Condenas de hasta 13 años de cárcel para la mayor trama de corrupción política vinculada a cargos del PNV
La red del dirigente nacionalista alavés Alfredo de Miguel cobraba comisiones a cambio de contratos públicos
El caso De Miguel, la mayor trama de corrupción vinculada a exdirigentes del PNV, ya tiene sentencia. La Audiencia Provincial de Álava ha condenado al principal acusado, el exdiputado foral de Administración Pública y miembro del máximo órgano del PNV de ese territorio, Alfredo de Miguel, a 13 años de prisión por urdir una red que cobraba comisiones ilegales, en ocasiones con amenazas y coacciones, a cambio de la adjudicación de contratos públicos. La sala le condena por la comisión de varios delitos de cohecho, asociación ilícita, blanqueo, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental o prevaricación, y añade más de 200.000 euros de multa e inhabilitación para empleos y cargos públicos.
Urkullu pide disculpas a los vascos
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido disculpas por la sentencia del conocido como caso de Miguel, aunque ha aclarado que esas acciones reprobables son particulares y en ningún caso vinculadas al PNV.
En una comparecencia de prensa convocada para analizar este fallo, el lehendakari ha mostrado su más absoluto respeto a esta decisión judicial que, en su opinión, es "suficiente para solicitar disculpas a la sociedad por una actitud reprobable y contraria al ideario y a los valores éticos que defiende" su gobierno. Ha subrayado que los hechos probados dejan claro que los condenados "actuaron en busca de su beneficio personal y pudieron valerse de su posición para lucrarse". "Repruebo esta actitud. Tolerancia cero con la corrupción", ha advertido el lehendakari.
Urkullu era presidente del PNV cuando se produjeron los hechos y fue él el que trazó un cordón sanitario con los entonces imputados y ahora condenados para que abandonaran sus cargos de responsabilidad política pública y de los que ocupaban en el partido, además de entregar el carné del partido.
"Desde el primer momento actué con claridad, celeridad y contundencia", ha recalcado el lehendakari, quien ha explicado que tomó esas decisiones con una orientación "ejemplarizante" y "diferente" a la hora de abordar casos de posible corrupción, ya que le preocupaba que pudiesen vincularse "con un partido con una trayectoria intachable".
Los hechos se produjeron entre 2005 y 2009, y la resolución judicial se ha producido después de casi una década de investigación, 11 meses de juicio y otro año adicional para redactar la sentencia. El caso fue destapado por la empresaria Ainhoa Alberdi, que denunció ante la Ertzaintza, aportando grabaciones, el intento de extorsión de 100.000 euros, a cambio de concederle una adjudicación en el Parque Tecnológico de Álava.
La magistrada Elena Cabero ha comenzado a las diez de esta mañana a leer el fallo de una sentencia que ocupa mil páginas y de un sumario con más de 21.000 folios que recoge los testimonios de 172 testigos peritos y agentes de la policía vasca, además de la declaración de los 26 imputados. A los otros dos principales acusados de dirigir la red y también exmiembros del PNV de Álava, Koldo Ochandiano y Aitor Telleria, el tribunal les condena a seis años y nueve meses de prisión por delitos similares a los de Alfredo de Miguel. También han sido condenados el exdirector de Juventud del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles por dar contratos saltándose los procedimientos legales. Sin embargo, hay una decena de personas absueltas, entre los que figuran los cuatro empresarios catalanes extorsionados o el exviceconsejero de Cultura Gurutz Larrañaga.
En los sesenta folios de los hechos probados y del fallo, los magistrados acreditan que los condenados se unieron para lograr contratos al margen de los procedimientos de publicidad y concurrencia ante algún departamento del Gobierno vasco y que usaron su posición al frente de las instituciones y del partido a su favor para pedir comisiones a terceros cambio de contratos. Comisiones ilegales que exigían no solo a empresas que querían instalarse en el Parque Tecnológico de Álava, sino en otros municipios para hacer zonas industriales y otro tipo de obras. Varios empresarios y un intermediario reconocieron en la vista oral, tras un pacto con la Fiscalía, que pidieron comisiones a instancias de Alfredo de Miguel.
La Sección Segunda de la Audiencia de Álava ha puesto de esta manera fin a un proceso en el que la Fiscalía mantuvo que la presunta red corrupta actuaba como una “mafia”, que no dudaba en recurrir a las “coacciones” para obtener comisiones ilegales. La red estaba liderada por el exdiputado foral Alfredo de Miguel y otros antiguos cargos del PNV de Álava que habían tejido una extensa red de sociedades con familiares y amigos para cobrar comisiones. En algunos casos los mensajes intimidatorios se hacían, incluso, desde los correos electrónicos oficiales.
Los abogados de los principales acusados basaron parte de sus defensas en tratar de desacreditar la labor de investigación y recopilación de pruebas efectuada por la Ertzaintza, así como en cuestionar la veracidad de los testimonios y grabaciones efectuados por la empresaria que destapó la supuesta trama, Ainhoa Alberdi. Una estrategia que no les ha funcionado. La sentencia es unánime y la firman, además de la ponente, Raúl Aztiria y Jaime Tapia, el presidente de la sala que criticó con dureza la primera petición de penas del fiscal, Josu Izaguirre. El fallo puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.
Por su parte, Ainhoa Bilbao, la esposa de Alfredo de Miguel, que se enfrentaba a una petición de pena de cinco años de prisión por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales ha sido condenada a un año y medio de prisión como las esposas de Telleria (Araceli Bajo) y de Ochandiano (Iratxe Gaztelu) que figuraban al frente de algunas de las sociedades de la red. En el caso de Aintzane de Miguel, hermana del cabecilla de la red, ha resultado absuelta. El ministerio público pedía para ella tres años y seis meses de cárcel por falsedad en documento mercantil.
Otros de los acusados son el responsable de la red de parques tecnológicos de Euskadi Julián Sánchez Alegría, que se enfrenta a un año y nueve meses por un delito de coacciones; y el antiguo gerente del Parque Tecnológico de Álava Alfonso Arriola, para el que se solicita una pena de cinco años y nueve meses, por un delito de coacciones y otro de falsedad en documento oficial.
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