A golpes en el juzgado

Los juzgados deberían ser sedes de la Administración especialmente seguras, pero no siempre lo son. La magistrada de Alzira (Valencia) Elisa Guasp ha denunciado que a pocos metros de su despacho se producen frecuentes peleas, que en ocasiones desembocan en agresiones muy violentas. Y no se trata, según coinciden diversas fuentes, de un caso aislado, sino de un problema que se repite regularmente por la falta de personal de seguridad, sobre todo en sedes judiciales antiguas donde las partes enfrentadas en un proceso se ven obligadas a compartir la zona de espera.

El pasado 16 de octubre, Guasp —titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alzira— estaba celebrando una vista cuando oyó gritos procedentes de un estrecho pasillo circular donde las supuestas víctimas, sus presuntos agresores y las familias respectivas aguardaban el inicio de las sesiones. “Salí de la sala y fui a buscar al guardia civil, pero no lo encontré. Y cuando llegué al lugar vi a unas 50 personas enfrentándose delante del juzgado de familia y violencia contra la mujer. Una vigilante trataba de separarlas sin conseguirlo y yo, vestida con la toga, me puse a dar órdenes para que evacuaran la planta. Pero, mientras empezaban a bajar, cogieron a un hombre y lo tiraron escaleras abajo”, describe. “Es duro ver a alguien llorando porque lo han tirado por las escaleras en una sede judicial”. Hay más casos. Meses antes, en otra trifulca, la magistrada vio “cómo golpeaban a un señor y su cabeza rebotaba contra una columna”. El traumatismo fue tan fuerte que tuvieron que llevárselo en ambulancia.

Una portavoz de la Generalitat valenciana admite que en Alzira hay un problema porque los juzgados son muy pequeños y es difícil “mantener separadas a las partes”, y explica que ya existe un proyecto para construir un nuevo edificio. Pero el caso de Alzira no es excepcional. Los juzgados de Lugo también registran frecuentes problemas de orden público, asegura una funcionaria que pide no ser identificada. “La sensación que tenemos todas es que estamos vendidas. Cualquier día nos pegan. Como mínimo: de ahí para arriba. Hay un policía o dos en la puerta para un edificio que tiene cuatro plantas y 16 juzgados. Y delante de las salas a veces se monta la de Dios. Se pelean, se tiran de los pelos, hemos tenido desmayos…” ¿Y los policías? “Si únicamente oyen follón, no suben, porque se queda la puerta sola. Solo vienen si les llamas. Y entre que avisas y llegan pasa una eternidad”. La Xunta también admite que en Lugo existe un problema, pero una portavoz lo atribuye a que el Ministerio del Interior “no ofrece los efectivos que se necesitan”.

Las sedes judiciales están protegidas en casi toda España por policías y guardias civiles en situación de reserva, la etapa previa a la jubilación, destinados allí a través de convenios que los Gobiernos autónomos, competentes en la materia, firman con el Ministerio del Interior. Como su número resulta insuficiente, las comunidades contratan vigilantes, pero en muchos casos ni aun así alcanza, dice Xosé Barreiro, dirigente del área de justicia del sindicato gallego CIG. “Las sedes grandes y más modernas suelen tener varios arcos de seguridad y destacamentos policiales fijos, pero en otras la vigilancia es mucho menor”, afirma José María Páez, juez decano de Málaga. “Los nuevos juzgados se construyen con accesos diferenciados para el público, profesionales, víctimas y quienes vienen conducidos por las fuerzas de seguridad. Algo que no pasa en los antiguos. En Cataluña se producen peleas y agresiones de forma esporádica, pero cuando ocurren distorsionan muchísimo el funcionamiento normal de los juzgados porque ponen de relieve que la seguridad que tenemos dentro de los edificios es débil”, añade Mercé Cano, juez decana de Barcelona.

Juicios por lesiones y divorcios

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no tiene un registro de los altercados. Pero las fuentes consultadas aseguran que los juicios por violencia de género y los de lesiones, así como los procesos de divorcio entre matrimonios que tienen hijos, concentran buena parte de las trifulcas.

Concha Rodríguez, presidenta de la asociación profesional Foro Judicial Independiente y magistrada de Menores en Madrid, cree que en esa sensación de falta de seguridad influye también que cada vez haya más sedes judiciales protegidas únicamente por seguridad privada. “Por bien formados que estén”, lamenta Rodríguez, “no imponen la misma autoridad que un policía o un guardia civil”.