Jueces y funcionarios denuncian el mal estado de juzgados de toda España

El efecto de siete años de crisis económica, combinado con el desinterés de los políticos de distinto signo por las inversiones en Justicia —de escasa rentabilidad electoral—, han llevado a muchos juzgados de toda España a presentar un aspecto lamentable. Cuartos de baño convertidos en archivos permanentes de sumarios y elementos de prueba, ventanas tapiadas con cartones, cables por los suelos, estanterías vencidas por el peso de los sumarios, desprendimientos de techos, goteras en sótanos y otros desperfectos constituyen el ámbito de trabajo de numerosos jueces y funcionarios.

Estas deficiencias, que afectan a la seguridad y a la salud laboral de quienes trabajan en estos edificios, y también al resto de usuarios de la administración de justicia, no son exclusivas de sedes pequeñas o alejadas de los grandes núcleos. El pasado abril, un incendio afectó a la azotea de los juzgados de lo Social de Madrid, en pleno centro de la capital, y en octubre el fuego arrasó los archivos del Instituto de Medicina Legal y de tres juzgados de Palma de Mallorca, un edificio de apenas dos años de antigüedad.

Algunas situaciones especialmente graves han requerido la intervención de la Inspección de Trabajo. Este organismo clausuró en 2011 los juzgados y el Registro Civil de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) tras la aparición de un socavón en el vestíbulo del inmueble. Y el pasado marzo detectó en la sede judicial de San Fernando (Cádiz) cables por el suelo en contacto con papeles y ausencia de vías de evacuación en caso de incendio. En Guadalajara capital, esta semana los funcionarios han realizado protestas por la baja calidad del aire y las radiaciones electromagnéticas de unos transformadores que alberga el edificio de la plaza Beladíez. También órganos de gran relevancia como la Audiencia Nacional, que a mediados de 2015 estrenará la reforma de su sede, sufre notables deficiencias.

El Foro Judicial Independiente (FJI), la asociación de magistrados más joven, ha emprendido una campaña en redes sociales para denunciar el estado de los juzgados. La asociación envió un dossier fotográfico —algunas de cuyas imágenes ilustran esta página— al Grupo Parlamentario de UPyD. El pasado miércoles, el diputado Carlos Martínez Gorriarán preguntó al ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre esta falta de medios materiales. Catalá se escudó en que el 80% de las sedes judiciales no dependen de su departamento, sino de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de justicia. “En los presupuestos para el año 2015 (...) hay un incremento muy relevante en el presupuesto de inversiones para mejorar los edificios y para incorporar las nuevas tecnologías en la oficina judicial, que es otra de las cosas que tenemos pendientes”, aseguró el ministro, después de que Gorriarán le acusara de preocuparse únicamente de la justicia para “recaudar” (por las tasas judiciales) o para “controlarla” e “impedir que entre a fondo en los escándalos de corrupción”.

Alejandro Vega, miembro de la directiva del FJI, asegura que las deficiencias materiales en los juzgados es un “problema generalizado”. De hecho, la mayoría de quejas provienen de Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana, que, junto con Cataluña, son las comunidades que, por población, cuentan con más sedes judiciales en su territorio.

La asociación participa activamente en la Comisión de Seguridad y Salud del Consejo General del Poder Judicial, que, entre otros cometidos, vigila por el buen estado de las instalaciones en las que ejercen su función los magistrados. No obstante, el FJI se plantea abandonar la vía interna institucional e interponer denuncias ante la Inspección de Trabajo.

“La opinión pública, por las investigaciones de corrupción y por sentencias que afectan a consumidores, por ejemplo, empieza ahora a ser consciente de la necesidad de tener una justicia independiente, eficiente y de calidad. Y el mal estado de las instalaciones afecta al ejercicio de eficaz de la justicia. Los ciudadanos veían evidente hasta ahora la necesidad de un buen sistema sanitario o educativo, pero tener una justicia de calidad no entraba en sus preocupaciones. Cuando la opinión pública dé a la justicia independiente la importancia que tiene, hará que los poderes públicos reaccionen”, afirma Vega.