Los excargos del PNV condenados por corrupción evitan la cárcel hasta que la sentencia sea firme

Los principales condenados del ‘caso de Miguel’, la mayor trama de corrupción de Euskadi, no van a ingresar de manera inmediata en prisión, pese a las elevadas penas a las que han sido condenados esta misma semana por crear una red para cobrar comisiones ilegales y acceder a contratos públicos de manera ilegal. La Audiencia Provincial de Álava acaba de tomar esa decisión en una vista especial tras la petición de la Fiscalía de solicitar su ingreso inmediato en la cárcel.

El principal acusado de tejer una red para el cobro de comisiones ilegales, Alfredo De Miguel, excargo público y orgánico del PNV alavés, fue condenado a 13 años y 3 meses mientras los exdirigentes nacionalistas Koldo Ochandiano a 7 años y 6 meses, y Aitor Tellería a 6 años y meses. El empresario y exedil del PNV en Leioa (Bizkaia) Iñaki San Juan fue condenado a 5 años y 3 meses, y el exdirector de Juventud del Gobierno Vasco Javier Sánchez Robles a 7 años y 1 mes.

El tribunal presidido por Jaime Tapia va en contra del criterio del ministerio público, que reclamaba el ingreso en prisión por la gravedad de la condena. Podrán seguir en libertad hasta que el Tribunal Supremo haga definitiva su sentencia. Para el tribunal, pese a las elevadas penas impuestas no existe riesgo de fuga ni la posibilidad de que reincidan en esos delitos. Tampoco se van a tomar medidas contra los empresarios Josu Montes, condenado a 4 años y 4 meses, e Iñaki Echaburu, condenado a 2 años y 5 meses. Para ellos la Fiscalía pedía otras medidas cautelares, como la retirada del pasaporte.

Los hechos ocurrieron entre 2005 y 2009, y la resolución judicial ha llegado después de casi una década de investigación, once meses de juicio y otro año adicional para redactar la sentencia. El caso fue destapado por la empresaria Ainhoa Alberdi, que denunció ante la Ertzaintza, aportando grabaciones, el intento de extorsión de 100.000 euros, a cambio de concederle una adjudicación en el Parque Tecnológico de Álava.

En los sesenta folios de los hechos probados y del fallo, los magistrados acreditan que los condenados se unieron para lograr contratos al margen de los procedimientos de publicidad y concurrencia ante algún departamento del Gobierno vasco y que usaron su posición al frente de las instituciones y del partido para pedir comisiones a terceros cambio de contratos en el Parque Tecnológico de Álava, entre otros sitios. Varios empresarios y un intermediario reconocieron en la vista oral, tras un pacto con la Fiscalía, que pidieron comisiones a instancias de Alfredo de Miguel.