la coordinación que requiere Sinaloa”, señaló. Apenas el lunes fue convocado a otro viaje a la capital para revisar con otros gobernadores y la presidenta, Claudia Sheinbaum, los avances en Salud. Fue afuera de Palacio Nacional donde el mandatario indicó que suspendió la Feria Ganadera por “diferentes factores”, como la presentación de bandas que tocan corridos. “Seguimos combatiendo la violencia, existe”, declaró. El jueves se anunció la llegada de otros 100 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército para combatir la ola de homicidios.

El mensaje de las autoridades ha oscilado entre reconocer a regañadientes el impacto de la guerra de carteles y minimizar su alcance. En el otro extremo, amplios sectores de la población, la oposición y empresarios acusan que la situación es insostenible. “Por muchos años se ha hablado que todo está bien en México, ahora vemos lo que está pasando en Sinaloa”, declaró Ken Salazar, en una explosiva conferencia de prensa esta semana. “Decir que no hay problemas es negar la realidad”, aseveró el embajador estadounidense, en dichos que le valieron un extrañamiento del Gobierno de Sheinbaum.

Pese a que la violencia en Sinaloa ha trascendido las fronteras del país, la guerra se quedó fuera del informe anual de la Secretaría estatal de Seguridad Pública. No hay ninguna mención sobre el narco ni de los enfrentamientos de las últimas semanas. “Respecto al delito de homicidio doloso, Sinaloa registra importantes avances”, aseguran las autoridades. Defienden una disminución del 60% de los asesinatos en 2023 en comparación con 2017 y sostienen que en 2024 que Sinaloa es una de las entidades más seguras, aunque los datos sólo están actualizados hasta julio, antes de que empezara el conflicto. Desde el 9 de septiembre hasta la fecha ha habido más homicidios (359), que en el acumulado de los primeros ocho meses del año (312), según datos oficiales. “Sinaloa se encuentra en el camino correcto para una transformación positiva en seguridad”, afirman en el documento publicado la semana pasada.