Pedro Sánchez estudia su margen de cesión frente a ERC

Las posibilidades de celebrar el debate de investidura de Pedro Sánchez antes de que termine el año se alejan cada vez más, en contra de los deseos y los intereses del PSOE. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que dictamina que el líder de ERC, Oriol Junqueras, debería haber sido autorizado en junio a salir de prisión para recoger su acta de eurodiputado, ha alterado los planes. ERC siente que tiene que hacer valer su triunfo, y el Gobierno en funciones no puede salirse —ni quiere, según enfatizan fuentes del Ejecutivo— del carril del cumplimiento estricto de la ley. Sí está en su mano afrontar la petición de ERC de que tenga un gesto a través de la Abogacía del Estado, señalan las mismas fuentes. Aunque tampoco es fácil. No se trata de un “ordeno y mando”, señalan.

La orientación que pueda dar el Gobierno a ese órgano jurídico dependiente del Ministerio de Justicia —que debe pronunciarse sobre si Junqueras debe salir ahora de prisión para tomar posesión de su escaño de eurodiputado— tiene sus límites, porque son los juristas de la institución los que tienen que sostener sus pronunciamientos. El asunto no es sencillo sino de enorme complejidad, toda vez que el líder de ERC ya no está en prisión preventiva, como en junio, sino condenado a 13 años de cárcel por sentencia firme.

En el Gobierno, no obstante, y tras el congreso de ERC, se considera que las peticiones de los republicanos no son desmesuradas, aunque el énfasis puesto en que Sánchez haga una especie de rehabilitación de Junqueras a través de la Abogacía del Estado les incomoda sobremanera. No pueden dar la impresión de que ceden a la presión, pero asumen que deben mostrar cierta flexibilidad.

De un lado y de otro, las presiones son máximas. Además del peso de las convicciones y de los intereses propios, la vigilancia mutua es estrecha. Ni el Gobierno ni el PSOE, reconocen estos interlocutores, pueden dar la impresión de que ceden en asuntos de interés general y que afecten a la soberanía nacional, como denuncian de manera preventiva el PP y Ciudadanos. Tampoco está en condiciones de aparentar debilidad ERC, que se encuentra en pugna electoral soterrada con Junts per Catalunya.

Por suerte para Pedro Sánchez, las demandas más comprometidas de ERC se formulan en el campo judicial. La palabra la tiene el Tribunal Supremo, que es quien pidió opinión al TJUE y quien ahora, como este señaló expresamente, es competente para interpretar la sentencia y decidir cómo se aplica. Es decir, para determinar si Junqueras debe ser puesto en libertad o no. Eso no depende del Gobierno, pero cada petición de ERC a la justicia condiciona la negociación con el PSOE, constatan en el Ejecutivo.

Sin un acuerdo perfectamente cerrado con ERC no se irá a un debate de investidura, por lo que ya se piensa más en la semana de Reyes que en esta de Navidad. El Gobierno no tiene más remedio que continuar con el aplazamiento de sus cálculos. El siguiente es que la investidura se produzca antes de que empiecen las sesiones del Parlamento Europeo el 13 de enero. Allí piensan estar el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el ex consejero Toni Comín, ambos prófugos de la justicia y ahora reconocidos como eurodiputados. Y estarán lanzando sus mensajes de desafío al Estado en sede parlamentaria.

Mientras, las negociaciones con el resto de los partidos necesarios para la investidura continúan, ya sea su aportación de uno, dos o tres diputados. El parlamentario de Compromís, Joan Baldoví, ve factible su voto favorable, según expresó el día de Nochebuena. Con Unidas Podemos se puede dar por cerrada la negociación, aunque la promesa de secreto la mantienen a cal y canto. Ni Sánchez ni Pablo Iglesias quieren mostrar el contenido del que será el primer Gobierno de coalición desde la restauración de la democracia, por si, contra todos los pronósticos, no saliera adelante.