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El Supremo investigará a Laura Borràs por adjudicar contratos a dedo

El tribunal considera que hay indicios de que la portavoz de Junts per Catalunya cometió cuatro delitos

La cabeza de lista de JxCat al Congreso por Barcelona, Laura Borràs, en un acto electoral ante la cárcel de Lledoners. Susanna Sáez (EFE). En vídeo, declaraciones de Borrás en el Congreso. Atlas

El Tribunal Supremo investigará a la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, por adjudicar a dedo varios contratos cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2017. La Sala de lo Penal ha abierto este martes una causa a Borràs porque cree que existen indicios de que cometió cuatro delitos: prevaricación, malversación, fraude a la Administración y falsedad. El instructor del caso será el magistrado Eduardo de Porres. El alto tribunal, que advierte en un auto  que la valoración penal de los hechos es "muy provisional", asume también la investigación sobre el beneficiario de los contratos, el informático Isaías Herrero al considerar que los hechos que se le atribuyen a uno y otro no se pueden escindir.

La decisión del Supremo hace suya la tesis de la Fiscalía, que pidió al tribunal que investigara a Borràs. Según el ministerio público hay indicios de que, durante la etapa en la que la hoy diputada estaba al frente de la ILC, un organismo público dependiente de la Generalitat, hubo un fraccionamiento ilegal de los contratos de programación informática aprobados y asignados por esta institución a favor del Isaías Herrero, que había colaborado anteriormente con Borràs en un máster que impartía en la Universidad de Barcelona (UB). La diputada aprobó presuntamente contratos por importes inferiores a 18.000 euros para poder adjudicarlos de forma directa y sin necesidad de un concurso público. La investigación cifra en casi 260.000 euros la cantidad defraudada por la ahora diputada.

A partir de ahora, lo previsible es que el Supremo cite a declarar a Borràs como investigada, tal y como ya ha pedido la Fiscalía. Al estar aforada, el tribunal no puede actuar contra ella sin pedir permiso al Congreso (el llamado suplicatorio), pero lo habitual es que se le dé la oportunidad de comparecer voluntariamente sin tener que formalizar ese trámite y los implicados suelen preferirlo. El tribunal tendrá también que citar a Herrero como investigado y puede llamar a testigos si lo piden las acusaciones o las defensas. Con esas declaraciones y la documentación que reúna la causa, el instructor decidirá ya si los indicios son suficientes para inculpar formalmente a Borràs. Si es así, el suplicatorio ya será preceptivo.

Este martes se ha conocido, además, que la Audiencia de Barcelona ha condenado a Herrero a cinco años de cárcel por tráfico de drogas y falsificación de moneda. En una sentencia, adelantada por El Periódico, la sección tercera de la Audiencia de Barcelona ratifica el acuerdo de conformidad alcanzado por Herrero y la Fiscalía, por el que el acusado acepta una condena de tres años de cárcel por un delito contra la salud pública, con la atenuante de drogadicción, y otra de dos años por falsificación de moneda.

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