La Fiscalía pide imputar a Chaves y Zarrías por un préstamo de la Junta a una empresa en 1999

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido investigar al expresidente andaluz Manuel Chaves y al exvicepresidente Gaspar Zarrías por prevaricación y malversación a raíz de un préstamo de 5,8 millones concedido por la Junta de Andalucía a la empresa cárnica Campocarne en 1999, un año antes del periodo que abarca la reciente sentencia de la pieza política del caso de los ERE (2000-2009), en la que ambos políticos fueron condenados a nueve años de inhabilitación por prevaricación. En esta pieza independiente, surgida de la macrocausa pero que aún no ha sido abierta por el juzgado, Anticorrupción ha pedido la imputación de cinco empresarios y 10 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los tres exconsejeros Antonio Fernández, José Antonio Viera y Francisco Vallejo.

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La solicitud de la fiscalía llega en plena resaca de la dura sentencia de la pieza política de los ERE, que condenó a 19 ex altos cargos de la Junta andaluza y censuró su política de empleo durante 23 años de Gobiernos de Chaves y su sucesor, José Antonio Griñán.

Ahora Anticorrupción ha enviado un informe al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla que explica cómo la Junta concedió un crédito por 5,8 millones para financiar Primayor (entonces denominada Campocarne). El fiscal estima que la supuesta malversación por el "préstamo puente", concedido el 2 de diciembre de 1999, hace justo 20 años, no estaría prescrita porque el crédito "se consuma" cuando deja de ser considerado un activo y pasa a ser una pérdida, y desconoce cuándo ocurrió, ya que el periodo de carencia iba de 2002 a 2008. El delito de malversación caduca a los 15 años. En paralelo, en 2002 la Comisión Europea declaró ilegales las ayudas concedidas a la empresa en forma de condonación de deuda, según ha avanzado este lunes Diario de Sevilla.

"Bajo el paraguas formal de un préstamo se decidió realmente disponer arbitrariamente de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno ni control para beneficiar directamente a la empresa Campocarne, lo que podría de manera inicial calificarse como delito de prevaricación en concurso medial con malversación", concluyen los fiscales.

La ayuda a esta firma cárnica fue ratificada por el Consejo de Gobierno el 9 de noviembre de 1999 y “directamente relacionado con este anticipo en forma de préstamo puente” figura el acuerdo de "compromiso" firmado el 2 de diciembre por Zarrías y el presidente de Hamsa, Miguel Ángel Ortega. Anticorrupción considera que del total de 5,8 millones, 3,7 millones no fueron devueltos por la empresa a la Junta y forman la supuesta malversación de fondos públicos denunciada ante el juzgado.

El fiscal puntualiza que ha examinado las actas del consejo rector de Idea y no ha visto ninguna mención a la condonación del préstamo. La empresa solicitó en varias ocasiones al ex director general de Trabajo Javier Guerrero la condonación del préstamo, pero no obtuvo respuesta desde la Consejería de Empleo. “El préstamo nunca tuvo voluntad de ser cobrado y en todo caso al menos en febrero de 2005 no había sido amortizado, desconociéndose la situación actual”, señala el escrito.

Anticorrupción le pide al juez que reclame a la agencia Idea el expediente completo del préstamo puente; a la Consejería de Presidencia la copia íntegra del expediente relacionado con el préstamo, así como la copia del compromiso firmado entre Zarrías y Campocarne; a la Consejería de Empleo el expediente completo de las ayudas dadas a Campocarne y a la Intervención General de la Junta toda la documentación relativa a la empresa.

Fuentes de la Junta, gobernada en coalición por PP y Ciudadanos, informan de que el convenio firmado, que el anterior Gobierno de Susana Díaz manifestó no tener constancia de su existencia, fue localizado por el nuevo presidente de la Agencia Idea a principios de año. Otra copia del convenio debería estar en las actas del Consejo de Gobierno después de la ratificación por el mismo, pero estas solo recogen que fue firmado, sin copia del documento. Este martes la Junta pondrá en manos de sus servicios jurídicos la supuesta sustracción del convenio en las actas de Gobierno, para que decidan si debe ser denunciado ante la justicia, informa Eva Sáiz.