Construir el primer piso de la seguridad: nuevo intento

Además del impulso a la agenda de género, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene en su estrategia de seguridad el verdadero diferenciador con respecto a su antecesor. Se trata de un cambio real que aún tiene que probar que está a la altura de un país en llamas.

El asesinato de un sacerdote indígena en Chiapas, el homicidio de un contraalmirante en Colima, coches bomba en Guanajuato, el alcalde de Chilpancingo decapitado, violencia sin control en Tabasco, matanzas en Guerrero, Querétaro o el Estado de México, y extorsión en Apatzingán… hechos violentos de las primeras semanas del Gobierno de Sheinbaum que no podrían ser más ilustrativos del tamaño del reto de la presidenta, y todo ello sin mencionar, por supuesto, a Sinaloa.

Tal es la bienvenida, en forma de desafío, de los grupos violentos al nuevo gobierno. Hasta ahora, para los criminales el 1 de octubre no ha significado diferencia alguna: no parecen temer ni al súper policía ni a la súper secretaría que entraron en acción con la llegada de Sheinbaum.

A diferencia de su antecesor, la presidenta encarga la estrategia de seguridad a un policía experimentado, a un funcionario con el que tiene una relación profesional exitosa, a un icono del modelo policiaco civil, a un sobreviviente de un ataque criminal.

Sheinbaum no improvisó con un exvocero. Ni puso a un personaje que se achicara ante las empoderadas fuerzas armadas, ni frente al escurridizo fiscal de la República. Eligió a quien en su curriculum condensa varios intentos de construir un modelo de seguridad.

Omar García Harfuch personaliza la estrategia. Si el anterior presidente se volvió vocero y símbolo de un paradigma que evitaba confrontar, verbalmente e incluso en el territorio, a los criminales, el nuevo secretario de seguridad simboliza todo lo contrario.

Mediante presentaciones prolijas en datos de decomisos y capturas, García Harfuch instala desde la mañanera un nuevo paradigma: con inteligencia y en demostración de capacidades operativas van por “los generadores de violencia”. Los abrazos a los criminales, al armario.

Y para que García Harfuch no sea una mera entelequia, un policía mediático sin mando en el territorio, la presidenta ha hecho cambiar las leyes a fin de dotarlo de una super secretaría de seguridad desde donde se ejecute la coordinación que tanto demanda Sheinbaum.

Esta semana el Congreso dio luz verde a iniciativas que otorgan a García Harfuch amplias capacidades de investigación, la coordinación del sistema nacional de inteligencia, autoridad para coordinar a los tres niveles de gobierno, y la fiscalización de fondos federales a estados.

Podrá asimismo emitir lineamientos para que los estados se plieguen a la estrategia, lo que constituye otro de los brazos con los que su dependencia ha sido dotada. Porque además de reforzar y concentrar la inteligencia, será necesario arrear a las y los gobernadores.

Y es que más pronto que tarde se notará esa característica en el estilo de gobernar de la presidenta. Ella reclamará a las y los mandatarios estatales el cumplimiento de sus obligaciones con una severidad que estos no han conocido.

De hecho ha comenzado ya esta misma semana, cuando el martes en la mañanera en que García Harfuch y otros integrantes del gabinete de seguridad dieron su reporte quincenal, Sheinbaum recordó que castigar los homicidios corresponde a las entidades federativas.

Un súper policía, una súper secretaría y la coordinación de ésta de todos los esfuerzos de seguridad recuerdan a la nación que contra lo que se dijo por años, e incluso sin que la presidenta acepte en público la gravedad de la situación, México está bajo acoso criminal.

Los primeros pasos de la estrategia se notan en la coordinación entre Harfuch y las fuerzas armadas, que presentan comunicados de forma conjunta, por ejemplo. Y en el milagro de dos apariciones del fiscal general Alejandro Gertz Manero en las nuevas mañaneras.

En el mismo sentido van los golpes a distintas organizaciones, con capturas de mediano o alto perfil ocurridas lo mismo en Sinaloa, que en rápida respuesta a traumáticos eventos como las masacres de Querétaro capital o Cuautitlán de hace días.

Operativos estratégicos o de reacción oportuna, si se prueban en los juzgados como reales y en apego del debido proceso, que el gobierno quiere usar de contraargumento en la discusión donde los críticos, con bastante evidencia, denuncian la enorme indefensión de la ciudadanía.

De cierta forma, guste o no al oficialismo, hay un retorno a los tiempos del criticado García Luna: un policía que apresa a delincuentes al por mayor; incluidas las conferencias de prensa donde se machaca a la sociedad con datos y datos que abruman antes que tranquilizar.

Porque el nuevo modelo tiene otra coincidencia con lo que se ha visto en el correr de los sexenios. Mientras las estadísticas se endiosan, para fijar en ellas los tendederos de una narrativa de supuesto éxito, las víctimas son las grandes ninguneadas en Palacio Nacional.

La presidenta muestra la misma desidia que su antecesor a abrir su agenda, y su discurso, a quienes buscan a sus hijos, a aquellas personas que perdieron seres queridos, a la población que vive con terror y miedo en demasiadas regiones del país.

De Calderón a hoy, eso no cambia. Ni la derecha ni los que se proclaman de izquierda quieren discutir la seguridad con quienes ponen los muertos, con esos que dejaron de salir de noche, con quienes no transitan carreteras para evitar a criminales, con quienes pagan derecho de piso.

Tampoco da muestras Sheinbaum de querer convocar a expertos o sociedad civil para discutir límites, contrapesos y fiscalización de hechos y abusos de las fuerzas armadas en tareas de seguridad y de las policías mismas. La ciudadanía no es bienvenida en Palacio.

Y en lo operativo, el modelo de seguridad tiene un enorme talón de Aquiles. La presidenta y su súper secretario están por descubrir lo disfuncionales que son las policías estatales, las respectivas fiscalías y, desde luego, las y los mandatarios, unos más que otros.

Porque en México indignan pero no sorprenden las noticias de que ha sido detenido el secretario de seguridad en funciones en Chilpancingo por la decapitación del alcalde; y lo mismo se puede decir en Tabasco, donde se acusa al extitular de seguridad de estar vinculado al crimen.

Los tan cacareados éxitos de Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch en la Ciudad de México serán el bumerán a la hora de medir la eficacia de la nueva estrategia. Porque la República tiene en los gobernadores y sus policías y fiscales unos enormes pies de barro.

El sinaloense Rubén Rocha es el antiejemplo de moda, pero quién puede decir que es el único gobernante que ha dialogado con delincuentes, que pudo hacer campaña electoral sí y solo sí le fue permitido por los dueños de las plazas.

Morena tiene más de dos tercios de las gubernaturas del país. Ese dominio será puesto a prueba en el combate al fenómeno delincuencial que el mismo gobierno reconoce que está fuera de control: la extorsión.

García Harfuch se enfrentará con lo que Eduardo Guerrero y Eunises Rosillo tan bien definieron al decir que, en los últimos años, en donde las organizaciones criminales se expandieron notablemente, esa “presencia territorial del crimen se convirtió en control territorial del crimen”.

Para romper ese control, que en los hechos se toleró en el sexenio pasado, será menester desbaratar complicidades que por acción u omisión hayan forjado criminales y políticos en municipios y estados. Prueba de fuego para quienes han ganado elecciones desde 2018.

El inicio sexenal parece haber destapado no solo fuerzas contenidas —se ha registrado un aumento en la letalidad de policías y soldados, y en víctimas mortales inocentes a manos de militares—, sino también en críticas del clero y hasta del ladino embajador Ken Salazar.

A Sheinbaum le ha estallado, además, la fase más cruenta de la guerra que se vaticinó en Sinaloa, donde una población inerme se pregunta si además de miles de soldados y detenciones puntuales, la presidenta tiene alguna estrategia para que su economía no muera.

En ese estado, y en otros más, la estrategia del super policía y la super secretaría tendrán que dar resultados muy pronto. En beneficio de la población, primeramente, y como argumento para resistir mejor la verdadera prueba de fuego del arranque del sexenio de la presidenta: la llegada a la Casa Blanca de un Donald Trump que quiere declarar a los cárteles como grupos terroristas y con ello darse la libertad de invadir la República Mexicana.

Es inaceptable cualquier intervencionismo militar de Estados Unidos. Como inaceptable resultará también que el gobierno mexicano no demuestre muy pronto que avanza en su obligación esencial de dar seguridad a sus ciudadanos. Sin eso no habrá segundo piso de nada.