El despido de un abogado de Podemos abre una polémica en el partido

El despido de un abogado que trabajaba para Podemos ha estallado en el partido en su momento más dulce, cuando está a punto de culminar la negociación con el PSOE para formar un Gobierno de coalición. El cese de José Manuel Calvente, responsable del área legal del partido durante años, se produjo este lunes después de que se le abriera una investigación por un caso de un supuesto acoso sexual y laboral reiterado contra una subordinada, informaron fuentes de Podemos. Calvente, que niega las acusaciones, aseguró a EL PAÍS que su despido es una represalia por estar investigando numerosas irregularidades internas del partido: "Creo que toqué cosas que no debía".

El caso ha caído como una bomba en el peor momento y se ha convertido en un cruce de acusaciones que van del acoso sexual a la corrupción. El origen de la polémica está en la carta que otra abogada del departamento de legal de Podemos, Mónica Carmona, mano derecha de Calvente, envió supuestamente de forma confidencial a los miembros del Comité Ciudadano del partido. En ella alertaba de su próximo despido -que aún no se ha producido- por estar investigando “irregularidades financieras, en materia laboral y de limpieza en la realización de las consultas y primarias del partido”.

Calvente asegura que tanto él como Carmona tenían "sospechas de cobros bajo mano" de algunos miembros de la formación, así como de sobresueldos de unos 1.000 euros en complementos no justificados. El código ético de Podemos exige una “limitación salarial” que se establece “con carácter general para cada nivel de representación”. Los cargos asumen, además, “la obligación de rendir cuentas públicamente” y “la consiguiente aceptación del compromiso de total transparencia en lo relativo a sus ingresos (por cualquier concepto) y a la gestión de su patrimonio, tanto a lo largo del ejercicio de su actividad como al final de ella”. No obstante, los últimos datos que recoge el portal de transparencia del partido sobre financiación, sueldos y personal corresponden al año 2017.

"Estoy convencido de que Iglesias y Montero son ajenos a todo esto, creo que más bien es una torpeza injustificable de los de abajo", aseguró el miércoles el letrado. El hasta esta semana responsable de Protección de Datos de Podemos, que exonera a los dos líderes, apunta directamente al secretario de organización, Alberto Rodríguez, al responsable económico, Daniel de Frutos, y a la gerente, Esther Val.

El abogado fue despedido mediante un burofax de 19 páginas al que ha tenido acceso EL PAÍS. En él se recogen numerosos mensajes que Calvente envió a su compañera de departamento a través de redes sociales desde el año 2017. La investigación interna llevada a cabo después de que la víctima alertara a sus superiores de la situación, considera probado que existió un presunto acoso laboral por razón de género contra la trabajadora, que será quien decida si emprende acciones legales. "Estas situaciones son inadmisibles y defendemos nuestra lucha contra las violencias machistas. No se va a permitir ningún tipo de acoso por razón de género en Podemos. Somos consecuentes con ello", dijo este jueves la responsable de Feminismos del partido, Sofía Castañón.

El abogado alega que él, como letrado del partido, estaba protegido por ley y que solo podría ser cesado si se probaba una negligencia. "La única forma de quitarse a Calvente del medio es despedirlo de mala manera", dijo por teléfono tras negar cualquier situación de acoso.

Las denuncias del ya extrabajador de la formación abarcan, además del financiero, a otros ámbitos del partido, que van desde el intento de manipular las consultas internas de Podemos hasta un uso ilegal de los datos. Calvente señala a un posible robo de información confidencial del partido para entregarla a Más País. Supuestamente alguien con acceso interno a la base de datos robó información sobre personas que habrían colaborado alguna vez con Podemos a través de microcréditos para hacérsela llegar al partido liderado por Íñigo Errejón. Los abogados apuntan a un intento de ocultación del secretario de organización una vez supo del robo.

Desde Podemos no entran a valorar ni responden a ninguna de las acusaciones vertidas por los abogados, sobre las que aseguran que no tienen ningún fundamento. El partido está valorando la posibilidad de emprender acciones legales contra el extrabajador.