Los abogados exigen a Justicia que pague todas las defensas de oficio

La batalla por los abonos de las minutas a los abogados de oficio alcanza una nueva dimensión. El Ministerio de Justicia comunicó el pasado 21 de octubre al Consejo General de la Abogacía que deja de asumir el pago de los letrados designados judicialmente para representar a personas que no tienen reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, como sí venía haciendo anteriormente pese a que la ley no lo permitía en algunos casos. Esta medida ha provocado la reacción del Consejo, que emitió el pasado miércoles un comunicado donde exigía al Gobierno la "inmediata apertura de una negociación para que asuma todos los pagos y no solo la justicia gratuita".

El departamento encabezado por Dolores Delgado ha adoptado dicha iniciativa después de que sendos informes de la Abogacía del Estado y de la Intervención alertasen de que estos abonos podían carecer de amparo legal, ya que la normativa no permite costear a los abogados designados por orden de los jueces para defender a empresas y a quienes no tiene reconocido este derecho. De hecho, tal y como avanzó EL PAÍS el pasado noviembre, ambos órganos avisaron al Ministerio de posibles irregularidades en los pagos de las defensas de varias sociedades limitadas y acusados procesados en el juicio central de Gürtel —la llamada Época 1—, a los que no se les había reconocido la justicia gratuita.

"El Ministerio justifica su posición en que podría estar cometiendo una ilegalidad, ignorando que buena parte de las comunidades con competencias en la materia asumen el pago completo del turno de oficio y que el propio Ministerio lleva años haciéndolo", afirma el Consejo, que añade que el Gobierno se "desentiende" así de "esta parte del funcionamiento de los tribunales y deja en manos de los colegios y de los propios abogados sufragar el coste de defensa de quienes no cumplan con los requisitos para recibir los beneficios de la Justicia Gratuita".

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El ministerio insiste, por su parte, en que tiene la voluntad política de seguir pagando cada mes a los letrados que prestan ese derecho constitucional, pero siempre dentro de la legalidad. Por ello, en el escrito enviado al Consejo el 21 de octubre le solicitaba que, a partir de ahora, cada vez que reclame el pago de un turno de oficio aporte todas las certificaciones que acrediten la concesión de dicho derecho.

El Consejo subraya que la ley prevé que todos los acusados en un proceso penal deben tener un abogado de oficio —incluidas las personas jurídicas, si así lo decreta un juez— y, por ello, considera que Justicia debe asumir ese coste. Hasta ahora, según el Consejo, lo normal es que los colegios abonen las minutas a los abogados de oficio tras la transferencia de Justicia y, si el letrado consigue después que el cliente le pague, las devuelve. Fuentes de Justicia niegan que ese mecanismo sea correcto.