El exjefe del Ejército que fichó Vox acusa a Sánchez de ser un peligro “para la seguridad nacional”

El general retirado de cuatro estrellas Fulgencio Coll Bucher, jefe del Ejército de Tierra entre 2008 y 2012 y actual portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, cree que Pedro Sánchez es “un problema para la seguridad nacional” y que “los poderes del Estado”, a los que no identifica, “no deben permitir” que el presidente del Gobierno en funciones “ponga impunemente en peligro la legitimidad institucional del Estado” o negocie “una reforma del Estado de contenido y alcance desconocidos […] para quebrar el orden constitucional. Y ese es un comportamiento”, apostilla, “que ni es legítimo ni se puede consentir de un presidente del Gobierno”.

Tan graves acusaciones figuran en el artículo que, bajo el título “Pedro Sánchez, un problema para la seguridad nacional”, publicó Coll el pasado miércoles en la edición local de El Mundo de Baleares. Aunque inicialmente el escrito tuvo una difusión limitada, está circulando profusamente por grupos de WhatsApp de militares, muy sensibilizados ante el independentismo catalán y preocupados con los últimos acontecimientos, como el reconocimiento de la inmunidad de Oriol Junqueras o la acreditación como eurodiputado de Carles Puigdemont.

Coll, de 71 años, está retirado. Goza, por tanto, de plena libertad de expresión y no está sujeto a las leyes disciplinarias castrenses. Pero el hecho de que haya sido el máximo jefe militar del Ejército español hace solo siete años le presupone mayor responsabilidad y también influencia sobre sus antiguos subordinados, la mayoría aún en activo. Apela además a un asunto, la seguridad nacional, directamente vinculado a su profesión castrense y que los miembros de las Fuerzas Armadas están obligados a preservar.

En su artículo, Coll llega a cuestionar la legitimidad de la actual representación política del Congreso que debatirá la investidura de Pedro Sánchez, alegando que “un número desproporcionado de partidos con representación afecta a la legitimidad" o que "un sistema de partidos caduca cuando su reemplazo no es consensuado”, por lo que propone aplicar un porcentaje mínimo de votos a nivel nacional para entrar en el Congreso y cuestiona la legalidad de los partidos independentistas catalanes.

“España está políticamente enferma desde hace años”, diagnostica. Y sitúa el origen de la enfermedad en la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa en 2004. “Con Rodríguez Zapatero se abrió una época de políticos de segunda generación, que confunden la política con la técnica electoral, la frivolidad con algo consustancial a la acción de gobierno, la obsolescencia ideológica como base del pensamiento político y el adanismo como principio de actuación sin poseer experiencia vital”, escribe. Paradójicamente, fue el entonces presidente del Gobierno socialista quien le nombró  jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, con rango de subsecretario, un puesto de confianza política.

Pero sus mayores críticas se dirigen a Pedro Sánchez, a quien acusa de “confundir una situación de insurgencia organizada con una alteración del orden público”, en alusión a los altercados en Cataluña tras la sentencia del procés; de poner “en peligro a los miembros de la seguridad del Estado para no caer en riesgos políticos" durante aquellos tumultos; de considerar “opcional su promesa de defender la Constitución”; o de caer “en la utilización de medios y actos de Estado como propaganda electoral. Todo ello”, concluye, “puede constituir actos contra la seguridad del Estado”.

A continuación, recuerda que el artículo 102 de la Constitución permite que, a iniciativa de la cuarta parte de los diputados y por mayoría absoluta del Congreso, el presidente del Gobierno sea acusado ante la Sala Segunda del Supremo “por traición o cualquier otro delito contra la seguridad del Estado”.

Tras asegurar que el mayor problema de España es "que la conducta de una persona ponga impunemente en peligro la legitimidad institucional del Estado”, asegura que Pedro Sánchez “busca una satisfacción personal sin reparar en que el daño institucional es evidente, pues va a negociar una reforma del Estado de contenido y alcance desconocidos con una minoritaria representación para quebrar el orden constitucional. Y ese es un comportamiento que no es legítimo, ni se puede consentir, de un presidente del Gobierno”.

El exjefe del Ejército pide a “los partidos constitucionalistas, incluido el PSOE”, que no faciliten la investidura de Sánchez, pues el cambio de legislación, “para cumplir las condiciones de los sediciosos [en alusión a ERC] es más que una posibilidad”. “Los poderes del Estado”, concluye, “no deben permitir esta actuación lesiva y [deben] proceder a constatar si la conducta del candidato incurre en responsabilidad criminal. Estamos ante un problema de seguridad nacional”.

Coll no es el único exmilitar que ha fichado Vox. Entre sus 52 diputados hay cuatro militares (Agustín Rosety, exgeneral de brigada de Infantería de Marina; Alberto Asarta, exgeneral de división del Ejército de Tierra; Manuel Mestre, exteniente general del Ejército del Aire; y Carlos Hugo Fernandez-Roca, capitán en excedencia del Ejército del Aire).

Ninguno, sin embargo, llegó a general de Ejército (cuatro estrellas) y jefe del Ejército de Tierra, como Coll. Formó parte de la cúpula militar presidida por el general del Aire Julio Rodríguez (actual dirigente de Podemos), a propuesta de la entonces ministra de Defensa Carme Chacón. Como jefe de la brigada Plus Ultra, Zapatero le ordenó preparar la retirada de las tropas españolas de Irak y luego le encargó la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), antes de ascender a la jefatura del Ejército.