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Los documentos de la obra ilegal de Espinosa de los Monteros

Consulte aquí la sentencia y las resoluciones clave del décimo caso de irregularidades del portavoz de Vox y su mujer, Rocío Monasterio

Imagen del expediente a Iván Espinosa de los MOnteros
Imagen del expediente a Iván Espinosa de los MOnteros

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, no ha querido dar explicaciones hoy sobre la noticia publicada por EL PAÍS, el décimo caso de irregularidades urbanísticas que le salpica junto a su esposa, Rocío Monasterio, y ha tachado la información de “invenciones”. Este periódico ha publicado que Espinosa fue sancionado en firme en 2010 por hacer una obra ilegal en su casa, un proyecto de Rocío Monasterio que llevó a cabo sin licencia y burlando una orden de paralización. La justicia confirmó ese año una multa de 17.784 euros y la orden de demolición que le había impuesto el Ayuntamiento de Madrid. Pero Espinosa no solo no derribó lo construido, sino que vendió la casa con la demolición pendiente, sin decírselo a su comprador, que pagó por ella 1,1 millones de euros. El nuevo propietario era uno de los productores de Ocho apellidos vascos, David Naranjo, que siete años después descubrió lo ocurrido, según afirmó él mismo en su recurso al Ayuntamiento, y ahora debe afrontar el gasto, valorado en 22.000 euros.

Espinosa, que no ha desmentido con datos ninguna de las informaciones de los últimos dos meses, ha tuiteado en la mañana de hoy una supuesta conversación privada de WhatsApp con el productor en la que de nuevo tacha de “falsedades” lo publicado. EL PAÍS, que consultó a ambos antes de publicar el artículo -Naranjo prefirió no hacer declaraciones y Espinosa no respondió- publica a continuación algunos de los documentos claves del caso en los que sustenta su información. Se trata del primer informe de inspección municipal que descubrió la obra ilegal en 2005; las sucesivas órdenes municipales de paralización y demolición, que Espinosa ignoró; la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 21 de Madrid, que confirma la sanción por la obra ilegal; y el recurso del comprador al Ayuntamiento en el que asegura que adquirió la casa en 2008 sin saber nada de que tenía una demolición pendiente.

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